"De Argentina para el mundo..."

A poco de ganar las elecciones por el 54%, sugerí que debíamos Ver venir la administración de la presidente.

Lamentablemente, somos muchos los ciudadanos (no habitantes) quienes notamos que estamos y vamos mal…

¿Hacia dónde nos dirige la presidente de todos los argentinos…?

El pueblo quiere saber

...
Ver venir


Caricatura de Alfredo Sabat

martes, 7 de febrero de 2017

Gómez Centurión Vs la dictadura invisible.

Por Nicolás Márquez

Para muchos, las recientes declaraciones emitidas por el actual director de la Aduana Juan José Gómez Centurión relativas a nuestro pasado reciente fueron un verdadero disparate, y desde muchos ángulos cayeron en plañidero manifestaciones de repudio, denuncias penales o pedidos de renuncia.
Pero aunque efectivamente lo dicho por el funcionario haya sido un disparate, el asunto es que él tiene que tener todo el derecho de opinar como le plazca dado que en un Estado de derecho democrático y moderno que se precie de tal, la opinión no podría jamás estar sujeta a condicionamientos ideológicos ni a presiones políticas de un grupo o de varios grupos militantes que pretendan monopolizar el bien o la verdad, y que encima se arroguen la potestad de determinar que está permitido decir y que está prohibido decir.
El problema en cuestión se torna mucho más complejo si advertimos que encima, lo dicho por Gómez Centurión lejos de constituir el cacareado disparate tiene mucho de cierto puesto que hay una documentada historia que le da la razón en las afirmaciones que le fueron cuestionadas o vilipendiadas, y que trataremos de desentrañar aquí.

GC: “No es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras”

Gómez Centurión disparó esta sentencia al retrucar el conocido mantra que le endilgaban los panelistas intervinientes en la tertulia, relativo a la existencia de “treinta mil desaparecidos” durante el último gobierno militar.
Pero del último listado gubernamental y oficial de desaparecidos actualizado por la Secretaría de Derechos Humanos en marzo del 2006 (presidencia de Néstor Kirchner), se confirmó que la cifra real de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fue la siguiente: 6.809 (datos luego detallados en la edición del libro Nunca Más publicada ese mismo año por Eudeba).
A lo que cabe sumarle casi mil desaparecidos obrantes antes del gobierno de facto y cuya responsabilidad política y militar obviamente es imputable al régimen peronista que gobernó el país hasta el 23 de marzo de 1976.
De manera tal que bajar la cifra de 30 mil a 8 mil en la discusión histórica (o a 6800 para hablar con mayor propiedad cuando se refiere al Proceso de Reorganización Nacional) lejos de “tergiversar la verdad” se subordina a ella.

GC: “El país vivió una guerra y hay que encontrar el sentido de verdad del contexto histórico”

Lo dicho podrá sonar escandaloso para los monotemáticos tiempos que corren, pero esto fue reconocido por los cuatro grandes protagonistas político/militares de la época, quienes no sólo pensaban de un modo muy distinto entre sí sino que incluso fueron enemigos:
Juan Perón, Jorge Rafael Videla, Mario Roberto Santucho y Mario Firmenich.
Vale decir, no sólo los principales actores de entonces reconocían tal situación, sino que dicho escenario bélico fue definido con precisión de centavo años después por la mismísima sentencia de la Cámara Federal que en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín juzgó a la Junta Militar (la famosa Causa 13), en cuyos considerandos se destacó lo siguiente:
“En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»;
«algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»;
«…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”.

GC: “Yo no comparto que fue un plan genocida”

Le asiste la razón nuevamente al satanizado Gómez Centurión.
La Convención de Ginebra suscripta el 9 de diciembre de 1948 tipifica el término “genocidio” en su art. 2° y allí se define que es:“la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”

De manera complementaria, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 define el “genocidio” en su artículo 6 y allí se enseña lo siguiente:“se entenderá por ´genocidio´ cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”

Las circunstancias definidas, obviamente no se dieron durante el conflicto militar contra el terrorismo en nuestro país, puesto que desde ninguna óptica se intentó efectuar una destrucción a grupos étnicos, raciales, ni religiosos, sino a bandas terroristas (fundamentalmente a Montoneros y al ERP –Ejército Revolucionario del Pueblo) que operaban en el país desde mucho tiempo antes de la irrupción en escena del gobierno de facto el cual, dicho sea de paso irrumpió ante la presión y consenso social existente en torno a la posibilidad de una solución militar ante el caos vigente.
En efecto, durante el trágico desencuentro de los años 70´ las Fuerzas Armadas combatieron a los integrantes de dichas organizaciones no por lo que eran, sino por lo que hacían.
Que esa guerra haya contado con irregularidades muy graves por parte de las Fuerzas Armadas no desnaturaliza en absoluto el carácter contrainsurgente de la misma, a la vez que la controvertida condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente.

