Antes
de la Audiencia Pública,
la OA le pidió a Aranguren que venda sus acciones
Este
lunes (12/9) la Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó sobre la situación del
Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en virtud de su previo rol
como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd en el
marco de las normas sobre conflictos de intereses y le recomendó “que se
desprenda de su participación societaria en la empresa o que adopte alguna
medida patrimonial (tal como la constitución de un fideicomiso ciego de
administración y disposición)”.
El
organismo que dirige la exdiputada del PRO, Laura Alonso, le pidió al ministro cumplir con el “deber de prudencia” previsto
en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.
En
un dictamen de 85 páginas que se dio a conocer este lunes (12/9), la Oficina
Anticorrupción (OA) le recomendó al ministro Juan José Aranguren que venda sus
acciones en Shell.
El
organismo que preside la exdiputada del PRO, Laura Alonso, le sugirió al
funcionario que se desprenda de su participación en la compañía o que opte por
un fideicomiso ciego como hizo el presidente Mauricio Macri.
La OA dictaminó
sobre la situación de Aranguren en virtud de su previo rol como CEO de Shell y
su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll Ltd en el marco de las normas
sobre conflictos de intereses.
La
oficina sustentó su recomendación en el “deber de prudencia” previsto en el
artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública.
Este
artículo sostiene que “el ejercicio de la función pública debe inspirar
confianza en la comunidad.
Asimismo,
debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función
pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad
respecto de sus servidores”.
Además, la OA le
hizo saber al Ministro que deberá abstenerse de tomar intervención en
cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el
Grupo Shell
(Royal Dutch Shell cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de
políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario.
En
caso que se presente una situación de este tipo, el Ministro deberá comunicar
su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá
intervenir en su reemplazo.
En
ese sentido, la Oficina Anticorrupción destacó que si bien la Ley 25.188 no
prohíbe la tenencia de acciones en empresas que operan en el ámbito donde se
desempeña un funcionario y sólo lo obliga a abstenerse de intervenir en las
cuestiones relacionadas a dicha sociedad, las particulares circunstancias del
caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como
medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas.
La
resolución de la OA se encuentra en sintonía con lo pronunciado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2003:
“En
una sociedad cada vez más exigente, los conflictos de intereses de los
funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial
de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”.
Además,
en 2005, la organización aseguró:
“Para un
funcionario público, tener un ‘aparente conflicto de interés’ puede ser tan
serio como tener un conflicto real, por la potencial duda que puede surgir
sobre la integridad del funcionario, y la integridad de la organización del
funcionario”.
Aranguren
fue CEO de Shell hasta junio de 2015 y aún conserva $ 16 millones en acciones
de esa petrolera.
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