YPF, ejemplo del “modus operandi” K

Y Páguele Fuerte

En esta segunda nota de “Memorias del latrocinio”, vemos el zigzagueo con la empresa más grande del país
Por Sergio Serrichio @sergioserrichio

Un poco de historia permitirá entender el modus operandi K a lo largo del tiempo y en diversas circunstancias.
Como gobernador de Santa Cruz y presidente de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), Néstor Kirchner encabezó en septiembre de 1992 un fuerte lobby para que el Congreso apruebe la privatización de YPF.
En Diputados el miembro informante fue Oscar Parrilli, a la sazón secretario general de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) de los gobiernos kirchneristas. Kirchner también firmó con los entonces ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Interior, José Luis Manzano, un “acta-acuerdo” que le permitió cobrar 654 millones de dólares en “regalías mal liquidadas” de YPF, origen de los llamados “Fondos de Santa Cruz”, de cuyo manejo nunca dio cuenta.
En junio de 2005, Santiago Lozada, juez de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, archivó las actuaciones y cerró el caso.

A partir de 2003, ya presidente, Kirchner mantuvo un constante tironeo con Repsol, hasta que los españoles acordaron con el “Grupo Petersen”, de la familia Eskenazi, lo que el kirchnerismo llamó la “argentinización” de YPF.
Repsol justificó el acuerdo diciendo que los Eskenazi eran “expertos en mercados regulados”.
En otras palabras, caballos del Komisario.
Y bien lo habían demostrado.
La aceleración de su fortuna empresarial había sido la privatización, también en la era menemista, del Banco de Santa Cruz, cuando la provincia era gobernada por Néstor. 
Con ese antecedente, al inicio de la presidencia de Kirchner los Eskenazi tuvieron la aprobación express del BCRA para que el Banco de Santa Cruz absorbiera a los mucho más grandes Nuevo Banco de Santa Fe y Banco de Entre Ríos SA (Bersa).
“La presión del gobierno fue tremenda”, dijo un miembro del directorio.

CFK en la Casa Rosada con Enrique y Sebastián Eskenazi, el titular de Repsol, Antoni Bruffau, y la “mano derecha” de De Vido, Roberto Baratta.

“Argentinización” en puerta
La “argentinización” fue extraña:
Se hizo a través de una empresa española, Petersen Energía SA, cuyo único accionista era, a su vez, “Petersen Energía PTY Ltd”, una sociedad creada poco antes en Australia.
Con esa maniobra, y un préstamo inicial de Credit Suisse, los Eskenazi pudieron hacerse del 15% de YPF, porción que luego aumentaron al 25%.
Para que los compradores pudieran pagar las cuotas, se estipuló (cláusula 7.3) que las partes distribuirían 90% de las utilidades de YPF, porcentaje altísimo en la industria petrolera, donde raramente supera el 40%, pues significa descapitalizar (vaciar) la compañía al sabotear la inversión en exploración y desarrollo.
Además, en su cláusula 5.1 el acuerdo estipuló como “condición resolutoria” la autorización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o el reconocimiento escrito de la secretaría de Comercio.
Ergo, el gobierno participó y aprobó.

La consiguiente escasez de inversión llevó a una fuerte caída en la producción de gas y petróleo de YPF y a una creciente importación de energía, que en 2011 rozó los 10.000 millones de dólares e impulsó, a fines de ese año, la imposición del “cepo” cambiario y, en abril de 2012, la “recuperación” de YPF mediante la expropiación de la mayoría que aún detentaba Repsol.

La movida tuvo un macizo respaldo legislativo y fue una ocasión celebratoria para el kirchnerismo, que difundió carteles con el viejo logo de YPF pero ahora con las letras de CFK. Eran el suelo y el subsuelo nacional, la Patria misma.

