¿Está vigente la Constitución?

Carlos Mira   

Hasta donde estoy informado la Constitución sigue rigiendo en la Argentina…

¿O no?

¿O solo está vigente aquella parte que les permite dar una pátina de legalidad a los que quieren encaramarse en el poder para adueñarse de todo?

Las preguntas son pertinentes porque la Argentina es ya el país con la cuarentena más larga del mundo y el presidente parece decidido a extenderla hasta extenuarnos en medio de la quiebra económica y la humillante puesta de rodillas del sector privado y la clase media.

Es muy sintomático en ese sentido lo revivido con gran estilo y precisión por el periodista Jorge Fernández Díaz en su comentario de La Nación del domingo donde recuerda cómo el Zar de Santa Cruz, Néstor Kirchner, aprovechó dos fenómenos naturales fulminantes para el sector productivo de su provincia (las cenizas del volcán Hudson y una nevada cruenta que le siguió casi inmediatamente) para asfixiar a todo el mundo a base de “ayudas” estatales que luego pavimentaron el camino para la construcción de un feudo inexpugnable con la justicia, la legislatura y los medios completamente tomados.

Ahora le cae al kirchnerismo como maná del cielo el Covid 19.

¿Y qué hace el gobierno?

Nos encierra a todos por un simple decreto y empieza a ofrecer “ayudas” a los que se funden a cambio de la amenaza de quedarse con las empresas.

Kirchner debe estar revolcándose de la risa en cualquiera de los lugares del infierno en donde esté.

Si hubiera buscado él mismo una réplica de lo que sucedió en Santa Cruz no habría encontrado algo mejor.

El presidente nos ha mandado a prisión domiciliaria por su sola firma.

Sin embargo el artículo 14 de la Constitución -nuestro Bill of Rights- reconoce el derecho natural de los habitantes a transitar por el territorio nacional y de entrar y salir libremente de él.

No sé si esos derechos siguen vigentes.

Pero hasta dónde sé un decreto no puede derogarlos dado que es un instrumento jurídico que jerarquía muy inferior a la Constitución.

No obstante ella misma reconoce que puede haber momentos en que, dadas ciertas circunstancias que ella misma detalla taxativamente en el artículo 23, las garantías constitucionales pueden suspenderse para atender una determinada emergencia.

El artículo dice textualmente: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.

Es decir, los derechos y garantías no son absolutos pero son tan esenciales que para limitarlos o suspenderlos se requiere la verificación de extremos muy severos de inseguridad pública y además el cumplimiento de un procedimiento específico llamado “estado de sitio”.

Muy bien, ni los extremos solicitados por la Constitución existen ni el estado de sitio fue declarado.

El silogismo es simple:

Si no hay conmoción interior o ataque exterior que pongan en peligro las instituciones y si el estado de sitio no fue declarado, los derechos y garantías siguen vigentes, entre ellos los enumerados en el artículo 14, entre ellos los de transitar libremente.

Es tan simple como eso.

No es constitucionalmente posible que personas estén siendo detenidas y procesadas y que bienes privados estén siendo secuestrados por la autoridad pública en base a un decreto del presidente.

Sencillamente eso no puede ocurrir.

La consecución de esta anomalía y su persistencia demuestran la poca empatía que tiene la sociedad con la Constitución.

En otros países la cuestión fue manejada de modo completamente diferente:

O bien se declaró el toque de queda, estado de excepción o figuras similares (que son casos equivalentes a nuestro “estado de sitio”) o bien se establecieron “sugerencias sanitarias” voluntarias (tales como “quédate en casa” “usa barnizo” “no abran tales y cuales actividades”) pero sobre la base del ejercicio de la responsabilidad individual.

Esa requisitoria tuvo en todos los casos la finalidad de cumplir con lo único que parece clave en todo este proceso:

El distanciamiento social.

Pero en ninguno de los países en que no se declaró el estado de sitio (o un equivalente legal) se prohibió la circulación y mucho menos se detuvo personas por la fuerza.

Del mismo modo, toda la regulación fascista de los “permisos” es, obviamente, la contracara de la misma lógica:

Si lo que impera es la voluntad de un mandamás y esa voluntad decidió prohibir la circulación, entonces se precisa una dispensa extendida por ese mismo príncipe para ejercer el derecho y no ir a la cárcel.

No debería haber demasiadas dudas respecto de cómo funciona este sistema.

Por si las hubiera, esa hesitación no debería durar mucho más que el tiempo que toma buscar un ejemplar de la Constitución y leerlo.

Ninguno de los tres poderes está por encima del poder de la Constitución.

Es curioso, en este sentido también, que el Poder Judicial esté cerrado; que no se considere “esencial” que los jueces presten el servicio de Justicia en las actuales circunstancias.

En la lógica del fascismo es esencial el supermercado pero no los tribunales, donde se defienden los derechos por los cuales los supermercados existen.

Todo lo que está ocurriendo está ocurriendo al margen de la Constitución.

Y nadie ha levantado una voz pública para hacerlo oír…

Todo el mundo ha naturalizado el atropello y ha convalidado el poder del presidente, en la voluntad de cuyas únicas manos estamos.

Pues bien, sepámoslo: el país no fue ideado así.

Justamente venía de esa mentalidad que lo mantuvo atrasado, pobre y miserable durante 43 años cuando el aire fresco de Alberdi y los constituyentes lo transformaron en un Estado de Derecho.

Aquí impera la ley, señores.

Y la ley dice que no se puede hacer lo que están haciendo.

A ver si hay alguien que se digne a poner el grito en el cielo antes de que todos terminemos atrapados en otro feudo santacruceño pero con las dimensiones de una nación tan grande en territorio como pequeña en agallas.