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Caricatura de Alfredo Sabat

domingo, 20 de noviembre de 2011

Medidas odiosas y revisionismo punzó


Susana Viau - CLARÍN

Para reducir el impacto negativo que un ajuste de gran magnitud podía producir sobre su figura y con la certeza de que la tontería humana tiende a ensañarse con el mensajero, Cristina Fernández tercerizó la comunicación del hecho más rimbombante producido por su gobierno desde la Asignación Universal por Hijo: la eliminación de los subsidios a los servicios públicos fue informada por Amado Boudou y Julio De Vido mientras la jefa del Estado participaba en Cannes de los debates del G-20.
 
El anuncio iba a revelar que, además de odiosas, las medidas habían sido pergeñadas con un alto grado de improvisación.
 
Y, como siempre ocurre, la improvisación aporta incertidumbres: nadie ha explicado todavía qué requisitos deberá reunir el consumidor que quiera permanecer en la categoría de subsidiable; nadie sabe cuáles son las razones por las que la perderá el que la pierda; quizás tampoco sea cuestión de lo que le sobra o le falta a los usuarios sino del barrio en el que viven o si su domicilio se halla dentro o fuera del corredor ribereño.
 
Pero hay todavía otro embrollo en puerta: es un enigma cuántos empleados y cuántas oficinas públicas harán falta para responder las demandas de los centenares de miles de ciudadanos que pretendan mantener el beneficio; cuántos millones de trabajadores sociales harán falta para el informe ambiental al que deberán someterse. Tampoco es seguro que el Correo Argentino tenga la capacidad para procesar de golpe y porrazo, en los días de Navidad y Año Nuevo y en pleno receso vacacional, los casi veinte millones de formularios enviados por las empresas y sus consiguientes respuestas.
 
Por no prever, no se ha previsto siquiera cómo evitar las amansadoras que, en enero y bajo un sol de justicia, deberán hacer los jubilados para mantenerse dentro del régimen actual. En ese sector, igual que entre quienes viven pegados a la línea de pobreza, no es habitual recurrir a Internet para las tramitaciones burocráticas.
 
Eso sí, a la manera de los 150 millonarios norteamericanos que acaban de pedir una suba en sus impuestos, los nombres de todos aquellos que renuncien voluntariamente al subsidio serán incluidos en una lista patriótica que estará disponible en el ciberespacio, un cuadro de honor en el que el Gobierno ya ha indicado a sus funcionarios que deben inscribirse para predicar con el ejemplo y generar una mística solidaria que ahuyente la desazón y frene el malhumor social.
 
En coyunturas históricas complejas, las administraciones salientes suelen permitirse algún gesto de grandeza y asumen los costos de decisiones impopulares que, de otro modo, pesarían como una mochila prematura sobre las administraciones entrantes.
 
En este caso, Cristina Fernández se sucede a sí misma y, por lo tanto, no queda claro si las nuevas disposiciones constituyen el epílogo a su primer mandato o el prólogo al segundo, si se asiste al cierre amargo y realista de una etapa o es un simple sinceramiento post electoral, una viveza que lleva la marca de agua del menemismo y su pragmática confesión de que “si contaba lo que pensaba hacer no me votaba nadie”.
 
El viernes, en San Pedro y durante la conmemoración del combate de la Vuelta de Obligado, la Presidente volvió a emparentarse con el riojano y su visión de la historia del poder, esa concepción que le hizo decir a Luis Stulman, un brillante e incisivo cuadro del radicalismo, que “el único propósito del segundo mandato de Carlos Menem era preparar el tercero”.
 
Si el anciano senador fue el artífice de la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, la Presidente se incluyó de lleno en las corrientes revisionistas y la reivindicación de Encarnación Ezcurra. Con una divisa (punzó) de los Colorados del Monte prendida en el pecho, elogió a “esa gran mujer ocultada por la historia, verdadera inspiradora de la Revolución de los Restauradores, que permitió precisamente que el Movimiento Federal pudiera continuar”.
 
Encarnación Ezcurra era la máxima seguidora de su marido, el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Lo muestran las cartas que le enviaba cuando éste andaba conquistando el desierto, matando a los indios a los que no lograba domesticar con subsidios, o por las estancias. Fue ella, dicen, la que alentó la formación de la Sociedad Popular Restauradora, en la que pululaban en extraña mixtura los comerciantes y la soldadesca; ella incentivó el maximalismo de los “federales apostólicos”, los rosistas, contra los federales moderados, los “cismáticos”, los “lomos negros”. Y fue de la “Heroína de la Santa Federación”, de esa dama porteña, devota de su esposo hasta el fanatismo, que nació, según cuentan, la idea de hacer pasar como un complot contra él lo que no era sino el juicio que el gobierno, en manos de los “lomos negros”, había iniciado contra el periódico “El Restaurador de las Leyes”.
 
El día del juicio al periódico, los tenderos de la ciudad y los estancieros satisfechos con el avance de las tropas sobre las tierras indias iniciaron una sublevación en apoyo al brigadier general. Cosas de la vida: el general Agustín de Pinedo, enviado a reprimir la algarada, en el trayecto cambió de parecer , se sumó a los amotinados rosistas y pidió la renuncia del gobernador Juan Ramón González Balcarce.
 
Esa fue la Revolución de los Restauradores con la que se emocionó la Presidenta a las orillas del Paraná. Un acontecimiento que, hasta para el historiador nacionalista católico Julio Irazusta, marcó el inicio de la tiranía, es decir, de la concesión al nuevo jefe de las “facultades extraordinarias” y “la suma del poder público”.
 
Para muchos otros estudiosos de la historia, aquella tiranía, aquella Revolución de los Restauradores trajo consigo el ocaso de la libertad de prensa, la liquidación de la disidencia, el largo camino de opositores y hasta de los federales “cismáticos” hacia el exilio y las sangrientas escabechinas de adversarios políticos organizadas por la Mazorca.
 
Contra las consecuencias de aquella paradójica “revolución restauradora” fue escrito el artículo 29 de la Constitución de 1853 que declara “infames traidores a la Patria” a quienes vuelvan a entregar a un individuo el poder absoluto, a “quienes permitan que la vida, el honor y las fortunas de los argentinos queden en manos de gobiernos o persona alguna..."

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