Además, a los 100 días de su gestión, el nuevo presidente y Ceo de la YPF Nac&Pop, Miguel Galuccio, a quien el gobierno había repatriado de la multinacional de servicios petroleros Schlumberger, por recomendación del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, presentó, junto a la presidenta y los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido, el Plan YPF 2013-2017 por el que, dijo, en cinco años la petrolera Nac&Pop duplicaría su actividad exploratoria y aumentaría su nivel de producción al menos 6 % anual.

Junio de 2012:
El “Mago” Galuccio presenta junto a la presidenta y los ministros Kicillof y De Vido el “Plan Estratégico” de YPF

Mientras, Repsol ya había iniciado un reclamo a la Argentina en el CIADI, un tribunal arbitral del Banco Mundial. Cuando Kicillof atestiguó en el Congreso dijo que la “recuperación” de YPF no le saldría al país un solo peso y que Repsol, por el contrario, debería resarcir a la Argentina por los “pasivos ambientales” que había dejado a su paso.

En febrero de 2014, sin embargo, en pleno intento de “reinserción financiera”, que incluyó el pago de dos arbitrajes ante el CIADI y un costoso arreglo con el Club de París, movidas que para peor no llevaron a ningún puerto, debido a la irresolución del litigio con los fondos buitre, Kicillof terminó reconociéndole a Repsol 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF y comprometió al país en un flujo de pagos por 10.680 millones de dólares en 20 años. 

Los vencimientos de todos los bonos emitidos, salvo unos pocos Boden 2015, recaerán sobre los cinco gobiernos posteriores a los de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
El arreglo tuvo además una cláusula “lock up” que habilitó a Repsol a liquidar de inmediato los bonos que recibió del estado argentino.
Esa deuda ya ni siquiera es “con Repsol”.
Es deuda a secas.
El principal interesado en el acuerdo con Repsol era Galuccio.
Si no se solucionaba el reclamo de Repsol, decía, a YPF le sería cada vez más difícil asociarse con petroleras internacionales de peso para desarrollar su “joya”, la formación geológica “Vaca Muerta”, que hizo de la Argentina la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.

De hecho, para asociarse con la norteamericana Chevron, acuerdo que concretó a fines de 2012, la YPF Nac&Pop no solo había aceptado jurisdicciones extranjeras (Cámara de Comercio Internacional de París y ley de Nueva York) para la eventual resolución de diferendos con su amigo americano, sino que también había creado -según revelaron los periodistas José Stella, fallecido en febrero pasado, e Ignacio Montes de Oca- al menos cuatro sociedades offshore en Delaware, suerte de paraíso fiscal en EE.UU., a nombre de directivos como Germán Laría, a la vez director de YPF y “Planning Manager” de Chevron, y Juan Garoby, gerente de Recursos No Convencionales de YPF y ex ejecutivo de Schlumberger, la compañía en la que había trabajado Galuccio.

Recapitulando: el kirchnerismo propició primero la privatización (que le valió a Santa Cruz una “compensación” de 654 millones de dólares), luego la “argentinización” y al cabo la “recuperación” de YPF, por cuyo 51% terminó reconociéndole a Repsol 5.000 millones de dólares en bonos con un flujo de pagos de 10.680 millones que afrontarán el actual y los próximos cuatro gobiernos.
En ese proceso, el precio de los combustibles aumentó fuertemente en el mercado local.
A la inversa de los años previos, cuando el gobierno reconocía a YPF/Repsol y a las demás petroleras locales un valor inferior a la mitad del precio mundial del crudo, una política de constantes aumentos llevó a que los argentinos paguemos ahora más del doble del precio mundial.
Todo para “ayudar” al “Mago” y sus muchachos.

