El valor de la ética en una administración pública responsable

Carlos Cueto Cedillo

Hoy en día se reconoce la existencia de un problema máximo y generalizado en nuestra sociedad:

La desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos, en los gobernantes y en los administradores públicos.

La ciudadanía es cada vez más sensible a que la actuación de los poderes públicos (en concreto, el poder ejecutivo) sea respetuosa tanto con el espíritu y letra de la ley, como con los principios éticos y valores sociales de su entorno y con la propia herencia cultural y política.

Que el sector público deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo y para eso ya existen las leyes y diferentes instituciones y órganos de control en un estado democrático y de derecho.

Pero además los gobernantes y administradores públicos tienen que mostrar su capacidad para desarrollar un servicio público con clara vocación y orientación al ciudadano e incluso llegar a consolidar principios y valores compartidos, dado que el sector público refleja la ética de la propia sociedad donde aparece y donde está inmerso.

Coloquialmente muchas veces ética y moral se emplean como sinónimos.

Pero no significan exactamente lo mismo.

La ética constituye una rama filosófica que reflexiona sobre la moralidad de nuestra conducta con la intención de legitimarla a partir de unos principios compartidos y respetados por cualquier individuo, independientemente de su moral.

La ética no es sólo individual porque puede contribuir también a que una sociedad sea más eficiente y responsable. 

Cuando las decisiones se toman en representación de una colectividad, la moral individual es insuficiente.

De ahí que el verdadero valor de la ética en el ámbito público se tenga que centrar básicamente en lo que “debe ser” y el “cómo” lograr la integración de los valores de la sociedad en el Gobierno y Administración pública.

El “deber ser” en el ámbito público no se circunscribe al cumplimiento de la legalidad, sino que alcanza también a los valores sociales, porque aunque no lleguen a estar reglamentados en normas jurídicas, vienen a expresar algo más que un estado de opinión, generando incluso reacciones de más o menos aceptación y hasta de rechazo a determinadas conductas y comportamientos corruptos de las organizaciones públicas, de sus empleados y cargos y de los representantes que las gobiernan.

De hecho, la corrupción no es sino una de las manifestaciones de la crisis de valores en una sociedad democrática y de derecho, que ha venido primando más los derechos y el relativismo moral, en detrimento del sentido del deber y de la atención a los principios éticos en la gestión de la “res pública”.

Ciertamente, han desaparecido o se han transformado muchos valores en nuestra sociedad, y se ha ido haciendo patente la necesidad acuciante de reinventarlos e incluso elevarlos a rango de Códigos.