Algunas reflexiones sobre la re-estatización de YPF

Por Agustín Laje (*)

Si hiciéramos un corte temporal que fuera desde la reelección de Cristina hasta la semana pasada, habría bastante de razón en sostener que el gobierno venía experimentando un decrecimiento sostenido en términos de popularidad.
Tanto es así, que en el mes de marzo la consultora Management & Fit, en coincidencia con dos estudios similares, informaba sobre la caída de la imagen de la presidente en 17%.

Las medidas de quita de subsidios y ajustes varios, sumado al tan insufrible como permanente aumento de precios por un lado e inseguridad por el otro, y sin olvidar los costos políticos de la tragedia de Once y las causas de corrupción que afectan a funcionarios de primera línea como Amado Boudou, estaban minando en algún grado aquella luna de miel que los kirchneristas decían tener con “el pueblo”.
O al menos con el 54% de éste.

La pregunta en el seno del poder se tornó evidente:
¿Cómo dar un golpe de timón y volver a “enamorar” a la masa? 
Malvinas primero, e YPF después, se constituyeron así en las dos maneras más efectivas de hacer uso de eso que siempre, inexorablemente, incluso en gobiernos dictatoriales, da buenos resultados políticos: “las causas nacionales”.

Frente a las “causas nacionales” la gente se solidariza y el ambiente político se hegemoniza; la idea de unión se superpone a la de disenso, todo cuestionamiento es tachado prácticamente de “traición a la patria” o “cipayismo”, y muchas veces la realidad termina siendo sesgada.
¡Y qué mejor para el kirchnerismo que hegemonizar y sesgar!

Las consecuencias de este plan maestro no podrían haber sido mejores para el oficialismo:
la popularidad de Cristina volvió a subir;
Amado Boudou ahora puede respirar y dormir tranquilo porque su caso ya quedó tras una nueva cortina de humo;
y no sólo el 54% está aplaudiendo la medida tomada, sino que incluso aquellos que no votaron a Cristina también lo están haciendo, y baste ver el penoso papel que está jugando al respecto la propia oposición.

Esta nueva “causa nacional” está, sin embargo, rodeada de falacias que resulta conveniente analizar en virtud de las siguiente reflexiones.

Primero. Hay un error lógico y una mentira fáctica en pensar que la escasez de combustible será inmediatamente solucionada tras poner a YPF en manos del Estado.
Error lógico, puesto que no existe implicancia lógica alguna entre estatización y aumento de la productividad; mentira fáctica, puesto que los datos históricos dan cuenta de todo lo contrario: si por algo se han caracterizado las empresas públicas en Argentina, eso es por su ineficiencia.
Piense en la ENTeL del alfonsinismo por ejemplo, o más actualmente en las Aerolíneas Argentinas del kirchnerismo, y entenderá que nada asegura que YPF, sólo por ser estatal, aumente su productividad.

Para clarificar esto un poco más, sería interesante preguntarse acerca del desempeño de la petrolera en cuestión antes de 1992, esto es, cuando el Estado manejaba la compañía.
La respuesta es dilapidaria: 
YPF era la única petrolera en el mundo que daba pérdidas (pérdidas que las pagaban no los políticos que jugaban a ser empresarios, sino la gente en general), y su déficit llegó a superar los cinco mil millones de dólares que dejaron a la empresa destruida.

¿Por qué tuvo déficit una empresa que actúa en un mercado donde es virtualmente imposible tener pérdidas?
Pues porque se rigió no con criterio económico, tal como lo hacen los agentes privados en mercados libres, sino que lo hizo, tal como lo hacen los Estados en mercados intervenidos, con criterio político:
45 mil empleados trabajando allí (cuando se necesitaban 5 mil), y el uso sistemático que hizo el gobierno de YPF para pedir dinero prestado afuera son pruebas de ello.

Segundo. Cierto es que YPF no ha gozado de inversiones privadas.
Pero esto no es causa, sino consecuencia.
¿Consecuencia de qué?
Consecuencia de la inexistencia de seguridad jurídica en la Argentina.

Cuando el kirchnerismo alega la falta de inversiones como una razón para intervenir, está ocultando que esa falta de inversión es precisamente el resultado de una intervención anterior.
En efecto, si no ha habido inversiones eso fue, entre otras cosas, porque el Estado se dedicó a controlar el mercado, obligando a los empresarios a vender el petróleo en precios artificialmente baratos.
¿Y dónde van a invertir las empresas?
Pues donde haya condiciones económicas más favorables.
Así de simple.

