Jubilados sin Justicia

EDITORIAL

LA NACION

Los más de siete años que duran los juicios para actualizar los magros haberes se convierten en verdaderas penas de muerte para los litigantes

El dicho afirma que "una Justicia lenta no es Justicia".

Ahora bien, cuando la lentitud de la Justicia se posa sobre el fuero previsional, la justicia lenta se convierte en pena de muerte.

En la Cámara de la Seguridad Social agonizan 80.000 causas con sentencias de primera instancia congeladas, donde cada expediente permanece alrededor de 17 meses antes de ingresar a las salas para el trámite del recurso de apelación correspondiente (lo que insume dos años más de demora en promedio).

A ello hay que sumarle las 30.000 causas que están en trámite en las tres salas.

Es decir que 110.000 jubilados sufren lo que en patología jurisdiccional se denomina técnicamente "privación de justicia".

A esto debemos agregar los miles de casos que ya tienen sentencia favorable de la Corte -que llegaron al máximo tribunal debido a la estrategia de un Poder Ejecutivo que apela sistemáticamente en todas las instancias para dilatar los procesos.

En definitiva, el promedio para que un jubilado acceda a la actualización de su jubilación se estira a siete u ocho años hasta que se efectiviza.

De esta manera, son miles los jubilados que mueren antes de poder cobrar el reajuste de sus jubilaciones, convirtiendo al sistema previsional y a la justicia de Seguridad Social en un rifle sanitario al servicio de un superávit fiscal utilizado discrecionalmente en acciones ajenas a garantizar la calidad de vida de los últimos años de nuestros abuelos.

Por eso, resulta de suma trascendencia el pedido que formuló el presidente Mauricio Macri al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, para ponerse al día con el pago de las sentencias judiciales por actualización de haberes jubilatorios de 2003 a 2006, pero no sólo de las 50.000 sentencias firmes emanadas de la Corte Suprema de Justicia.

La prioridad será para los jubilados de entre 85 y 99 años, o que padezcan enfermedades terminales o vivan situaciones extremas.

La Corte Suprema ha profundizado el colapso del fuero con fallos que no ayudaron a sentar criterios jurisprudenciales que hubieran agilizado los procesos, como dar curso a las medidas cautelares en lugar de revocarlas.

Pero mientras los beneficios de una Justicia rápida no llegan a miles de jubilados, familiares de los miembros de la cámara son beneficiados por la discrecionalidad y nepotismo en algunos nombramientos que violan el artículo 12 del Reglamento para la Justicia Nacional que apunta a impedir designaciones en función de parentesco, como sucede con la prosecretaria general de la cámara, Silvina María Borghi, hija de la camarista -y actual presidenta Mabel Maffei de Borghi.

Cuando se denunció el hecho de que la prosecretaria dependía directamente de la presidencia de la cámara, es decir que la hija dependía directamente de su madre, en un confuso dictamen la Dirección Jurídica General de la Corte Suprema sostuvo que los funcionarios de la Secretaría General (secretario y prosecretario generales) no dependían en forma inmediata de la presidenta de la cámara, sino de la cámara misma.

Esta interpretación tampoco despeja el vínculo de dependencia, ya que Mabel Maffei es miembro de la cámara además de su presidenta, por lo que Silvina Borghi continúa dependiendo de su madre en un claro acto de incompatibilidad manifiesta.

También el fuero sufrió una feroz persecución política por parte del gobierno kirchnerista, que se ensañó contra los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes fallaban a favor de las medidas cautelares, ordenándole a la Anses que actualizara las jubilaciones de manera inmediata sin esperar los años que demora el trámite ordinario. Ambos magistrados sufrieron un proceso de pedido de juicio político durante años, hasta que el apoyo de la ciudadanía, asociaciones profesionales de abogados, organizaciones intermedias vinculadas al derecho y la falta de sustento del pedido hicieron que la denuncia fuera desestimada.

El camarista Herrero calificó de "escarnio jurídico" y "trama siniestra" al drama social del jubilados obligados a recurrir a la Justicia para actualizar sus haberes y mencionó, entre varias de las causas, la decisión política de la Anses de no aplicar los fallos de la Corte Suprema a los casos análogos, y la decisión del máximo tribunal de "asignar efecto individual a la sentencia Badaro y no expansivo, como habría correspondido, lo que ocasionó el colpaso del fuero previsional".

La deuda que ese sistema tiene con los jubilados, además de financiera, es moral y de enormes dimensiones.

La primera se salda priorizando las partidas presupuestarias para cumplir con los fallos judiciales, debiendo sumarse el producido por la venta de las acciones que la Anses posee en empresas privadas.

La segunda requiere la sensibilidad política para terminar con el perverso sistema de apelaciones que convierte el trámite de actualización de las jubilaciones en un certificado de defunción.

En este contexto, resulta muy valiosa la decisión del presidente Macri, al tiempo que jueces como Herrero y Fernández, que no fueron apoyados por sus colegas del fuero ni por la asociación que los nuclea durante los cuatro años de impiadosa persecución a los que fueron sometidos por el gobierno anterior, se convierten en la última esperanza de cientos de miles de jubilados que, además de víctimas de la vejez, se tornan rehenes de un perverso sistema previsional que se empeña en negarles su derecho convencional y constitucional a un nivel de vida digno.