LA NACION (1) a sus lectores

En los últimos días, altos funcionarios del gobierno nacional han atacado a LA NACION, sosteniendo que este diario mantiene una millonaria deuda impositiva con el fisco por aportes previsionales impagos. Es falso.

LA NACION bajo ningún concepto registra aportes previsionales impagos, pues éstos siempre se han abonado en tiempo y forma.

Lo que existe es una controversia judicial con el Estado nacional, iniciada contra éste por una treintena de medios de comunicación de la Capital y del interior -diarios, revistas y radios- entre los que se encuentra LA NACION. La demanda de esos medios tiene origen en los llamados "planes de competitividad", que el propio Estado había diseñado para que el incremento de cargas impositivas no restara capacidad competitiva a las empresas periodísticas.

En 2001, el gobierno incrementó la presión tributaria sobre los medios de comunicación. Gravó con IVA el precio de tapa de los diarios y revistas. Hasta entonces, los medios gráficos pagaban IVA (21%) sobre los montos de inversión publicitaria, no sobre el precio de tapa. Se respetaba de esa manera una política cultural extendida en todo el mundo, que procura no gravar con impuestos la libre circulación de la información y las ideas, a fin de facilitar el conocimiento y el acceso ciudadano a noticias y comentarios de interés público.

Algunos ejemplos de lo dicho. Los Estados Unidos no aplican impuestos a las ventas a los medios de comunicación. En Iberoamérica, adscriben a esa política 22 países. En Brasil, tal tratamiento está consagrado por la Constitución Nacional. En Europa, en países como Gran Bretaña, Suecia, España, Holanda, Portugal, Alemania, Rusia, Italia y Francia, entre otros, la alícuota del impuesto a las ventas para la actividad de prensa está eliminada en unos casos o ronda entre el 1% y el 5%, en otros.

En nuestro país, para compensar esa mayor carga impositiva el gobierno nacional estableció en su momento un "plan de competitividad" que permitía computar el pago de los aportes previsionales como importes a cuenta del IVA. Por presión del Fondo Monetario Internacional, sólo quedaron vigentes, entre aquellos planes, los otorgados como compensación para quienes debían erogar mayores impuestos a partir de las reformas de 2001.

Entendiendo la gravedad que representaba el aumento de la presión impositiva para los medios, el Estado se comprometió entonces formalmente, mediante el decreto 746/03, a renovar ese esquema o a buscar un mecanismo sustituto a su vencimiento. En julio de 2003, venció el último plazo del régimen de competitividad, y el Estado no cumplió el compromiso de generar un régimen alternativo.

Ante esa situación, asociaciones que agrupan a los medios (televisión, radio y prensa) recurrieron a la Justicia, pidiendo que se mantuviera la situación existente o se fijara una alícuota reducida. La Justicia determinó, por una medida cautelar, que mientras se sustanciara la causa judicial de fondo iniciada contra el Estado correspondía que los medios litigantes siguieran computando los pagos efectuados por los aportes previsionales de la misma manera que lo habían hecho hasta entonces con los planes de competitividad. Además, desde el comienzo de esta contienda judicial, la Justicia declaró que, mientras estuviera en pie la medida cautelar concedida, los medios no estarían en mora, porque ajustaban su conducta a la ley. Punto sustancial, porque significa que no corren durante ese tiempo intereses. Falsas, pues, de toda falsedad las cifras que el Gobierno atribuye como base de sus pretensiones y con las que desvaría la propaganda oficialista contra LA NACION como represalia por las notas de investigación periodística del diario, cuya última manifestación fue el comunicado inaudito del Ministerio de Justicia del jueves por la noche, por el que se acusó a LA NACION de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".

MEDIDA NO APELADA

En función de la disposición judicial señalada, numerosos medios de todo el país han computado sus pagos de aportes previsionales como créditos a cuenta del IVA. El Estado no apeló esa decisión judicial de primera instancia -más aún: la consintió- y, sorpresivamente, sin invocar nuevos elementos de juicio, se presentó a pedir su levantamiento en 2006, pero el juez interviniente rechazó la pretensión.

