Komplicación Ladri progresista

Pese a Alak, la Argentina es un país complicado para el GAFI
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Y lo peor todavía no llegó: 
Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo/Sueños Compartidos puede ser un caso federal en USA de financiación del terrorismo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24)

Por ahora, solamente es una sospecha de parte de algunos investigadores: la vinculación de la organización de Sergio Schoklender, vía Sueños Compartidos/Fundación Universidad Madres de Plaza de Mayo con posibles operaciones financieras irregulares en USA.

Esa situación puede provocar una novedad externa no muy diferente de lo que en su momento fue el caso de Alejandro Guido Antonini Wilson en USA, a comienzos de 2008.

El tema del financiamiento del terrorismo es una cuestión muy delicada en la legislación sobre lavado de dinero que la Argentina tiene, tardíamente, a medio redactar y aún menos implementar.

La operación de prensa de la agencia estatal de noticias Telam fue un bochorno periodístico, intentando negar que la Argentina enfrentaba una situación muy difícil pese a las negociaciones realizadas durante la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, que depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La versión correcta sobre lo que ha sucedido es la que difundió Hugo Alconada Mon en el diario La Nación:

"Tras cinco días de debates y negociaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó anoche a la Argentina en su "lista gris" y emitió un "comunicado público" en el que destacó los avances observados en la lucha local contra el lavado , pero reclamó que resuelva "sin demoras" las deficiencias "estratégicas" que observa en el sistema, incluso antes de las elecciones presidenciales de octubre.

Firmado por su presidente, Luis Urrutia Corral, el comunicado del principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado de activos implica, en la práctica, la difusión de una alerta sobre el panorama local y un emplazamiento para que impulse las reformas reclamadas desde hace años, que siguen pendientes.

Desde México, donde lideró la delegación oficial en el plenario del GAFI, el ministro de Justicia, Julio Alak, reconoció que el foro "efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema" y que el país quedó "bajo seguimiento intensivo". Pero destacó que el GAFI reconoció el "compromiso político" y los "grandes avances normativos alcanzados" con la nueva ley antilavado.

Alak destacó, además, que la Argentina evitó sufrir una sanción, lo que se hubiera plasmado en la suspensión de su membresía como miembro pleno del GAFI o en su expulsión, lo que se barajó en las conversaciones informales del foro, pero carece de precedentes.

El ministro también afirmó que a pesar de la posición en la que quedó el país, "las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales", aun cuando podrían repetirse alertas como los emitidos sobre la Argentina por las autoridades financieras de Alemania y el Reino Unido tras el plenario de octubre pasado.

Lejos, sin embargo, de quedar en la misma categoría que Corea del Norte e Irán -en lo que es conocido como la "lista negra" del GAFI-, la Argentina quedó nivelada con otros países en los que se observan "deficiencias estratégicas", en la llamada "lista gris" j unto con Grecia, Turquía, Venezuela y Sudán, entre otros.

El propio Urrutia Corral confirmó que la Argentina quedó fuera de la "lista negra" o de país que implican un riesgo para el sistema financiero internacional, pero que el país quedó bajó revisión.
"Hubo un reconocimiento al Gobierno por obtener la aprobación de la ley en tiempo récord, pero al final de cuentas como órgano técnico que somos, nos enfocamos en cierta terminología a respetar, consistente a como lo dictan las convenciones internacionales".

La delegación argentina que también integraron el embajador Eugenio Curia, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, celebró además el respaldo que recibió el jueves del bloque regional, el Gafisud, donde Alak destacó que sí se analizó en profundidad la nueva ley antilavado y "dio por cumplidas 5 de las 6 recomendaciones relevantes auditadas".

Pero el contraste entre los ámbitos regional y global quedó plasmado durante el plenario del GAFI de ayer. Allí, sólo Paraguay, Bolivia y Ecuador apoyaron de manera explícita la posición argentina. Por el contrario, los funcionarios del Departamento del Tesoro y de la unidad antilavado (FinCen) de Estados Unidos se incluyeron entre las voces más críticas.

Ley anti terrorista en 2012

Así, las objeciones del GAFI se concentraron en varios ejes que estimó que no quedaron resueltos con la sanción de la nueva ley y que exceden, también, el proyecto de ley para reprimir la financiación del terrorismo que el Gobierno prometió convertir en ley durante 2012.

El plenario se concentró, en particular, en los procedimientos para los decomisos de activos de actividades de lavado o financiación del terrorismo, elevar la calidad y eficacia de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y mejorar el sistema de supervisión del sistema financiero.

Pocos minutos después de concluido el plenario, no obstante, la delegación argentina difundió que el GAFI validó su "plan de acción" con las reformas propuestas y será revisado otra vez en octubre.

Dos testigos directos de la discusión ofrecieron, sin embargo, una versión distinta de lo ocurrido a puertas cerradas. Señalaron, en particular, que los funcionarios argentinos tantearon la posibilidad de flexibilizar ese plan con un cronograma de reformas, pero que chocaron con la resistencia general.

"Los argentinos plantearon que el plan de acción debía ser revisado porque estaba desactualizado, pero Estados Unidos y otras delegaciones se opusieron. Indicaron que ese plan ya estaba aprobado, que ahora debía cumplirse y que había varias medidas relevantes pendientes", indicó un informante a La Nacion.

Junto a Alak, Curia y Sbattella, la delegación incluyó al vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; al presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; la embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena."