DENUNCIA de Amnistía Internacional

El gobierno de Nicolás Maduro detiene 
de forma arbitraria a los disidentes políticos...

Por Albinson Linares

Durante las protestas sucedidas en Venezuela desde el 3 al 24 de abril han fallecido 26 personas, 437 tienen lesiones y 1289 fueron detenidas, según datos de la fiscalía venezolana.

José Vicente García fue detenido el 17 de octubre de 2016 sin una orden judicial y permanece preso aunque tiene una boleta de excarcelación. Gilber Caro y Steyci Escalona fueron encarcelados en enero cuando supuestamente les incautaron un fusil de guerra y material explosivo en el vehículo que usaban.
Desde agosto de 2016, Yon Goicoechea está preso aunque existe una resolución judicial que establece que se han cumplido todos los requisitos para su liberación.
El abogado Marcelo Crovato fue detenido en abril de 2014 por ayudar a unos vecinos durante un allanamiento y sigue en arresto domiciliario, beneficio que se le concedió luego de un intento de suicidio.
Estas son algunas de las detenciones de disidentes políticos que se han convertido en una práctica común del gobierno de Nicolás Maduro, según concluye un nuevo informe de Amnistía Internacional. Silencio a la fuerza:
Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela es el título del documento que enumera y tipifica algunas de las formas en las que se utiliza el sistema de justicia para “incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente”.

“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos se han convertido en una constante en Venezuela, país que vive una de las peores crisis de derechos humanos de la región”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Se han reportado más de mil personas detenidas en las últimas manifestaciones, por lo que nos pareció importante visibilizar la situación que enfrentan los opositores pero también los jóvenes que simplemente expresan su oposición en contra de las políticas del gobierno”.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró el martes que durante las protestas sucedidas en Venezuela desde el 3 al 24 de abril han fallecido 26 personas (22 adultos y 4 adolescentes), 437 tienen lesiones y 1289 fueron detenidas.

El informe resalta el uso de tipos penales como “traición a la patria”, “terrorismo” o “rebelión”, que son considerados ambiguos y discrecionales lo que aumenta el riesgo de que los acusados no puedan recibir un juicio justo que observe el debido proceso.
Además estos delitos facilitan el procesamiento de civiles en juzgados militares, una medida que es muy criticada en la investigación de Amnistía Internacional.

“Un tribunal militar no cuenta con las condiciones para procesar a civiles acusados de esos delitos, eso muestra la falta de independencia de los operadores de justicia.
Otra tendencia alarmante es que, luego de que un alto funcionario acusa públicamente a alguien, esa persona es detenida casi de inmediato”, asevera Guevara-Rosas.
Keymer Ávila, criminólogo e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explica que existen tensiones entre diversos grupos cercanos al poder como las instituciones, los actores civiles y el estamento militar por lo que se percibe una distancia entre lo que ordena la ley y lo que finalmente ocurre en la realidad.

“Es posible que al no encontrar una respuesta expedita por parte de las instituciones o funcionarios competentes se recurra a la jurisdicción militar, lo que constituiría una violación de derechos constitucionales, en especial del derecho al juez natural consagrado en nuestra constitución”, dijo el experto.

Amnistía Internacional calificó a Leopoldo López, líder opositor encarcelado desde febrero de 2014, y a Rosmit Mantilla (diputado que ya fue liberado) como presos de conciencia.
En su nuevo informe resaltan varias anomalías jurídicas en los procesos contra los opositores venezolanos como el desconocimiento de la presunción de inocencia, la falta del debido proceso, el desacato de las órdenes de liberación y el encarcelamiento de acusados desconociendo su inmunidad parlamentaria, como es el caso de Gilber Caro quien es diputado suplente de la Asamblea Nacional.
En la mayoría de los casos analizados por Amnistía Internacional se establece al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como el órgano encargado de detener a los opositores.

Ávila explica que aunque la mayoría de las manifestaciones sucedidas en los últimos días han sido pacíficas, con una asistencia masiva de personas de distintas corrientes políticas, en algunos casos se han generado actos de violencia llegando a cometerse delitos concretos que deben ser juzgados. El experto señala que trabajó en una investigación reciente que concluye que en 2016 hubo un aumento de 324 por ciento de las detenciones ocurridas durante las manifestaciones, con respecto a 2015.

“La fiscal dio unas cifras sobre la actual coyuntura que llaman la atención:
1289 personas aprehendidas, de las cuales solo 65 están formalmente privadas de libertad y otras 217 están esperando a ser presentadas ante tribunales.
Pareciera que el resto pudieran ser supuestos de detenciones arbitrarias”, dijo Ávila.

En la mayoría de los casos analizados por Amnistía Internacional se establece la actuación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como el órgano encargado de detener a los opositores.
“Nos preocupa el uso del SEBIN como un mecanismo de represión, y juega un papel fundamental en las detenciones por motivos políticos. Hacemos un llamado para que se acabe con ese servicio de inteligencia porque puede generar una situación de suma gravedad en materia de derechos humanos”, dijo Guevara-Rosas.