Al
asumir el gobierno democrático elegido en 1983, los cinco miembros de la Corte
Suprema de la dictadura renunciaron.
Ello
le permitió al presidente radical Raúl Alfonsín, con acuerdo de un Senado mayoritariamente peronista,
elegir a los cinco miembros de la Corte Suprema constitucional.
La
designación recayó en Enrique Petracchi,
Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio,
José Severo Caballero y Genaro
Carrió.
El
gobierno peronista de Carlos Menem (1989) cuestionó la composición de la Corte Suprema
como "alfonsinista"
y dos meses después de asumir presentó un proyecto de ley aumentando el número
de miembros de la Corte de cinco a nueve.
Entre
1990 y 1994 Menem y el Senado nombraron a diez jueces de la Corte, la mayor
cantidad realizada durante un gobernante en la historia argentina:
Eduardo Moliné
O'Connor,
Julio Nazareno, Rodolfo Barra (renunció en 1993), Mariano Augusto Cavagna Martínez (renunció en 1993), Ricardo Levene (hijo) (renunció en
1995), Julio Oyhanarte (renunció en
1991), Antonio Boggiano, Guillermo Alberto Fernando López, Gustavo Alberto Bossert (renunció en
1994) y Adolfo Vázquez.
En
1994 se realizó una reforma constitucional de 1994 (art. 99, inc. 4), que
estableció que el acuerdo del Senado para la designación de los jueces de la
Corte debía realizarse en “sesión
pública”, debido a que antes se
realizaba en sesión “secreta”, sin posibilidad de escrutinio
público.
La
Corte Suprema fue duramente criticada por carecer de la suficiente
independencia del Poder Ejecutivo.
Cinco
de sus miembros (Julio Nazareno, Adolfo Vásquez, Guillermo López, Eduardo
Moliné O'Connor y Antonio Boggiano) fueron acusados de conformar una «mayoría
automática» que siempre fallaba a favor de los intereses del gobierno.
En
febrero de 2002, luego de la Crisis de legitimidad política de 2001, impulsada
por la consigna "Que se vayan todos", la Comisión de Juicio Político
de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la apertura del procedimiento
de juicio político contra todos los miembros de la Corte.
La
Constitución (art. 53) establece que para que la acusación proceda, debe
aprobarse por las dos terceras partes de los diputados.
El
11 de octubre de 2002, la Cámara votó la acusación de cada miembro de la Corte,
no alcanzando en ningún caso las dos terceras partes de los votos, seis de los
nueve miembros obtuvieron mayor cantidad de votos a favor del juicio político:
Julio Nazareno (143 votos a
favor del juicio político; 89 en contra; dos abstenciones);
Adolfo Vázquez (140 votos a
favor del juicio político; 93 en contra; 3 abstenciones);
Eduardo Moliné
O'Connor
(139 votos a favor del juicio político; 95 en contra; 2 abstenciones);
Guillermo López (132 votos a
favor del juicio político; 97 en contra; 7 abstenciones);
Antonio Boggiano (131 votos a
favor del juicio político; 97 en contra; 8 abstenciones);
Augusto
Belluscio
(122 votos a favor del juicio político; 109 en contra; 5 abstenciones);
Carlos
Fayt (85 votos a favor del juicio político; 135 en contra);
Julio
César Petracchi (72 votos a favor del juicio político; 158 en contra);
Gustavo
Bossert (63 votos a favor del juicio político; 168 en contra).
Los
miembros de la Corte no pudieron ser removidos pero el escándalo de las
acusaciones contra sus miembros y la gran mayoría partidaria de remover a seis
de ellos, causó un fuerte desprestigio de la institución.
Debido
a ello, pocos días después renunció por "hartazgo espiritual" el
ministro Bossert, quién había obtenido la mayor cantidad de apoyos en
Diputados.
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