Daño...

Ante jueces negligentes, el Estado debe reparar el daño *

La cosa es muy simple:
Cuando alguien produce un daño a otro, ese alguien debe repararlo en su justa medida, pero aquí en la Argentina, no sólo no ocurre eso, sino que es la misma administración de justicia;
es el mismo sistema judicial;
son los mismos códigos procesales;
son los mismos jueces que agravan ese daño primigenio y, encima no reparan ese plus gravoso.

El sistema judicial argentinio es "indefendible"...
Y ésta es una verdad de a puño

Ricardo B. Molina Figueroa

* Y, ¿qué podemos hacer cuando el Estado es prevaricador?

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.
Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. 
Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto.
El ejercicio de esa función se denomina "jurisdicción".
Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial.
Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato

Servini de Cubría, rechazó "de momento" un amparo por la elección de consejeros.

El fiscal federal electoral Jorge Di Lello se excusó ayer de intervenir en los pedidos de inconstitucionalidad que habían presentado la Asociación de Magistrados y los abogados contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.