Por Carlos Pagni | LA NACION
Cristina Kirchner no necesitará volver a la Casa Rosada para que el sueño napoleónico que confesó en el año 2011 comience a convertirse en realidad. Sus diputados y senadores presentarán hoy, en el Salón Azul del Congreso, el proyecto oficial para reformar el Código Civil y Comercial. El texto es un misterio aun para muchos de sus auspiciantes. Porque la propuesta del Poder Ejecutivo, más que el destilado de un debate entre juristas, es el resultado de las fluctuantes relaciones de la Presidenta con la Corte y con la Curia.
Los especialistas coinciden en que acaso no haya una legislación con mayor capacidad para modelar la sociedad que el Código Civil. Para enfatizar esa importancia, algunos le asignan una jerarquía similar a la de la Constitución. El Código, dicen, regula casi todos los aspectos de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Modificar ese reglamento estratégico debería requerir un largo debate. Pero el kirchnerismo prefiere para las grandes leyes los dictámenes de urgencia. Si no media un escándalo, esta ley se sancionaría antes de que cambie la composición de las cámaras, el próximo 10 de diciembre. La premura es más llamativa porque casi nadie conoce la redacción definitiva de lo que se pretende aprobar. Los mismos representantes del oficialismo aplaudirán hoy el texto a ciegas.
En apariencia, el Código fue elaborado por una comisión de especialistas conducida por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco , ministros de la Corte Suprema de Justicia, y por la experta Aída Kemelmajer de Carlucci.
Esta prestigiosa profesora, ex jueza de la Corte de Mendoza e hija de un histórico militante de la UCR, lidera una corriente secularizante del derecho civil. Alrededor de ella trabaja un grupo de juristas, en el que predominan las mujeres, frente al que la Iglesia siempre estuvo prevenida.
La propuesta de Lorenzetti, Highton y Kemelmajer pasó a una bicameral parlamentaria que la sometió a debate en audiencias públicas celebradas en todo el país. Eso sí: nadie conoce de qué modo las observaciones que se formularon en ese road show fueron aceptadas o rechazadas.
La jerarquía eclesiástica intervino en muchas de las reuniones, sobre todo a partir del 27 de abril de 2012. Ese día, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se pronunció en contra de varios aspectos del proyecto. Los obispos reiteraron su condena contra la fecundación artificial, pero, sobre todo, contra la negación de la condición de persona a los embriones que todavía no fueron implantados en el seno materno. Entre otras innovaciones, también reprobaron la "concepción heteróloga" -es decir, entre personas que no están casadas- y la fecundación post mórtem. Defendieron que las personas concebidas por fecundación artificial tengan derecho a conocer la identidad de sus padres. Rechazaron que se permita la maternidad subrogada, calificada como "alquiler de vientres". Lamentaron que se promuevan vínculos distintos del matrimonio heterosexual indisoluble, que es el que auspicia la moral católica. Y que se elimine la infidelidad como agravio a la institución conyugal. Además, los prelados repudiaron que se permita el divorcio sin causa, defendido por quienes sostienen que el largo trámite actual daña a los que pretenden separarse y a sus familias.
Sordo a las advertencias de la curia, el kirchnerismo siguió barrenando su ola de "ampliación de derechos", sobre todo en la Secretaría de Justicia, una fortaleza de La Cámpora, a cargo de Julián Álvarez. Este abogado hizo sus propios agregados al escrito del "comité de sabios". Álvarez es un ahijado de Eduardo "Wado" De Pedro, el más sagaz y preparado de los amigos de Máximo Kirchner.
A fines del año pasado, sin embargo, el impulso al nuevo Código registró una abrupta interrupción. Como el 7 de diciembre la Corte no anuló la cautelar que protegía a Clarín de la ley de medios, la señora de Kirchner puso en penitencia a Lorenzetti y a Highton: Álvarez envió el proyecto al freezer. Esta sanción intelectual se extendió también a Kemelmajer, a pesar de que estaba libre de culpa.
