Nisman, y el precedente francés del que nadie habla

A cargo de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía Amia, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos en Buenos Aires en 1994, Alberto Nisman había acusado a miembros del Hezbollah libanés como autores materiales, bajo la dirección de funcionarios iraníes en Teherán y en la embajada de su país en la Argentina.
Como consecuencia de sus investigaciones, Interpol había lanzado pedidos de captura internacional contra cinco de estos funcionarios.

Gilles Boulouque era el juez instructor de una serie de atentados cometidos en Paris en 1986, que hicieron en total 13 muertos y más de 250 heridos.
Según él, un comando del Hezbollah había colocado las bombas, cumpliendo órdenes de Wahid Gordji, oficialmente traductor pero en realidad jefe de inteligencia de la embajada iraní en Francia.

Pero ni Nisman ni Boulouque pudieron ver sus acusaciones confirmadas (o desmentidas) en el marco de un juicio de los iraníes que querían procesar.

En el caso de la Amia, ante la negativa de Teherán de entregar a los sospechosos, la Argentina firmó en el 2013 un acuerdo con Irán que preveía que pudieran ser interrogados en su país.
Nisman entendió que dicho acuerdo escondía un pacto secreto por el cual la presidenta Cristina Kirchner, de quien era cercano hasta entonces, iba a exculpar a los supuestos terroristas, tal como lo declaró públicamente unos días antes de su muerte.

En el caso de los atentados de París, si bien las relaciones entre el magistrado instructor y el Gobierno parecen haber sido más ambiguas, el desenlace fue más rápido...
Después de declarar ante el juez Boulouque, en noviembre de 1987, Wahid Gordji fue inmediatamente repatriado a Irán.
Paralelamente, dos rehenes franceses detenidos por el Hezbollah en el Líbano eran liberados, presumiblemente en el marco de un intercambio acordado con las autoridades francesas y supervisado por el entonces ministro del Interior Charles Pasqua.

Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015, en su departamento, de una bala en la cabeza disparada por una pistola que le había pedido la víspera a uno de sus colaboradores.
Tenía 51 años.
La investigación sobre su muerte está en curso y todas las hipótesis siguen abiertas.
Pese a que la mayoría de los indicios hacen pensar en un suicidio, numerosos argentinos creen que fue asesinado.

Gilles Boulouque murió el 13 de diciembre de 1990, en su casa, de una bala en la cabeza disparada por su arma de servicio.
Tenía 50 años.
Según la investigación, se habría suicidado, pero todavía hay franceses que dudan de ello.

Entre los dos casos, también hay diferencias.
Nisman, magistrado muy mediático, estaba apoyado por toda la prensa argentina hostil al Gobierno, y por un importante sector del aparato judicial.

Boulouque, hombre discreto, fue atacado por la mayoría de los medios franceses por su supuesta complicidad con el intercambio que permitió liberar a Gordji y hasta fue inculpado por el Ministerio Público por “violación del secreto de la instrucción”.
Pero ambos magistrados fueron dejados solos, cuando estaban presionados y amenazados por investigar hechos de terrorismo internacional en los que pudieron haber intervenido varios servicios de inteligencia (el iraní obviamente, pero también el Mossad israelí y la CIA estadounidense, así como los de sus respectivos países) y sobre los cuales pesaban intereses de Estado en gran parte ocultos.
Entonces, que se trate de un suicidio o de un homicidio, se puede pensar, en uno y otro caso, como lo dice el ex juez francés Jacques Bidalou acerca de Bouloque, que estos dos magistrados antiterroristas fueron “asesinado(s) por un sistema judicial cuyas prácticas tiene que ver con el Kremlin y la Mafia”.

Para él, “Gilles Boulouque murió por haber estado al servicio de la manifestación de la verdad en un mundo en el que ya no hay lugar para la verdad”.
Excesivo, sin duda.
Pero, independientemente de otras conclusiones, lo que parece demostrar el inquietante paralelismo de estos dos casos es, al menos, que este tipo de investigaciones no debería ser confiado a un hombre solo sino a equipos de magistrados, especialmente formados y protegidos.
Lo que supone, obviamente, que los gobiernos privilegien realmente la búsqueda de la verdad.

Por Juan Buchet, corresponsal en Argentina para espanol.rfi.fr