Reforma judicial

Jueces y abogados impulsan amparos en todo el país

Acordaron articular una estrategia común para lograr que la Corte frene el proyecto aprobado en el Congreso para cambiar la Magistratura
Por Hernán Cappiello y Paz Rodriguez Niell  | LA NACION

Una amplia red de asociaciones que representan a jueces y a abogados prepara una estrategia judicial coordinada y articulada para que la Corte Suprema frene en los tribunales la reforma de la Justicia, que avanza en el Congreso impulsada por el Gobierno.

La ofensiva incluye una catarata de recursos que se presentarán en juzgados federales de todo el país.
Los reclamos recaerán en el fuero contencioso administrativo federal, que revisa la validez de los actos del Estado, y en la justicia federal electoral, que controla todo lo vinculado con los comicios.

Los jueces y abogados piensan pedir que se declaren inconstitucionales las normas y presentar una medida cautelar para que, mientras tanto, se frene la aplicación de las leyes.
Así lo adelantaron a LA NACION autoridades de la Asociación de Magistrados, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

A estas presentaciones, cuyo contenido es tratado entre las entidades, se sumarán recursos de las ONG relacionadas con la Justicia, que ya se opusieron públicamente de diversas maneras a las iniciativas;
de los partidos políticos minoritarios, que se creen afectados por los límites que impone la ley para presentar candidatos al Consejo de la Magistratura, y de las agrupaciones de abogados que presentaron postulantes para consejeros, pero que con la nueva ley no podrán hacerlo, si no lo hacen a través de un partido político.

Los partidos de la oposición, como el radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y el socialismo, también anunciaron que presentarán amparos.

Los recursos atacarán principalmente la ley que modifica la composición y la forma de elección del Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de seleccionar a los jueces y de someterlos a juicio político en caso de mal desempeño.

También se está evaluando el modo de atacar la ley que limita las medidas cautelares contra el Estado y la iniciativa que crea tres nuevas cámaras de casación, que alargarán los ya de por sí largos tiempos de la Justicia.

La estrategia contempla llegar a la Corte lo más rápido posible.
Si los demandantes obtienen un fallo desfavorable en primera instancia, buscarán llegar al máximo tribunal con un per saltum, haciendo uso del nuevo recurso aprobado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo.
La oposición confía en que la Corte pondrá un freno a las iniciativas.

Pero al mismo tiempo todos, oficialismo y oposición, miran de reojo el calendario electoral.
Quienes rechazan la reforma corren una carrera contrarreloj:
La fecha tope para presentar los candidatos para las primarias es el 22 de junio y esas elecciones -en las que está previsto elegir a los consejeros- son el 11 de agosto.
Quienes se oponen a la reforma saben que votado el nuevo Consejo será mucho más difícil revertirla.

Todos son conscientes de que el paso del tiempo puede frustrar sus posibilidades de obtener un fallo eficaz. El mejor ejemplo es que la Corte Suprema no resolvió todavía el pedido de inconstitucionalidad planteado contra la reforma anterior del Consejo, sancionada en 2006 a instancias de la presidenta Cristina Kirchner, que redujo de 20 a 13 el número de sus miembros.
Las agrupaciones de abogados sostuvieron entonces ante la Justicia que la modificación violaba el "equilibrio" entre los diferentes estamentos que prevé la Constitución Nacional.
Pasaron más de seis años y la Corte todavía no se pronunció.
Todo indica que el tema se volverá abstracto.

Los recursos que se estudian son de diversa índole.
En la Asociación de Magistrados adelantan que, por lo pronto, se presentarán ante la justicia federal electoral contra las modificaciones en el sistema de elección de miembros del Consejo, pues, según la nueva ley, jueces, abogados, y académicos serán designados por el voto popular.
En la ciudad de Buenos Aires, la jueza electoral es María Servini de Cubría y el fiscal que deberá dictaminar si la justicia electoral es competente es Jorge Di Lello.

Las razones por las cuales cabría la competencia electoral son que la propia ley del Consejo la menciona y que se trata de un tema que altera una cuestión vinculada a los comicios, analizaban ayer en tribunales.
Los jueces no descartaban que el caso tuviera allí buena acogida.

"Tuvimos consultas de diversas ONG, pero cada uno hará presentaciones por su lado, porque cada quien está afectado de diferente forma por las leyes", dijo a LA NACION Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados.
Están en conversaciones con abogados reconocidos para formar un equipo que diseñe la estrategia judicial y la lleve adelante.

Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal explicó a LA NACION que van a presentar una acción declarativa de inconstitucionalidad.
La presentación ya está prácticamente redactada y será presentada apenas las leyes sea reglamentadas y publicadas en el Boletín Oficial.

Las presentaciones serán replicadas por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 80 colegios de abogados desde Jujuy hasta Ushuaia, en los juzgados federales de todo el país. "Cada colegio de abogados de su jurisdicción, el que quiera porque son autónomos y libres, iniciará una acción propia en cada juzgado federal respectivo y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo hará en la ciudad de Buenos Aires", explicó a LA NACION Ricardo de Felipe, presidente de la FACA.

Por más que abogados, jueces y representantes de ONG conversen sobre sus acciones, presentarán demandas por separado porque cada sector aduce motivos diferentes para sus planteos.
"En el Congreso respetamos el resultado de la democracia, pero ahora es el tiempo de la República", se entusiasmó el abogado Rizzo.

EL PROCESO LEGAL PASO A PASO

¿Cómo será el trámite de los amparos ante la Justicia, luego de que el Congreso aprobó parte del paquete de reformas?

Se planteará, por un lado, una medida cautelar para frenar las leyes, y además acciones declarativas de inconstitucionalidad ante la justicia federal electoral y ante la justicia en lo contencioso administrativo.
Ahí se abren dos opciones:

A. El juez de primera instancia rechaza el planteo o la media cautelar. Los demandantes podrían:
Recurrir a la Cámara
Mediante un recurso de apelación convencional
Per saltum
Intentar este recurso para acceder directamente a la Corte y que el caso sea tomado por el máximo tribunal lo antes posible.
La Corte tiene la opción de aceptar el caso y resolverlo o rechazarlo porque no se den las razones de admisibilidad del recurso
B. El juez de primera instancia hace lugar a la medida cautelar.
EL Estado la apela y queda suspendida, como señala la nueva ley de amparos contra el Estado aprobada por el Congreso, en ese caso la ley se aplica, salvo que:
Inconstitucionalidad
Los demandantes pidan y consigan que se declare la inconstitucionalidad de parte de la ley de cautelares contra el Estado que dice que la sola apelación suspende la medida
Apelación
Que los demandantes pidan y logren que la Cámara confirme la cautelar antes de que se hagan las elecciones internas abiertas y simultáneas previstas para el 11 de agosto próximo donde está previsto que se elijan a los nuevos consejeros de la Magistratura -jueces, abogados y académicos- por el voto popular