Despertar judicial Parte !!

¿Es, entonces, este gobierno igual al anterior?

Es una pregunta todavía abierta.

El tiempo lo dirá, a medida que los actuales funcionarios y los eventuales escándalos obliguen a la Casa Rosada a definir qué camino quiere seguir con los propios: aceptar las consecuencias de una verdadera reforma sistémica de la Justicia u optar por el gatopardismo.

Por ahora, otro periodista veterano de los pasillos tribunalicios, Tato Young, es quien hundió más el cuchillo con El libro negro de la Justicia. Se centra en "Los Doce".

Los doce jueces federales de Comodoro Py, donde el hermano de un magistrado compra y vende favores, a un juez le adulteran con ironía el nombre para incluir la palabra "coima" y todos aplican "la lógica del gatillo".

Es decir, "acumular causas para apuntar a políticos y someterlos".

Los rehenes, otra vez.

Rehenes que pueden sentirse liberados, pero que luego pueden caer otra vez.

Como cuando el entonces juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó en un trámite exprés al matrimonio presidencial Kirchner, decisión que no apelaron los fiscales y quedó firme, a fines de 2009.

Pero que él mismo ofreció reabrir, alegando "cosa juzgada írrita" (es decir, que lo engañaron) a cambio de que el nuevo presidente, Mauricio Macri, no intentara removerlo.

Ahora, si éste es el panorama -incompleto y parcial- de la situación judicial, ¿cómo se puede mejorar?

¿Qué se necesita para iniciar un círculo virtuoso?

Pues no es necesario inventar la rueda.

Alcanza con aplicar las mismas fórmulas que ya funcionaron en otros países con ordenamientos jurídicos similares al nuestro, sin introducirles retoques "a la argentina" que las desvirtúen, como pasó con el Consejo de la Magistratura o con la figura del arrepentido.

Basados en la experiencia acumulada en la investigación "Lava Jato", los fiscales brasileños proponen diez medidas para fortalecer la administración de Justicia y combatir la corrupción.

Recomiendan potenciar la prevención y transparencia, aumentar las penas previstas, acortar los tiempos procesales y hacer más eficientes los recursos presupuestarios.

También, reformar las pautas para la prescripción penal, reducir las posibles nulidades, ampliar la prisión preventiva, extender la responsabilidad a los partidos políticos y mejorar las herramientas para recuperar lo robado.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, plantea una visión reformista, pero no sistémica.

Por eso, en una de las últimas conferencias que brindó sostuvo que hace "diez años" que el Tribunal alienta "la necesidad de transformar el Poder Judicial", incorporar tecnología y avanzar con el expediente electrónico, entre otras propuestas, pero que también se necesita llenar el "30 %" de vacantes que, según estimó, existen en la Justicia.

Esos trazos se complementan con las doce propuestas, entre otras posibles, que en la Argentina difundió un grupo de organizaciones de la sociedad civil -de Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Directorio Legislativo- para impulsar una "agenda de transparencia" con ideas que van más allá de la situación judicial.

Siempre directo, otro juez federal de Comodoro Py, Claudio Bonadio, salió al cruce de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien propuso entre las reformas necesarias la eliminación de la feria judicial de enero o que los tribunales trabajen a la tarde.

"Si éste es el punto de partida, empezamos mal", le respondió el juez.

El magistrado argumentó su objeción con un punto concreto:

Si eliminan la feria de enero, expuso, "el problema lo van a tener los abogados cuando no se puedan ir de vacaciones nunca porque un juez les pone una audiencia. Sólo en los grandes estudios con rotación de personal van a poder tomarse vacaciones. Los demás, si quieren vacaciones, van a tener que ponerse una verdulería".

Sin embargo, todo esto -al igual que otras reformas más específicas planteadas por otras entidades y expertos, locales e internacionales- es asunto ya conocido por quienes tienen que saberlo.

Es decir, por aquellos que toman las decisiones y pueden aprobar y activar los remedios necesarios.

La pregunta, entonces, no es qué hay que hacer.

La pregunta es si el sistema político y empresarial que se beneficia del sistema judicial actual está dispuesto a reformarlo a costa de perder su impunidad.