Más ataques al campo

Editorial II
LA NACION

Los conflictos creados a un ente promotor de carnes revelan una persistente campaña oficial en detrimento del agro

Otra área de conflicto del Gobierno con el agro se desarrolla en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), entidad creada por ley en 2001 y destinada a mejorar el posicionamiento de la carne bovina preferentemente en el mundo, pero también en el mercado nacional.

Luego de estudiar los sistemas de promoción de carnes por parte de países productores como los Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña y otros, se estimó conveniente disponer de una organización semejante en nuestro país.
Está conformada por las entidades representativas de la producción, que aportan el 0,20 por ciento del valor de venta del ganado, y por la industria, que aporta el 0,09, diferencia que se explica por la proporción del valor de cada eslabón de la cadena del sector, hecho que también se expresa en la integración de la conducción de la entidad, con predominio de la producción.

El Estado, por su parte, está representado por la cartera de Agricultura.
A poco del inicio de su organización y actividades, a mediados de la década, el Instituto, que se entendía debía orientar gran parte de su actividad a la promoción externa (exposiciones, ferias y concursos), debió frenar sus impulsos con motivo de las múltiples restricciones a las exportaciones impuestas por la administración bajo la impronta del secretario Moreno.

En estos días se han puesto de manifiesto hechos reveladores de la difícil relación entre el oficialismo y la conducción privada del Instituto.
Por un lado, el Ministerio de Agricultura pretende anular la asamblea de la institución por entender que la elección del vicepresidente Miguel Schiariti está viciada de nulidad, por cuanto éste era presidente de dos de las tres cámaras que votaron su postulación.
Sin perjuicio de esto, la asamblea continuó, eligiendo presidente al representante de Coninagro, una de las entidades de cúpula, y al vicepresidente Schiariti, hecho que, de no arribarse a un acuerdo, podría terminar en los estrados de la Justicia.

En otro orden, y como demostración de las irregulares relaciones entre el Instituto y el Gobierno, los fondos destinados al funcionamiento de la entidad promotora, recaudados por el Senasa, están siendo arbitrariamente remitidos con cuentagotas desde principios de año, acumulando en cuatro meses un monto de unos seis millones de pesos, indispensables para las funciones del organismo.

Según las manifestaciones oficiales, los hechos referidos pretenden no tener relación alguna, aunque en verdad la tienen.
Poseen su raíz en la manifiesta molestia que representan las críticas de Schiariti a la política ganadera e industrial encarnada por el gobierno nacional.
Una vez más, la administración nacional demuestra su intolerancia ante las críticas que provienen del campo y sus extensiones industriales y servicios.

Se requiere entonces abandonar este tipo de maniobras viciosas, procediendo a cumplir en cada una de las esferas mencionadas con lo que mandan las disposiciones en vigor.