¡Ley Justina en
Diputados!
Lucas
McCormack
Hace
casi un mes que nos enteramos los transplantólogos que se estaba modificando la
ley de trasplantes, nuestra ley, la ley de todos.
Desde
hace sólo un mes que conocemos el texto de esa modificación que implementaría
que todos somos donantes por obligación, a excepción que hayamos hecho un
trámite para decir que no.
Hace
un mes inicie una causa en “Change.org” que la finalicé porque entendí que
quizás el camino para ser escuchado era otro.
Desde
hace un mes que en la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de
Trasplantes (SAT) discutimos este tema.
Hemos recibió el
apoyo de muchos socios y de mucha gente “no del palo” que se opone a la
implementación por ley del donante presunto sin consentimiento de la familia.
Nada
cambió luego de la media sanción casi automática en Senadores, parece que esta
ley tiene que salir, hay que “dar buenas noticias”.
Hace
5 días envié una carta personal a varios Diputados adjuntando documentos
oficiales de la SAT para intentar que tomen conciencia del paso que están
ayudando a dar vinculado a la donación de órganos, o mejor dicho, a la apropiación por parte del Estado de
los órganos de todos aquellos que no hayamos tenido tiempo, información o
acceso a decir que no en “canales oficiales”.
Como
siempre digo a mis pacientes, a la noche quiero acostarme en la cama y poder
dormir tranquilo.
De
eso se trata esta publicación.
De
estar tranquilo frente a la comunidad que transpiré la camiseta y dejé todo en
la cancha…
Le
comparto la carta que envié la semana pasada a la HCDN y al Ministro de Salud.
Es
un poco larga pero creo que vale la pena.
¡Ahí
va!
Carta enviada a
Comisión Acción Social y Salud Pública, Educación y Legislación General de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Con copia a Sr
Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Fecha
28 de Junio de 2018.
Mi nombre es Lucas
McCormack.
Soy
cirujano especialista en trasplante de hígado.
Hace
más de 25 años que tengo el privilegio de ver personas "volver a vivir"
después de un trasplante.
Conozco
bien la alegría y el renacer que produce trasplantarse.
También
conozco la frustración y la desesperación del que espera en lista porque veo
cientos de pacientes año tras año morir esperando órganos que no llegan.
Genera
una tristeza y una impotencia enormes.
Quiero
decirles que estoy muy agradecido de que estemos tratando temas que intenten
solucionar esta emergencia sanitaria.
Conozco
el proceso que implica una donación de órganos de principio a fin.
A
lo largo de mi carrera he ido a buscar órganos para ser trasplantados a
hospitales en todas las provincias de nuestro país.
He
visto las caras de una familia sentada en las salas de espera de un hospital
cuando uno se lleva los órganos de sus seres queridos.
He
recibido sus abrazos y sus aplausos.
Conozco bien de
esa generosidad, de ese acto de solidaridad genuina y altruista.
Sé
lo que implica y también sé bien lo que en algunos casos puede costar.
Ese
momento de la donación es potente y es sagrado, pero con la aprobación de la Ley Justina va dejar de serlo porque esta
ley transforma ese momento en uno de violencia y apropiación.
Necesitamos
aumentar la tasa de donación pero hacerlo a la fuerza no es el camino.
Hoy
tenemos una ley de trasplante que requiere de mejoras, nadie lo pone en duda.
Pero
la modificación que propone la Ley Justina y que Uds. están considerando,
constituye una violación fundamental a los derechos de todos nosotros como
ciudadanos.
Y
además acarrea el peligro de generar pánico en la sociedad causando el efecto
contrario del que la ley propone.
No
podemos dejar que esto suceda.
Nosotros,
los especialistas, estamos obligados a hablar.
No
podemos quedarnos en silencio.
Dedico
mi vida al trasplante.
Pueden
estar seguros de que no quiero que muera nadie más esperando un órgano, ni un
solo argentino, nunca más.
Pero aprobar la
Ley Justina como está planteada hoy, les aseguro que no es el camino.
Les
pido un momento para explicarles porqué.
Hoy,
todos los argentinos somos donantes de órganos a través de la Ley del Donante
Presunto “flexible” que rige desde hace más de 10 años.