Pese a las promesas K, sin embargo, YPF no logró revertir la caída en la producción total de gas y petróleo del país y a principios de marzo de 2016 su cotización en la bolsa de Nueva York era 57% más baja que en los albores de su “recuperación”.
Una pérdida de valor muy superior a la de otras petroleras “integradas”, como Exxon y su socia Chevron, pese a que éstas sufrieron de lleno, en sus actividades fuera de la Argentina, la caída del precio internacional.
El balance de las reservas de hidrocarburos entre 2003 y 2014, del que la política energética K e YPF fueron los principales responsables, en especial desde 2008 con la ”argentinización” y más aún desde 2012 con la “recuperación” estatal de la empresa, muestra que el país perdió reservas por el equivalente a dos años de producción de petróleo y más de nueve de gas, descapitalizándose en 115.000 millones de dólares.
Aún así, el gobierno de Macri reconoce a Galuccio haber evitado que la empresa fuera copada por militantes de la Cámpora y convalidó su decisión de mantener secreto el acuerdo YPF-Chevron, pese a ordenes en contrario de una jueza federal y de la Corte Suprema de Justicia.

Pero aunque resistió el avance camporista, YPF fue vehículo de operaciones, escraches mediáticos y pauta publicitaria en gran escala.
Ejemplo de lo primero fue la “cámara oculta” a Carlos Pagni, de La Nación, con la obvia participación de servicios de inteligencia, para intentar desacreditar sus notas sobre la gestión de los Eskenazi en YPF.
La pestilente operación se difundió en dos emisiones consecutivas de 6,7,8, el programa emblema de propaganda kirchnerista.

El “escrache” corrió por cuenta de la propia presidenta, que en agosto de 2012, en cadena nacional, denunció que entre 2008 y 2011 YPF había pagado 240.000 pesos por año a la esposa del periodista Marcelo Bonelli y a un “socio” no identificado, por un total de casi un millón de pesos.
CFK hasta pidió una “ley de ética pública” para la prensa, blanco de su enojo.
Fue una denuncia rara.
Primero, porque el período aludido coincidía con la “argentinización” y la entrada en YPF de los Eskenazi, a gusto de Néstor Kirchner.
Y segundo, porque la presidenta habló de once millones de pesos anuales de YPF en “servicios no prestados” de periodistas, pero mencionó solo un caso, por apenas 2% del valor.
YPF no difundió lista alguna de periodistas beneficiados ni sobre su pauta publicitaria.

A esa altura, el desinterés en dar a conocer esos gastos era entendible:
El manejo estaba a cargo de Dorotea Gompertz de Capurro (más conocida como Doris Capurro), amiga personal de CFK.
De su mano, en 2014 YPF elevó los gastos de publicidad a 710 millones de pesos (380 millones sólo en el último trimestre).
Esto es, unos dos millones de pesos por día.

Esos datos figuraban en la presentación de YPF ante la Securities and Exchange Commission (SEC, el regulador bursátil de EE.UU.).
Eran cifras fuera de línea: en 2012 los gastos del rubro habían sido de 182 millones y en 2013 de 265 millones.
En solo un año, la “pauta” de YPF había crecido 168 % y en los dos desde la “recuperación” estatal, se habían casi cuadruplicado.
Gran parte de los fondos, sugirieron investigaciones del sitio Eliminando Variables y el periodista Luis Gasulla, fueron canalizados al “Grupo Capurro”, constelación de sellos creados por Doris, su marido, el difunto periodista y publicista Marcelo Capurro (ex socio del ex canciller Héctor Timerman) y sus hijos.
Gasulla hasta sugirió que Doris se asoció a Sergio Schoklender en Meldorek, empresa central en la estafa del programa de Viviendas “Misión Sueños Compartidos”, de Madres de Plaza de Mayo.

Azorados por estos datos, el diputado Alberto Asseff, del Frente Renovador, y la Fundación LED, pidieron a la Jefatura de Gabinete informes sobre la “pauta” de YPF.
En ambos casos, no hubo respuesta.
O, mejor dicho, sí.
Fue la siguiente (sic):
“YPF, al operar como SA, no es pasible de aplicársele legislación o normativa administrativa que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.

En otras palabras, la YPF Nac&Pop había pasado a ser un coto cerrado.