La justicia en un embudo

Los casos de corrupción prescriben por la excesiva duración del proceso; sobre todo, desde la indagatoria hasta el juicio

Delito
La denuncia puede presentarse apenas cometido el hecho o después. Es importante que se inicie la investigación antes del plazo establecido para la pena máxima del delito. De lo contrario, el hecho puede estar prescripto.

Denuncia
Se trata de la presentación que puede realizar un particular, otro funcionario o un fiscal, en la que se pone en conocimiento de la Justicia un delito. El juez que intervendrá se define por sorteo. Lo primero que ocurre es que envía la denuncia al fiscal, que funciona como el acusador en representación de la sociedad. Si evalúa que hay elementos como para iniciar una investigación, impulsa el caso y se inicia el proceso.

Investigación
1 Recolección de pruebas: el juez por sugerencia del fiscal o decisión propia toma testimoniales, allana y busca pruebas del delito denunciado.
2 Indagatorias: si identifica a los sospechosos del delito, los indaga, es decir que les pregunta para que se defiendan. Puede detenerlos.
3 Procesamientos: el juez decide que tiene sospechas firmes sobre el acusado y enumera la base de ellas en su procesamiento.

La Cámara revisa los actos más importantes

Elevación a juicio
El caso es elevado a juicio.
Interviene un tribunal oral de tres jueces que antes de hacer el juicio revisa si el caso prescribió.
Muchas veces, el Estado pierde posibilidad de llegar a una condena por las demoras de la investigación.


Casi nunca


De 207 denuncias de corrupción en 2009, 11 fueron a juicio y hubo sólo una condena. Algunos casos fueron desestimados y otros están en proceso.

Diccionario
COHECHO: se denomina así al delito que consiste en que un funcionario, u otro en su nombre, recibe sobornos para hacer, dejar de hacer, o retardar algo relativo a sus funciones.
Esta penado con uno a seis años de prisión.
Lo mismo el particular que ofrece el soborno. Si un funcionario pide la coima, se lo castiga con hasta cuatro años de cárcel.

DÁDIVAS: por la sola recepción de regalos en función del cargo se castiga al funcionario con hasta dos años de prisión.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: castiga con penas de dos a seis años de cárcel al funcionario que no pueda justificar un enriquecimiento apreciable de su patrimonio durante el ejercicio de su cargo y hasta dos años después.
Se castiga tanto al funcionario como a personas que haya puesto como testaferros. También se le puede imponer una multa igual al 50% del enriquecimiento.

MALVERSACIÓN: castiga al funcionario que robe bienes a su cuidado con penas de hasta diez años.
Si los usa para lo que no está previsto, se castiga con hasta tres años de cárcel.

FRAUDE: se pena con hasta seis años de cárcel al que cometa un fraude contra la administración pública.
Cambios propuestos

REFORMA INTEGRAL: es una iniciativa del diputado Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica. Pretende elevar a ocho años la pena al funcionario por pedir coimas o para el tráfico de influencias.
La misma pena se aplicaría a quien paga los sobornos.
Eleva a diez años el castigo para quien desvíe fondos públicos de su destino o los sustraiga.
Eleva de seis a ocho años el castigo por el enriquecimiento ilícito.
Prevé también elevar las penas para los delitos de fraude a la administración pública, cohecho y exacciones ilegales a 15 años cuando los funcionarios lucren con planes sociales o subsidios.

FISCALES ESPECIALES: el radical Ricardo Gil Lavedra presentó una iniciativa para crear fiscalías generales anticorrupción en un afán de profundizar la causas y que no prescriban.

COHECHO TRANS NACIONAL: el Poder Ejecutivo propuso una ley para juzgar a argentinos que paguen sobornos en el exterior a funcionarios extranjeros.
También propuso castigar con penas de hasta seis años de prisión al que ofrezca coimas a un funcionario extranjero o de un organismo público de otro país