Al apelar después de tanto tiempo, el Estado logró en segunda instancia un fallo favorable de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, invocando la gravedad institucional del caso -por entender que comprometía el desenvolvimiento de órganos de expresión y constituía un asunto de gravedad institucional concerniente a la libertad de prensa-, esa misma Cámara permitió que la medida cautelar siguiera vigente al conceder el recurso extraordinario de apelación interpuesto por los medios litigantes. Así llegó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pese a la claridad de los términos de la resolución de la Cámara Federal, la AFIP desconoció la vigencia de la medida cautelar que había pasado a decisión del más alto tribunal del país e inició, en forma acelerada, procedimientos administrativos persecutorios contra varios medios. Éstos denunciaron esa conducta ilícita ante la Corte Suprema, que por unanimidad de sus miembros exigió a la AFIP que se abstuviera de reclamar cualquier supuesta deuda derivada de este conflicto hasta que la cuestión sea resuelta. Puso, pues, la Corte Suprema un freno a la AFIP y preservó, por sobre todas las cosas, la eficacia de la eventual decisión en el caso sometido a su consideración.

Eso implicó que las entidades pudieran continuar imputando las cargas sociales que pagan a cuenta del IVA al precio de tapa a la espera de una resolución del alto tribunal. En esta situación se encuentran numerosos medios independientes, entre otros, LA NACION. La Corte Suprema ha celebrado ya dos audiencias de conciliación con la finalidad de que las partes puedan encontrar una solución que ponga fin a la controversia. En ese contexto, las entidades de prensa han presentado propuestas tendientes a proteger la libertad de expresión y la subsistencia de numerosas empresas periodísticas, muchas de ellas con graves dificultades. Tales propuestas no fueron atendidas por el Estado nacional.

Resulta llamativo que tratándose de una acción colectiva, el Gobierno haya elegido únicamente a LA NACION para referirse, falsamente, al tema. De hecho, entre los organismos que agrupan a periódicos, revistas, televisoras y radios de todo el país que impulsaron el reclamo al Estado se encontraban la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (Aedba), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), la Asociación de Radiodifusoras de la Argentina (ARPA), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER).

ATAQUES A LA NACION

Los ataques a LA NACION no son nuevos. Ya a fines del año 2011, y en medio de una fuerte embestida contra los medios independientes, el Gobierno movilizó a un juez incompetente para trabar una inhibición general de bienes a la nacion por esta misma cuestión. Si bien el Gobierno logró por poco tiempo esa inhibición, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo revocó la decisión del juez incompetente, haciéndole saber al Estado que la medida cautelar derivada del conflicto por la caída de los convenios de competitividad se encuentra aún a resolución del máximo tribunal, razón por la cual mal podía perseguir el Gobierno el cobro de una supuesta deuda, y menos, dirigirse contra sólo uno de los litigantes.

Las embestidas a la estructura económica del diario, y de otros medios independientes, son constantes. LA NACION ha sido arbitrariamente excluida, hace ya unos años, de la asignación de pauta publicitaria oficial que otros medios, afines al discurso oficial, con tirada de ejemplares hasta decenas de veces menor, reciben generosamente en cantidades millonarias. También se ha amedrentado a nuestros avisadores, exigiéndoles que no anuncien en nuestras páginas.

En un quebrantamiento descarado del principio constitucional de igualdad ante la ley, el Gobierno ha discriminado a los medios vinculados con los orígenes de este conflicto, al haberlos excluido expresamente la AFIP del último régimen de facilidades de pago otorgado meses atrás a toda la actividad económica en general. Fundó su discriminación en "razones estratégicas". Nunca las explicó ni nunca podría explicarlas con seriedad republicana. En cambio, LA NACION, que siempre ha acatado las decisiones de la Justicia -ámbito en el que libra con otros medios periodísticos su controversia por decisiones y omisiones arbitrarias del gobierno nacional-, ha dado cuenta de la gravedad de esa discriminación fiscal y lo seguirá haciendo.

Otra vez más, el relato oficial es falso.
LA NACION paga todos los aportes previsionales y nunca se le ocurriría hacer lo contrario
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(1) La Nación es un diario matutino de Argentina, editado en la ciudad de Buenos Aires.
Fue fundado por el presidente de la República Argentina Bartolomé Mitre (1821-1906) y su primer ejemplar se publicó el 4 de enero de 1870