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La compulsión del kirchnerismo por someter a la justicia, aun cuando tenga resultados muy mediocres, revela que aquella condescendencia se inspira en una afinidad.

Las artimañas judiciales y parlamentarias del oficialismo para evitar que el Consejo de la Magistratura, con su influencia sobre los tribunales, se le escapen de las manos, pueden tener derivaciones en otros escenarios.

Uno es el electoral.

Las víctimas principales de la jugada montada en el Senado son Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

El gobernador de Córdoba y su delfín para dentro de dos años deben maldecir la proyección que le puede dar a Juez que lo conviertan en víctima de una manipulación.

Juez es el candidato más competitivo para ganar esa provincia.

Schiaretti y Llaryora tal vez recuerden los innumerables beneficios que obtuvo otro coterráneo, Fernando de la Rúa, a partir de que, en 1989, el PJ decidió quitarle una banca porteña en el Senado, en una componenda con la Ucedé de los Alsogaray.

La embestida de la vicepresidenta contra la Corte tiene otra dimensión riesgosa que ella, quizás, celebre: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

No hay que descartar que ese entendimiento, y el programa económico que se le subordina, lleguen a la Corte por más de una vía.

La más inmediata es la de las impugnaciones a medidas del Gobierno.

Por ejemplo, aumentos de tarifas.

Durante la gestión de Mauricio Macri, la Corte limitó esos ajustes.

El voto más preciso fue el de Rosatti, quien sugirió que el precio de los servicios públicos no podía subir más que la capacidad adquisitiva del salario.

Hoy muchas voces kirchneristas reprochan a Fernández la caída en los ingresos.

No debería sorprender que esa preocupación motive presentaciones judiciales.

El máximo tribunal también podría recibir expedientes con reclamos de información sobre lo que negoció Martín Guzmán en Washington.

Sin ir más lejos, ya existe uno por el acuerdo de 2018: el caso “Codiani”.

Igual que ya está a consideración de la Corte una causa para que se declare la nulidad de aquel entendimiento del macrismo, que podría ser el antecedente para una presentación similar para lo que acordó el actual gobierno.

El paisaje general que presenta esta crisis alrededor del Consejo de la Magistratura tiene peculiaridades conocidas. La más notoria es una inquietante mala praxis jurídica.

El kirchnerismo, en ese plano, sale carísimo.

Es posible que vuelva a demostrarse en poco tiempo, cuando la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, falle en el caso del fondo Burford contra el Estado e YPF.

Burford compró un reclamo originario de los Eskenazi, de quienes se sospecha que quedaron asociados en esa aventura judicial y financiera.

Pretende cobrar 14.000 millones de dólares.

La causa dio lugar a un procedimiento de “Discovery”, que supone la exhibición de toda la documentación ligada al conflicto.

Así se conocieron unos correos electrónicos del entonces secretario de Energía de Cristina Kirchner, Daniel Cameron, dirigidos al ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

En esos mensajes, Cameron explicó a Baratta que para adquirir la mayoría de YPF el camino más correcto sería respetar los estatutos de la empresa y realizar una oferta pública.

Pero sería el camino más caro: supondría pagar 14.500 millones de dólares.

Por eso, el consejo del secretario fue avanzar hacia una expropiación, a sabiendas de que se expondrían a reclamos judiciales.

Burford, siguiendo a los Eskenazi, pretende una indemnización por ese apartamiento de los estatutos de YPF.

El peligrosísimo error de ignorarlos, y ni siquiera justificar esa decisión en los considerando de la expropiación, correspondió, en última instancia, a Carlos Zannini, por entonces secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner.

Hoy Zannini es el procurador del Tesoro, es decir, el encargado de defender a la República de su propio desaguisado.

Se trata de un amigo de los Eskenazi, sus indirectos beneficiarios, quienes acaban de comprar por más de 130 millones de dólares el edificio República, de Bouchard y Tucumán.

Zannini es el cerebro jurídico de la misma persona que todavía no sabe salir de la trampa en que ella misma se metió en su pelea con la Corte por el control de la Justicia.