Lo que se está proponiendo con la expropiación, en definitiva, es combatir problemas generados por el estatismo con más estatismo, en un contexto mundial caracterizado nada menos que por los paradigmas de la globalización.
Valga advertir al respecto que destruir la seguridad jurídica en un marco donde la interrelación económica entre los países constituye el punto central de la realidad que el mundo atraviesa, es lo mismo que vivir en tiempos remotos y prácticamente devenir en un Estado suicida.

Quejarse de no recibir inversiones, vale decir, de no tener seguridad jurídica, y al mismo tiempo aplaudir medidas que destruyen la misma seguridad jurídica, es cuando menos una contradicción flagrante.

Tercero. Más que una “causa nacional”, la expropiación de YPF es una “causa gubernamental”.
En efecto, la gente tiende a confundir los conceptos de Estado, gobierno y nación.
De manera muy sintética, estos vocablos significan lo siguiente: el primero refiere al organismo que en un determinado territorio tiene el monopolio de la fuerza; el segundo refiere al conjunto de hombres que maneja al Estado durante un tiempo dado; y el tercero refiere a la comunidad unida por su historia, lengua y cultura en común.

Nos han dicho y remarcado, pues, que una empresa que pasa a manos del Estado, pasa por ello “a manos del pueblo”.
Nada más falso que eso: el Estado no es el pueblo (la nación es en todo caso el pueblo), y tanto es así, que ni usted ni yo recibiremos los eventuales beneficios de YPF de manera directa, aunque paradójicamente sí aportaremos como contribuyentes cada vez que deba inyectarse dinero.
La lógica estatista es clara: el Estado somos todos sólo cuando hay que desembolsar, y son sólo algunos (el gobierno) cuando hay que recolectar. Aerolíneas Argentinas, con sus dos millones de dólares diarios de pérdidas constituye un ejemplo contundente de lo antedicho: entre todos sostenemos el déficit, aunque no todos gocemos de sus “beneficios”, indiscutiblemente concentrados, a modo de botín político, en los muchachos de La Cámpora y los amigos del poder.

La confusión entre Estado, gobierno y nación es lo que lleva a muchos nacionalistas a sentir tensión interna al advertir que aquel kirchnerismo que condenaban −enemigo de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica− hoy lleva adelante movimientos que, en apariencia (pura apariencia), guardan relación con sus ideas, aunque lo cierto sea que la perorata patriotera no la han desplegado por beneficio de la nación, sino por beneficio del gobierno: por beneficio de ellos mismos.

Cuarto. Cristina pretende darle aún más legitimidad al proyecto de expropiación, haciendo uso de su marido muerto −como en tantas otras ocasiones− alegando que “El soñaba con estatizar YPF”. Desgraciadamente lo que no aclaró es por qué entonces en 1992 la empresa petrolera se privatizó a instancias del difunto (en tiempos en que éste se abrazaba efusivamente con Menem), y por qué ella misma en aquel entonces logró que la Cámara de Diputados santacruceña votara por la federalización de los recursos petrolíferos en el marco de la privatización de la compañía. “En lo económico posibilita la mejora de nuestras cuentas y en lo institucional, nos torna creíbles y respetables en cuanto damos cumplimiento a la palabra empeñada”, aseguraba por aquel entonces.

De ello podría deducirse que la estatización no responde a una convicción ideológica, sino más bien a una conveniencia coyuntural.

Si los kirchneristas se escandalizan por el “vaciamiento” de YPF y el dinero que “nos quitaron”, deberíamos entonces los ciudadanos escandalizarnos más aún en razón de que el gobierno desde el 2003 hasta la fecha haya aprobado cada uno de los balances de la empresa que nos “vaciaba” y “robaba..."

En 1992 la privatización benefició a los Kirchner con los 300 millones de dólares que pronto se convirtieron en los famosos −aunque ya olvidados− “desaparecidos” fondos de Santa Cruz.
La pregunta que hoy debemos formularnos es:
¿Qué beneficios les dará la re-estatización de YPF 20 años después...?

(*) Es autor del libro “Los mitos setentistas”. ¿Dónde conseguir la segunda edición? Click aquí.
Email del autor: agustin_laje@hotmail.com | Twitter: @agustinlaje


La Prensa Popular | Edición 99 | Viernes 20 de Abril de 2012