Introducción de Cosme Beccar Varela
Por
Victoria Villarruel
INTRODUCCIÓN:
Nunca me voy a olvidar del asesinato del Camarista Quiroga, valiente magistrado
que fue baleado cobardemente por la espalda en pleno día.
La
tiranía se solidariza con sus asesinos y varios de sus cómplices están en el
gobierno sin dejar de jactarse de su pertenencia a la banda de los criminales.
Mientras
tanto, tiene secuestrados en inmundas cárceles a los oficiales que combatieron
contra ellos.
Estas
dos realidades forman parte de la circunstancia insoportable en que vivimos.
Insoportable
para algunos que se estrellan contra la indiferencia de sus compatriotas a
quienes no les importa nada que esto sea así o que protestan de la boca para afuera
sin querer hacer nada efectivo para revertir la indigna tendencia.
Cuando
una nación ha perdido de este modo el más elemental sentido de Justicia,
cuando
ha caído tan bajo en su cobarde conformidad con la tiranía,
es
muy probable que pierda su identidad, su libertad y su cultura.
Otro
país va surgiendo en lugar del que va muriendo.
Esa
es la obra declarada de esta tiranía.
Le
llaman falaciosamente "el modelo".
Ese
"modelo" se compone de un pueblo degradado, con unas "clases
cultas" deshonradas y embrutecidas y una "dirigencia" de m... al
servicio del marxismo.
Esta
manera de empezar el siglo XXI, el segundo de nuestro surgimiento como Nación,
da asco...
Cosme
Beccar Varela
*
* *
SENTENCIA
CONTRA UN JUEZ
Por
Victoria Villarruel (*)
El
presente artículo fue editado por el Diario La Nación el 28/04/2009
En
la Argentina, hubo un tiempo en que las sentencias las impartían las
organizaciones terroristas.
Eran
sentencias de muerte.
El
domingo 28 de abril de 1974, el brazo del terror bajó el martillo contra un
juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga.
Ese
día, quien había sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal pagó
con su vida haber juzgado, condenado o absuelto a los terroristas que agredían
a la población civil en nombre de una lucha armada que ellos creían justa y
necesaria.
Quienes
debían estar tras las rejas, gozaban de la libertad irrestricta que les había
otorgado la amnistía concedida durante el gobierno del Dr. Cámpora, refrendada
por quien en ese entonces era ministro del Interior y hoy procurador de la
Nación, el Dr. Esteban Righi.
Quiroga
caminaba hacia la casa de otro colega, con el cual irían juntos a la cancha a
ver un partido de Boca.
Pocos
metros antes de llegar a destino, dos jóvenes en moto le dispararon y nueve
balas impactaron en su cuerpo. Murió asesinado a los 48 años.
Sus
asesinos, integrantes del ERP 22 de Agosto, escaparon, pero sus nombres
quedaron para siempre unidos al crimen: Marino Amador Fernández y Raúl Argemi.
El muerto había
sido elegido por sus méritos para integrar la Cámara Federal en lo Penal,
un
plan innovador para la época, que se adelantó a España e Italia en el
juzgamiento de ETA y las Brigadas Rojas.
Significó
una modernización del sistema, para poder juzgar con celeridad los actos
terroristas.
Esa
Cámara tenía competencia para juzgar todos los delitos calificados como
subversivos, garantizando la defensa del imputado.
Así,
el crimen del empresario italiano Oberdan Salustro pudo ser resuelto en 11
meses.
La
labor de los jueces no fue de persecución ideológica:
La prueba es que
no hubo una sola condena por la ley 17.401, de represión del comunismo.
Los
terroristas ni siquiera eran esposados, como detallaron las crónicas de la
época.
Se
podrá discutir la oportunidad de iniciar esta experiencia durante un gobierno
de facto, pero es incontestable que se respetaron todas las garantías
procesales durante el poco más de año y medio de trabajo y que, una vez dictada
la amnistía, en mayo de 1973, todos los terroristas que habían sido condenados
o estaban siendo procesados fueron liberados y retomaron el camino de las
armas.
Los asesinos del
juez Quiroga fueron juzgados y condenados a 18 años de cárcel, pero apenas
cumplieron unos años.
Los
restantes miembros de la Cámara Federal en lo Penal sufrieron persecución y
amenazas, lo cual provocó que se exiliaran.
Al
ser desarticulada la Cámara, los terroristas lograron uno de sus más preciados
objetivos:
La impunidad,
porque ningún juez se atrevería en adelante a condenarlos.
A
35 años del asesinato de este magistrado, observamos con preocupación que
continúan impunes, libres entre los ciudadanos.
Algunos
ocupan cargos públicos.
El
Poder Judicial sigue siendo presionado por algunos de los que en el pasado
integraron estas organizaciones terroristas y que hoy, con la suma del poder
público, amedrentan a todos los que no responden a su línea argumental en esta
tragedia nacional.
Otros,
simpatizantes de las ideas mesiánicas de los terroristas, aportan su granito de
arena a la disolución de uno de los pilares de la República: la
independencia del Poder Judicial.
Una
muestra de la maquinaria creada para garantizar la impunidad de quienes
atentaron contra las instituciones del Estado fue la Resolución 158/07, por la cual el procurador Righi ordenaba a
los fiscales no considerar delitos de lesa humanidad los cometidos por integrantes
de organizaciones armadas.
Hoy,
ante la decisión de la Cámara de Rosario en la causa Larrabure, Righi ha debido
bajar los decibeles de una discusión en la que debería haberse excusado de
participar, por ser parte interesada.
Treinta
y cinco años después, los familiares de las víctimas del terrorismo continúan
su lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos.
Temen
al ver a algunos de los que los atacaron gozar de la inmunidad que les brindan
sus cargos,
y esperan que
surjan jueces como Quiroga, que enfrenten la inmoralidad jurídica y política y
que den testimonio de la valiosa función de un magistrado.
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