Nisman: Lo que es y lo que no es.

No me parece. 
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¿A quién no le parece?
Jose Benegas

Es lógico que después de diez años de bombardeo de falacias, negaciones e informaciones falsas difundidas por el aparato con vocación totalitaria del oficialismo, lo que reine sea la confusión.
La defección opositora y de los primeros años del periodismo, no ayudan.
Sin descartar que yo mismo esté confundido en semejante maroma, en estos días escucho definiciones que a mi juicio están muy equivocadas.
Voy a detallar dos:

La señora viola el artículo 109 de la Constitución Nacional al hacer hipótesis delictivas.
No es así y eso sería reducir la cuestión a un exceso de funciones.
La Constitución no refiere a opiniones, ni siquiera a opiniones tontas del presidente.
Cuando dice “conocer”, es un término técnico que implica intervenir, es decir tomar decisiones en el proceso, cosa que esta señora no hizo.
Presiona desde afuera, pero no toda violación a la independencia del Poder Judicial, que sí es el caso, es una violación al artículo 109 de modo específico.

En cambio sí fue una violación al artículo 109 de la Constitución, que se les escapó, la intervención del señor Kirchner como presidente al instar al Congreso al juicio político de la anterior Corte, con el propósito expreso de responder a un fallo adverso para las finanzas y planes políticos de su gobierno.
Su acción estaba dirigida a esos contenidos judiciales que lo estorbaban, a deshacerse de jueces por el modo en que fallaban.
Pero en ese momento nadie dijo nada.
El señor Kirchner con su lugarteniente Beliz, representaban para el común y el no común comunizado, la restauración de las leyes. 
Como Rosas antes, de un modo tan similar.

La señora viola la independencia del Poder Judicial al exponer hechos que conoce al no denunciar lo que dice saber, pero no por no respetar el 109 y “conocer” en el caso.
Pero lo grave acá no es eso, nos estamos deteniendo en lo accesorio.
Interfiere con sus acciones al enviar un delegado personal a la escena del crimen, no por las tontería que dice como cuando involucra a Clarín.
Sus actos en esta causa son cuestionables no porque se mete al opinar, sino porque opera para desviar el curso de un proceso, en un abuso de poder que además es causal suficiente de Juicio Político (la parte de la Constitución que toda la clase política ha decidido violar, es decir, la que se refiere a la responsabilidad del presidente y sus consecuencias).

En lo que se refiere a la investigación el problema fundamental con las declaraciones de la señora sobre el caso Nisman, no es formal.
Tiene que ver con lo que implican en relación al objeto de al menos tres investigaciones penales:
1. La del Atentado de la AMIA,
2. La denuncia contra ella por encubrimiento y,
3. La muerte de Nisman.

Quedarse con la cuestión de la intromisión en el trabajo de la Justicia es minimizar ese significado. Sería como querer condenar a Yiya Murano por copiar la receta de las tortas sin pagar los derechos intelectuales.

¿Qué significa que un delegado político, defensor a ultranza del gobierno, haya estado en la escena del crimen antes que las autoridades competentes?
¿Una violación a la independencia del Poder Judicial o un interés específico?
No entiendo cómo a tanta gente se le puede escapar semejante elefante.

¿Qué significa que la señora y los demás denunciados y el aparato de gobierno estén en una campaña para denostar al muerto?
¿Falta de educación?
¿No entender su alta misión presidencial?
¿Falta de sensibilidad por no dar el pésame a la familia?
¿O una enemistad con la víctima de un posible homicidio?
¿Que valor tiene que todo el aparato estatal haya sido puesto al servicio de la diatriba contra el muerto? ¿Una negligencia o la exhibición obscena de un motivo para celebrar la muerte cuyo autor mediato o inmediato se investiga?

