Tiempo atrás, el
sábado 28/07, aprovechando una nueva herramienta del servicio de telefonía sobre
IP Camundanet, que permite realizar consultas telefónicas en tiempo récord,
Urgente24 realizó una consulta a 1.400 abonados telefónicos, ubicados en los
barrios bonaerenses de Ramos Mejía (La Matanza), Lanús, Quilmes y Vicente López,
y los barrios porteños de Caballito, Villa Lugano y Recoleta.
Era obvio que, cuando se consultaban las prioridades en la inquietud
popular, la inseguridad es una enorme preocupación permanente de los residentes
en áreas urbanas, en especial.
Pero lo novedoso fue corroborar que cuando se consideraba solo Ciudad de
Buenos Aires, sin Gran Buenos Aires, la inflación desplazaba a la inseguridad
como prioridad, revelando una situación muy grave a nivel socio económico, y
Urgente24 señaló "que provoca descontento, con consecuencias políticas, y que a
su recicla inseguridad".
Acerca de la inflación como problemática principal, lo acaba de corroborar
Management & Fit, que presenta como "novedad" la aparición del
desempleo.
Aquí viene el autobombo: en julio lo que informó Camundanet fue:
¿Qué le preocupa más preocupación hoy día?
%
Inflación................31.3
Inseguridad...........25.0
Desempleo............12.5
Corrupción............18.8
Otros....................12.5
Pero, entonces, ¿por qué a Cristina Fernández de Kirchner no le
interesa la inflación, pese a lo que supone en términos de conflicto
social?
La presión impositiva alcanzó niveles inéditos. Aún así, resulta
insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el
gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto
inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar
con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta
más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se
apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la
Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las
provincias de Córdoba y Santa Fe.
El crecimiento de la presión impositiva es uno de los fenómenos de
política económica más importante de la última década. Según datos del
Ministerio de Economía, la presión impositiva (nacional y provincial) viene
creciendo a razón de 1,6 punto porcentual del PBI por año desde el año 2003.
Así, se pasó de una presión tributaria del orden del 22% del PBI en el año 2000
al 35% del PBI en el año 2011. Si además se suma las imposiciones que aplican
los gobierno locales (municipios), la presión impositiva total llega a un nivel
del orden del 38% del PBI. Es difícil encontrar antecedentes en el mundo de
crecimientos tan vertiginosos de la presión tributaria.
En este marco, resulta muy paradójico que los recursos fiscales
resulten insuficientes para sostener el crecimiento del gasto público. Vedada la
alternativa del endeudamiento voluntario se viene apelando con creciente
intensidad a dos mecanismos muy usados en la historia argentina: el
endeudamiento compulsivo (por ejemplo, acumulando juicios con jubilados) y la
inflación. Para entender la importancia de la inflación como fuente de
financiamiento del Estado resulta pertinente hacer el siguiente ejercicio con
datos oficiales:
> El monto total de dinero en poder del público asciende a
aproximadamente $250 mil millones.
> La tasa de inflación promedio medida por la inflación de
las provincias asciende a 22% anual.
> Esto implica que, en un año, el monto de dinero en poder
del público pierde $56 mil millones de su valor por efecto de que los precios de
los bienes aumentan.
La desvalorización del dinero tiene implícita una “transferencia” de
recursos desde la población hacia el Estado. La gente recibe del Estado billetes
por un valor nominal que se va deteriorando a lo largo del tiempo, es decir que
cuando son utilizados sirven para comprar una menor cantidad de bienes debido al
aumento de los precios. Esa diferencia opera como un tributo que paga la gente y
que es apropiado por quién detenta la facultad de emisión de los billetes, que
es el Estado. Por eso, se usa la denominación “impuesto
inflacionario”.
El “impuesto inflacionario” es, comparado con otros impuestos, muy
regresivo porque la inflación golpea proporcionalmente con mayor virulencia a
los ingresos de las familias más pobres. Además, niveles altos de inflación
cercenan la capacidad de crecimiento porque penalizan la inversión productiva y
premian la especulación. También alteran el régimen federal porque el Estado
nacional cuenta con una fuente de financiamiento que usa discrecionalmente sin
obligación de coparticipar a las provincias. Para dimensionar su impacto, los
$56 mil millones que recauda el Estado nacional como “impuesto inflacionario” es
un monto equivalente a la mitad de los ingresos totales de la Provincia de
Buenos Aires o casi el doble de los ingresos de las provincias de Santa Fe o
Córdoba.
Para justificar el vertiginoso crecimiento del sector público –que
obliga al aumento de la presión impositiva y del “impuesto inflacionario”– se
apelan a argumentaciones ideológicas. Sin embargo, los discursos se cambian y se
adoptan criterios opuestos cuando se cuestiona que las provincias y municipios
impulsen mayor presión tributaria para financiar sus presupuestos. Esto
demuestra que la cuestión ideológica es apenas una pantalla y que en el fondo de
lo que se trata es de una puja por apropiarse de recursos públicos a los fines
de acrecentar poder. Se impone la lógica de que mientras más fondos se acumulan
mayor es la capacidad para subordinar a otros sectores políticos y
sociales.
El “impuesto inflacionario” y las tasas de dudosa legalidad que
plantean los gobierno locales testimonian un severo proceso de degradación
institucional. Desde el punto de vista económico, socava las posibilidades del
sector productivo para aprovechar la oportunidad inéditamente favorable que el
contexto internacional le ofrece a la Argentina. Desde el punto de vista social,
la población soporta el sacrificio de pagar cada vez más impuestos sin que se
traduzcan en mejor educación y salud pública y más calidad de
vida.
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