BRASIL -Nueva Ley anti corrupción

La nueva “Ley de Lucha contra la Corrupción” de Brasil, que entró en vigor el 29 de enero,
honra el compromiso del país para disminuir los sobornos, bajo la convención contra el soborno de la OCDE.
Al centrarse en los corruptos -que podría ser cualquier empresa que opera en Brasil, incluyendo las extranjeras sin una presencia permanente- complementa la “Ley de deshonestidad Administrativa” de 1992 que tenía como objeto a los funcionarios públicos corruptos.

Brasil ocupa el 77º lugar entre 177 países en el índice de corrupción realizado por Transparencia Internacional.
Esta nueva ley llega en el momento preciso, ya que el gobierno se está preparando para repartir más contratos vinculados a la Copa Mundial de Futbol que se realizará en junio y a los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, y a su vez, en el contexto de escándalos relacionados con presuntos sobornos pagados por Alstom y Siemens, dos grandes empresas europeas, a funcionarios brasileros.

En muchos aspectos, la ley brasilera es más fuerte que remedios similares aplicados en otros lugares.
Las multas a las empresas pueden alcanzar el 20% de sus ingresos brutos anuales o, si el volumen de sus ingresos es difícil de determinar, serán de 60 millones de reales, lo que equivale a U$S 25 millones.
A diferencia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, no requiere pruebas de la intención o de conocimiento por parte de los jefes, siempre y cuando los beneficios de los actos de corrupción comprometan a un empleado.
A diferencia de la Ley Contra Sobornos del Reino Unido, y de la ley norteamericana, los tribunales pueden disolver empresas en casos particularmente graves.

Un detalle no menor, es que la Constitución de Brasil les permite a sus 5570 municipios el derecho de interpretar la ley como mejor les parezca, cosa que puede llevar a la confusión, ya que las distintas autoridades locales pueden adoptar diferentes interpretaciones de lo que se consideran un esquema adecuado de cumplimiento de la norma.
Claudio Weber Abramo, director de Transparencia, un grupo de defensa, señala que la mitad de los estados tienen todavía que emitir regulaciones relativas al proyecto de ley de libertad de información, aprobado hace ya  tres años.

Y a su vez, Weber Abramo agrega que la ley anti-corrupción confiere el poder para investigar a empresas por supuestos delitos menores con las autoridades locales, y contra toda lógica, esto puede incitar a los alcaldes a inclinarse y chantajear con empresas empujando licitaciones municipales para que paguen sobornos, o correr el riesgo de ser arrastrados a procedimientos prolongados.
Coelho, director del Departamento de Competitividad y Tecnología de la Federación de Industrias de San Pablo, admite que si los gobiernos locales no siguen una clara orientación federal en la aplicación de la ley, y en cambio, lo hacen a su manera- lo que es una prerrogativa constitucional- el resultado podría ser en lugar de menos corrupción, más.

Pese a que la ley es bien intencionada, cuenta con muchos obstáculos, y es difícil de leer.
Sin duda Brasil necesita el tratamiento de la misma, pero se necesitarán años para ver si realmente funciona.