De la arrogancia y la impericia al default

EDITORIAL / LA NACION

El gobierno kirchnerista exhibió una llamativa irresponsabilidad a lo largo de todo el proceso de crisis de la deuda con los holdouts

La irresponsabilidad e impericia con que ha actuado el Gobierno en la crisis de la deuda que desembocó en un nuevo default ha sido manifiesta desde el primer momento.
Pero lo que más indigna tal vez sea el descaro de sus principales funcionarios por negar la realidad, engañar a la población argentina y pretender ocultar las consecuencias que tendrá este nefasto episodio en la situación socioeconómica del país, si no se revierte en lo inmediato.

Una de las primeras frases públicas de la presidenta Cristina Kirchner, no bien se conoció el fracaso de las negociaciones con los representantes de los bonistas favorecidos por la justicia estadounidense, fue:
"El mundo sigue andando y la República Argentina, también".
A coro, tanto ella como varios de sus principales colaboradores negaron la existencia de un default o cesación de pagos, con argumentos inconvincentes.

Fue la reacción de siempre: la de desfigurar la realidad, como durante tanto tiempo lo ha venido haciendo el actual gobierno frente a cuestiones como la inflación o la inseguridad.
Y en el relato oficial, al igual que esos viejos problemas, la presente crisis de la deuda y sus innegables consecuencias encuentran la culpa en los otros.

Así como el gobierno kirchnerista endilgó las causas de la inflación a empresarios ávidos de suculentas ganancias que remarcan los precios, y ante el aumento del delito se escudó en que se trataba de una sensación generada por los medios de comunicación, ahora todo lo que nos pasa sería fruto de una confabulación internacional detrás de la cual, además del juez Thomas Griesa y los fondos buitre, está el gobierno norteamericano.

Ante los aplaudidores de siempre y un grupo de jóvenes militantes que, en la noche del jueves, colmaron los patios interiores de la Casa Rosada con la presunta intención de festejar el ingreso de la Argentina en un nuevo default, la Presidenta exclamó que "porque volvemos a ser un país viable es que nos quieren tumbar".

Esos gestos y esas palabras trajeron de inmediato a la memoria de muchos argentinos la insólita celebración, en una Asamblea Legislativa, del anuncio de que no se pagaría la deuda externa hecho por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá, en plena crisis de fines de 2001.
También, las bravuconadas del general Leopoldo Galtieri desafiando a los ingleses en 1982 con su recordado: "Si quieren venir, que vengan", ante una multitud que lo vivaba en la Plaza de Mayo.

El estilo pendenciero del Gobierno demuestra que ciertos dirigentes han aprendido muy poco de algunas graves lecciones del pasado, a la hora de enfocar las relaciones con el mundo.

Nadie puede ignorar que los llamados fondos buitre puedan tener apetencias desmesuradas.
Podría discutirse también el grado de razonabilidad del fallo del juez Griesa.
Pero nada de eso puede justificar la llamativa falta de pericia de quienes condujeron una negociación cuyas serias limitaciones se conocían de entrada, por la existencia de una sentencia firme favorable a los holdouts por parte de tribunales extranjeros a los cuales el Estado argentino se sometió voluntariamente.

Sorprende que el ministro de Economía, Axel Kicillof, se declare públicamente sorprendido porque los fondos buitre no aceptaran ahora las mismas condiciones del canje de deuda que sí aceptó el 92% de los acreedores, cuando precisamente los representantes de aquellos fondos iniciaron un juicio por no estar de acuerdo con aquel canje.
No es factible negociar el pago de una sentencia como si esa sentencia no hubiera tenido lugar.

Tampoco pueden predisponer bien a la otra parte ni al magistrado actuante tantas frases innecesariamente ofensivas, ni la denuncia de imaginarias conjuras internacionales contra la Argentina por parte de oscuros poderes, ni las demonizaciones del juez y de su mediador.
La técnica de la negociación aconseja ser firme en los propósitos, pero respetuoso y cortés en el trato, algo que no figura en el estilo kirchnerista, cuyos cultores ni siquiera conciben la posibilidad de que un poder como el judicial sea independiente en los Estados Unidos, pues tanto cuando gobernaron Santa Cruz como cuando llegaron al gobierno nacional imaginaron que la Justicia debía estar sometida a los designios del Poder Ejecutivo.

El gobierno argentino también equivocó el camino al sobrestimar el alcance de la cláusula RUFO, que hasta el 31 de diciembre de este año garantiza a quienes adhirieron a los canjes de bonos de 2005 y 2010 que el Estado no ofrecerá mejores condiciones a quienes no lo hicieron.
Si bien sus términos no entrarían en vigencia ante el cumplimiento de una sentencia judicial firme, ya que no habría un carácter voluntario, sino coercitivo, la Presidenta y el titular del Palacio de Hacienda, en otra torpe muestra de mala praxis, aseguraron que la cláusula RUFO se dispararía si la Argentina cumpliera ahora con la sentencia del juez Griesa.

Aun suponiendo que esta cláusula pudiera ser exigida frente al cumplimiento de fallos judiciales, al gobierno argentino no le faltaron oportunidades para negociar con los holdouts un diferimiento del pago impuesto por la sentencia hasta enero de 2015.
Las tratativas con bancos para que éstos les compraran los bonos a los acreedores favorecidos por la justicia estadounidense resultaron tardías, al tiempo que desnudaron el gran problema del gobierno argentino: la desconfianza que despiertan sus funcionarios.

El triste desenlace de este capítulo de la crisis de la deuda resultó digno de la arrogancia del gobierno kirchnerista...