Podría decirse que muchos de los desaparecidos no eran guerrilleros sino simples ciudadanos pacíficos que portaban ideas altruistas e igualitarias.
Pero si así fuese, esa cruel situación tampoco entraría en la calificación técnica del concepto de genocidio. Romántica e inofensiva versión del sujeto desaparecido que los coeficientes históricos parecieran desmentir dado que el grueso de los desaparecidos eran integrantes orgánicos de la guerrilla:
Montoneros tuvo al menos 5500 bajas y el ERP unas 1500, cifras a las que cabe sumar las padecidas por bandas terroristas de menor envergadura y estructura, tales como:
FAL (Fuerzas Armadas de Liberación),
FAR (Fuerzas Armadas revolucionarias)
u OCPO (Organización Comunista Poder Obrero).

Va de suyo que no descartamos la existencia de muertos inocentes y ajenos a estas organizaciones armadas en tan trágico período, pero resulta evidente que estas desdichadas y repudiables situaciones constituyeron la excepción y no la norma, excepciones que por otra parte se registran toda vez que se produce una confrontación insurgente de tinte asimétrico o una guerra civil de carácter irregular como en este caso.

GC “Yo no creo que haya existido un plan sistemático”

Y aquí viene la afirmación de Gómez Centurión menos sólida
En una guerra, todos los bandos en pugna tienen un plan sistemático cuya finalidad no es otra que  aniquilar al enemigo.
Por ende tanto las organizaciones terroristas como las Fuerzas Armadas sí tuvieron un plan sistemático de destrucción recíproca.
Pero en la contienda que nos ocupa dicho plan fue ordenado y diseñado por el gobierno peronista de Isabel Perón (llama la atención que los dirigentes peronistas se horroricen de la opinión de un funcionario y no del plan sistemático que su propio partido en ejercicio del poder puso en práctica), a través de los famosos decretos emitidos en febrero y octubre de 1975 los cuales ordenaban literalmente “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, siendo que la expresión “aniquilar” conforme el Reglamento de Terminología Castrense implicaba la eliminación física y/o moral del enemigo”.
Vale decir, el plan sistemático consistía en eliminar de cualquier modo al oponente militar y eso se hizo de modo rotundo durante el gobierno constitucional y se continuó durante el gobierno de facto.

Afortunadamente, desde 1983 a la fecha el terrorismo dejó de ser una regla cotidiana para ser una tragedia esporádica:
El atentado al cuartel de La Tablada en 1989 y los atentados a las entidades judías (AMIA y DAIA) en los años 90´ fueron desde entonces los despreciables episodios más frescos que nos ha tocado padecer en la materia.
Y de manera complementaria, también es cierto que desde entonces no se padeció ningún alzamiento militar de envergadura que pusiera en juego la pervivencia de la institucionalidad.
Sin embargo, cabe señalar no sin preocupación que hay aspectos del pasado que no se pueden discutir o revisar y quien osa hacerlo (como lo hizo Gómez Centurión) es de inmediato arrojado al cadalso por delito de opinión. Linchamiento público inaceptable si se pretende vivir en un Estado republicano y plural en vez de en un sistema culturalmente autoritario en el cual una secta progresista detenta el monopolio del saber y determina qué es lo que debe pensarse y que es lo que no debe pensarse.

Se le atribuye a Octavio Paz la frase que sentencia que “la dictadura perfecta es aquella que no se nota que lo es”.
¿Estamos asistiendo a una suerte de dictadura invisible en la cual el que osa desmarcarse del catecismo historiográfico permitido pasa a ser castigado a una suerte de capitis diminutio?
Interesa la pregunta porque si esto es así, Gómez Centurión acaba de ser víctima de ese autoritarismo intangible que con tanto empeño hoy se ejerce paradojalmente en nombre de los “derechos humanos”:
Esta es la misma religión laica cuyos dogmas imponen ciertos grupos que se encargan de prohibir toda justificación a la dictadura de Jorge Rafael Videla pero que a la vez despide con aplausos y honores los restos de Fidel Castro…

Es decir de quien desde su dictadura en Cuba fue padrino, promotor e impulsor de las guerrillas que hemos padecido en nuestro país.

No hay comentarios: