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Debate. Luis Alberto Romero
HORACIO CARDO
Entre las muchas crisis que hoy padece el país, hay una central, de la que derivan muchas otras.
Se trata del deterioro de nuestra cultura estatal.
Complementa la crisis del propio Estado, que ya lleva cuatro décadas de desarrollo, e incluye a dos partes que se complementan:
Por un lado, los servidores del Estado;
por otro, todos aquellos -la sociedad, la gente- cuya vida social es organizada por el Estado.
Two for tango.
La crisis del Estado ha llegado a un punto en el que dejaron de tener sentido problemas que otrora dividían la opinión; por ejemplo Estado e individuo, Estado y mercado, Estado e iglesias.
El conflicto está hoy en la relación entre el Estado y el Gobierno.
Tenemos mucho Gobierno y poco Estado, y sobre todo, un Gobierno que avanza permanentemente sobre el Estado.
El Estado es un ente complejo.
En su centro está la Ley:
El gobierno de la ley, la ley igual para todos, la ley que se aplica y se respeta.
En esto último nuestra cultura estatal es débil, en lo pequeño y en lo grande.
En parte porque los gobernantes avasallan la ley, y en parte por la naturalización de la transgresión y el acostumbramiento social a vivir al margen de la ley, según la fórmula de Carlos Nino.
En segundo lugar, están las instituciones de gobierno del Estado, establecidas por la Constitución:
Un sistema representativo, republicano y federal.
Hoy está en cuestión la República:
La división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios y sobre todo los mecanismos de control del gobierno.
Es la consecuencia del avance de sucesivos gobiernos sobre las instituciones, pero del lado de los gobernados, hay un problema cultural grave.
La cuestión republicana nunca pareció central, desde los orígenes de nuestra moderna democracia.
Está instalada la idea de que es algo “meramente formal”, que se contrapone a lo “sustantivo”.
La violación de la república nunca conmovió demasiado, quizás hasta un momento relativamente cercano, en el que aparecieron los frutos de la dura pedagogía de este gobierno, que a fuerza de violentarla mostró su importancia.
En tercer lugar está la capacidad del Estado para hacer cosas, gestionar eficientemente, evaluar los resultados de las acciones y corregirlos.
Es una cuestión de saber técnico y de expertos, que involucra a las agencias, oficinas, dependencias y a los funcionarios, la burocracia.
En este aspecto, el Estado argentino tuvo una larga tradición de capacidad y saber técnico.
Basta recordar el Consejo Nacional de Educación, el Banco Central o el INDEC.
Esta capacidad ha venido decayendo en las últimas cuatro décadas.
Fue responsabilidad de los gobernantes discrecionales, ansiosos por liberarse de límites y controles, pero también de una fisura en la cultura estatal, corroída por la idea, tan popular como falsa, de que achicar el Estado agrandaba la nación.
Desde 1976, invocando reformas estatales indispensables, se llegó a inutilizar las partes esenciales del Estado.
Algunas oficinas fueron liquidadas, los planteles de funcionarios diezmados, y sobre todo se corrompió la noción de servicio público y de ética del funcionario, a fuerza de arbitrariedades y de ejemplos negativos de los gobernantes.
La contraparte son amplios sectores de la sociedad que encontraron la manera de vivir sin el Estado, supliéndolo o ignorándolo.
El cuarto aspecto se refiere a las políticas que ejecuta el Estado, a la manera como se elaboran y como consiguen el apoyo social para sostenerse a través de los gobiernos.
Idealmente, estas propuestas surgen del núcleo del Estado, circulan por toda la sociedad civil y política, y luego de una amplia discusión, han sido rechazadas o aprobadas, corregidas y consensuadas.
Vuelven entonces al Estado para que las instrumente.
Este mecanismo virtuoso requiere un estado en forma, instituciones aceitadas y una sociedad con cultura estatal.
En todo esto estamos flojos.
Los dirigentes tienen una responsabilidad especial en esto.
Imaginemos dos de ellos:
Un empresario y un funcionario estatal.
Uno tiene la función de crear riqueza; el otro la de velar por el interés general.
Pero hay otra relación posible y frecuente, que involucra a ambos, a sus expectativas, experiencias y valores:
La búsqueda de la prebenda en un caso, y de la coima en otro.
Se trata de una relación oscura, que ocasionalmente beneficia a ambos pero que es letal para la sociedad. Es fácil proyectar el ejemplo a otros campos.
Se trata de un círculo vicioso que solo puede romperse con una acción diferente de al menos una de las partes.
Una acción difícil y hasta riesgosa, pero indispensable.
¿Qué podemos hacer hoy?
En lo inmediato, hay que emparchar el Estado, reunir a los funcionarios capaces dispersos, reconstruir lo mínimo de sus agencias, ponerlo a funcionar y darles un ejemplo contundente, por parte de sus nuevos gobernantes y de la sociedad.
Luego hay que acompañarlo para que en la marcha vaya reparándose.
El papel del dirigente ejemplar es esencial.
Más a largo plazo, para recuperar la confianza de la sociedad, y sobre todo de aquella parte para la que el Estado está ausente o es hostil, hay que volver a instalarlo en cada rincón.
Cada barrio, cada “territorio” debería tener un policía honesto, un buen maestro, un médico bien provisto y quizás un fiscal confiable.
La sola enumeración muestra que esto es un proyecto de largo plazo, una política de Estado, cuyo objetivo es recuperar la cultura estatal.
Luis Alberto Romero, Historiador.
Universidad de San Andrés.
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