Imaginemos una escena del cine más obvio dónde se descubre un muerto y uno de los posibles involucrados se muestra sumamente nervioso, sale corriendo, se sube a un auto ajeno y huye
¿Qué decimos?
¿Cómo encuadramos la cuestión?
¿Como hurto automotor?

No se, me parece a veces que la principal muerte decidida por el gobierno K es la del sentido común. 
 Por si acaso dejo abierta la respuesta.

Lagomarsino y la provisión de armamento.
La información dice que se ha “imputado” a Lagomarsino la provisión de un arma a una persona no autorizada para la tenencia.
Escuché todo tipo de reflexiones al respecto, incluso que el problema era que Nisman tenía su permiso de tenencia vencido.

En la Argentina hay una ley de Armas número 20.429 y una modificatoria del Código Penal número 25.886 sancionada en abril de 2004 que en su inciso 4 del artículo
1° establece que “será reprimido con prisión de UN (1) año a SEIS (6) años el que entregare un arma de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario”

Acá sí debería saltar el instinto constitucional, que parece otro muerto.
Existe un principio universal del derecho que es el de la legítima defensa, que no sólo es defensa propia, sino que también alcanza a la defensa de otros, como dice el inciso 7 del artículo 34 del Código Penal.
Pero aunque no fuera así, hablo del instinto constitucional porque todo el andamiaje en el que se sustenta una legalidad constitucional (y por lo tanto también la legalidad positiva) parte de la base de que los ciudadanos ceden su defensa, pero no de forma absoluta.
No pierden el derecho a defenderse por sí mismos o hacerlo con terceros, cuando las circunstancias lo ameriten, del modo en que en la Argentina están detalladas en el mismo artículo.

Hay unos requisitos para la legítima defensa.
Debe haber una hipótesis demostrable de la imposibilidad de recurrir a las autoridades policiales y está el requerimiento de la racionalidad del medio empleado.
El otro supuesto es la no existencia de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Aclaremos para los desprevenidos que una denuncia de un fiscal, no es una provocación suficiente sino un acto legítimo y debido.

No creo que a Lagomarsino le pidan que demuestre que tenía motivos para pensar que Nisman no podría recurrir a las autoridades policiales, a juzgar por los resultados.
Pero como el aspecto subjetivo en materia penal es fundamental y la falta que se le imputa no puede cometerse en forma culposa, se disuelve con toda facilidad la pretensión de centrarse en este verdadero perejil de la  historia y en una, en este contexto, absoluta estupidez formal.

Quiero decir con esto que me parece que hay fallas gruesas de formación en quienes se dejan barrer por la apariencia formal de las situaciones y no entienden el problema esencial de la juridicidad, que es proteger derechos, no reglas en abstracto.

Si estamos frente al caso de un fiscal que acaba de denunciar a un presidente autoritario en un hecho que es un escándalo internacional, en el que están involucrados los intereses de varios países y actos de terrorismo, Lagomarsino sería un verdadero imbécil si se pone a leer la ley 25.886 y le dice que no puede darle el arma si no le muestra el carnet de legítimo usuario.
Para colmo a un fiscal.
Tal conducta no es ni jurídicamente exigible ni deseable.

Si la decisión fue buena o mala, si debió hacer otra cosa, es harina de otro costal.
Lagomarsino por entregar el arma en sí, no tiene ninguna relevancia por sí misma y hasta ahora nadie la ha vinculado con un homicidio.

Si alguien llega a recibirse de abogado pensando que en el medio de un tiroteo mientras alguien es asaltado, un señor le acerca un arma al que se está defendiendo sin preguntarle por su permiso de tenencia, comete un ilícito, estamos en serios problemas.

Vamos al elefante:
El gobierno quiere tirar la pelota afuera de la cancha con cualquier cosa
¿Por qué?
Yo díría que habría que preguntárselo al hijo de Pierri.
Seguro lo sabe.

Otra pregunta fácil ¿Cómo se comportaría un gobierno inocente?
Ahora comparemos.