La
Ley Justina elimina el artículo 21 de la ley 24.193 y en esa simple
modificación, todos nuestros órganos pasan a ser pertenencia del Estado sin
importar nuestra opinión ni la de nuestra familia, a menos que hayamos
realizado un trámite expresando lo contrario.
A
esto es lo que se le da el nombre de “donante presunto duro o rígido”.
Esto acarrea una
serie de problemas de índole éticos, legales y sociales muy serios.
En
principio, el problema más elemental es que es imposible garantizar el acceso
seguro, inviolable y universal al trámite de negativa de la donación a la
totalidad del pueblo argentino.
Con lo cual hay un
problema de acceso al derecho que no podemos ignorar.
Tengamos
presente que la Ley Justina, como todas las leyes, va a regir sobre todos los
argentinos.
Sobre
los que no saben leer ni escribir, sobre los que no tienen acceso a techo, agua
potable y comida, mucho menos información detallada respecto de las políticas
estatales de donación de órganos o el acceso al formulario en internet.
Con
la aprobación de la Ley Justina, al común de la población que no tiene acceso a
este trámite se les termina el derecho de decidir sobre sus órganos.
No
importa lo que quieran o deseen, ni ellos ni sus familias, si no hicieron el trámite correcto en el momento correcto, sus
órganos ya no les pertenecen.
Por
otro lado, no hay quien pueda garantizar la inviolabilidad de este registro de
negativa a la donación.
Y
nadie debería privar por ley a un ciudadano o a una familia a cambiar de
opinión respecto del uso de su propio cuerpo.
Nadie
debería poder ampararse en una ley para pasar por encima de la voluntad de un
padre en relación a los órganos de un hijo simplemente por no haber hecho un
trámite en tiempo y forma.
Les pido que tomen
en consideración la postura de los especialistas en este tema en nuestro país.
La
Sociedad Argentina de Trasplantes ha expresado su posición en contra de la
implementación del donante presunto rígido tanto en 2003 –cuando se aprobó la
modificación de la ley de trasplante vigente– como recientemente, a propósito
de la media sanción sobre el nuevo proyecto de modificación de la ley de
trasplante, llamado también “Proyecto de Ley Justina” (Se adjuntan ambos
documentos oficiales de la Sociedad Argentina de Trasplantes).
Pueden
tomar de referencia a los mejores en donación de órganos en el mundo entero,
España, quien se opone a implementar
una ley de donante presunto rígido.
En
España rige el donante presunto flexible, tal como rige hoy en nuestro país.
La
experiencia internacional demuestra que el consentimiento presunto rígido no
resuelve el problema de la escasez de órganos.
La
estrategia más efectiva se basa en el abordaje y desarrollo integral de la
actividad de procuración en los hospitales, con un máximo esfuerzo puesto en la
detección y mantenimiento de potenciales donantes.
Todo
esto sin descuidar la educación continua en la población.
El
camino es mejorar la educación y cuidar a todos por igual, crear conciencia y
mejorar el sistema de procuración de órganos para que nunca más tengamos que
recurrir a recursos extremistas.
Me resisto a
imaginarme un escenario en el que yo realice la extracción de órganos pasando
por encima de la voluntad de una familia.
Me
preocupa imaginarme a un ciudadano exigiendo judicialmente el órgano que el
cirujano decidió no extirpar por respetar la voluntad de una familia que
decidió no donar.
Me
preocupa seriamente la posibilidad- muy factible- de ver una familia
enfrentándose verbal o físicamente con un grupo de médicos que solamente
intentan realizar su trabajo, amparados por una nueva ley que pone el foco en
los pacientes en lista de espera y descuida la última voluntad de un padre, una
madre, un hermano, un hijo fallecido.
Me
da tristeza pensar que esta nueva ley que plantea la donación como un acto
imperativo, pueda promover situaciones de discordia social y afectación de la
confianza pública, generando así un efecto contrario al buscado por los
impulsores.
Estamos
proponiendo una ley que contemple tanto los derechos y el dolor de los donantes
y su familia como los de los pacientes en listas de espera y sus familiares por
igual.
Les pedimos que no
aprueben una ley que genere tensión, discordia, paranoia social y que nos
fuerce a los médicos a trabajar de una manera avasallante e irrespetuosa en
situaciones de clara sensibilidad social, religiosa y cultural.
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