Mientras la reforma estaba "en pausa", desde Roma llegó una noticia que conmovió la escena nacional: Jorge Bergoglio fue encumbrado a la jefatura de la Iglesia universal. Cristina Kirchner, que tardó dos días en asimilar la novedad, inició una espectacular vuelta de carnero que la depositó meses después en Río de Janeiro, donde, emocionada, recibió los escarpines vaticanos de Néstor Iván. Sensibles, como corresponde, a las mutaciones de su jefa, los jóvenes de La Cámpora comenzaron a ir a misa, conducidos por el "Cuervo" Larroque, que se hincó en el reclinatorio de una villa de emergencia.
Con la señora de Kirchner comenzó a girar también su Código. Los borradores cambiaron de manos, de un Julián a otro. El 10 de junio pasado, la Presidenta recibió a Víctor Manuel Fernández, rector de la UCA, a quien Francisco acababa de promover como arzobispo de Tiburnia, una diócesis extinguida de la provincia romana de Carinthia. Al lado de ella estaba el devoto Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados. Desde ese día, el arzobispo Fernández y el pío Domínguez comenzaron a reescribir los textos de Lorenzetti, Highton, Kemelmajer, la bicameral, los asambleístas y La Cámpora.
Minutos después de que la Corte se pronunció en contra de Clarín, el Código comenzó a descongelarse. Elisa Carrió, de fiesta. Sin embargo, Lorenzetti comentó ayer a sus íntimos que desconoce hasta dónde habrá llegado Domínguez con su contrarreforma. Un inconveniente para la editorial Rubinzal Culzoni, que está por lanzar una edición de la nueva legislación, comentada por un grupo de juristas bajo la dirección del presidente de la Corte.
Aun cuando se ignoran los detalles, comenzaron a llover las críticas de la oposición. La más frecuente es que el nuevo texto, para no entrar en polémicas ideológicas, remite cuestiones espinosas al dictado de leyes especiales. Los radicales, con Ernesto Sanz a la cabeza, se quejaban ayer: "La intención del código queda desvirtuada porque lo que se pretendía era reunir en un solo cuerpo la legislación particular". Graciela Camaño, en nombre de Sergio Massa, presentará un dictamen propio. Ella también prepara un libro.
El kirchnerismo hervía anoche de inquietud. Para una laicista a ultranza como Juliana Di Tullio, jefa del bloque de diputados y auspiciante de la despenalización del aborto, el comentario de Domínguez, "con Francisco no habrá ninguna controversia", no es motivo de festejo. A Daniel Filmus le ocurre algo parecido: en el último debate senatorial prometió una "ley de interrupción voluntaria del embarazo". Por suerte perdió la banca: podrá alegar que no le dieron tiempo. Diana Conti y Carlos Heller preferirían, como dijo la Iglesia antes de la visita de monseñor Fernández a la Presidenta, que "estos asuntos trascendentes no se traten con urgencia".
Muchos analistas señalarán la nueva versión del Código Civil como un nuevo fracaso del "relato". Más profundo que el contrato con Chevron o el polémico pago al fondo Gramercy por los arbitrajes del Ciadi. Sin embargo, desde una mayor perspectiva temporal, reaparece la fascinante obstinación de los peronistas con su propia identidad. En su ensayo El peronismo y la Iglesia Católica , Lila Caimari señaló que ese movimiento "fue el más católico de la historia contemporánea argentina y también el que más conflictos tuvo con la Iglesia y los católicos". La peripecia del Código deCristina Kirchner condensa esa doble condición. Aun el proyecto que los obispos denunciaron por sus desviaciones de la "ley natural" mantenía en el artículo 142 la índole de "persona jurídica pública" para la Iglesia Católica. Perspicaz, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, reclamó que se conceda el mismo estatus a las demás confesiones.
El debate sobre el Código, o la obturación de ese debate, es un aporte exquisito a la historia de las afinidades y conflictos entre la Iglesia y el peronismo, en la que la biografía del padre Bergoglio podría inspirar algún capítulo.
Pero esta polémica ofrece, además, una exhibición de otra contradicción atávica: la que arrastra el peronismo con, por usar la fórmula de Carlos Altamirano, la "cultura de izquierda".
Es casi inevitable que Conti, Filmus y Heller terminen aprobando un texto expurgado por la mano invisible de Francisco, mientras Victorio Codovilla se revuelve en su tumba moscovita
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