Alberto
Solanet
Para LA NACION
Es
muy difícil alcanzar la verdad cuando la sociedad se deja manipular por el
lenguaje.
Según
el Diccionario de la Academia, la palabra genocidio significa el "exterminio
o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o
de política".
La
Asamblea General de las Naciones Unidas, por su parte, se refirió al
"genocidio" como la negación del derecho a la existencia de grupos
humanos enteros. Como ejemplos de genocidios y de genocidas históricos podemos
citar el sanguinario régimen de Stalin, que se estima causó no menos de veinte
millones de víctimas y la matanza por hambre y otros medios de cinco millones
de ucranianos (el holomodor).
O
el del maoísta Pol Pot - que asesinó a dos millones de camboyanos - o el
exterminio de un millón de armenios a manos de Ataturk.
Este comentario
viene a propósito de la capciosa descalificación que hoy se ha generalizado
respecto de las Fuerzas Armadas argentinas, por haber combatido contra la
agresión de la guerrilla marxista en la década del setenta.
Estos
guerrilleros, entrenados en Cuba y Angola, con armamento y apoyo financiero
brindado por diversos países del extranjero, iniciaron una verdadera guerra en
nuestro territorio con el propósito de tomar el poder y convertir a la
Argentina en un estado marxista.
Y
sus organizaciones, hasta hoy, vienen
sosteniendo "el orgullo de haber declarado la guerra al régimen burgués,
capitalista e imperialista".
Las
Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional de entonces
ante la situación planteada por los invasores, que sobrepasó las posibilidades
de defensa por parte de las fuerzas de seguridad.
La instrucción
fue clara y precisa, aniquilar al enemigo.
Claramente
combatieron con ese propósito, sin otro plan accesorio.
No
obedecieron a ninguna planificación previa de matar a un grupo de personas por
lo que eran, sino por lo que hacían.
Además,
uno de los rasgos distintivos del "genocidio" es que las víctimas no
caen en combate ni están organizadas militarmente.
Estas
premisas distinguen claramente el accionar de las FF.AA. en la guerra contra la
subversión respecto a un premeditado y perverso plan "genocida".
En
esa guerra - ¡en cuál no! - hubo excesos injustificables por parte de las
FF.AA., pero ello no autoriza en modo alguno a calificar como genocidas a
quienes impartían las órdenes ni a los subalternos que debían obedecerlas.
A
lo sumo se habrían cometido "crímenes de guerra", en
cuyo caso habrían debido someterse a las normas del Código de Justicia Militar,
cuyas penas y castigos son más severas y adecuadas que las disposiciones de la
justicia ordinaria.
La calificación
de "genocidas" con la que se ha querido demonizar a las Fuerzas
Armadas resulta por ende una falsedad política e histórica, usada con fines
propagandísticos.
Es
lo que se ha dado en llamar el relato, impulsado por el CELS, Madres de Plaza
de Mayo, Abuelas y otras organizaciones de izquierda, que sobreactúan y
manipulan el sentimiento de repudio que en la sociedad suscita la palabra
"genocidio".
Detrás
está el inmenso negocio o "curro de los derechos humanos" con que
lucran esas organizaciones y que ayuda a la propagación del relato.
Así
lo reveló un ex guerrillero, quien aconsejó a dirigentes de esas organizaciones
reunidos en Holanda, a donde habían concurrido con el objeto de pedir dinero,
que denunciaran al menos 30.000 desaparecidos, a fin de introducir el término
"genocidio" y mantenerlo sine die.
De
ese modo, aquí y en el mundo, fue
instalada la mentira, con el concurso de medios ideologizados, ONG
internacionales cooptadas por la izquierda y sembradoras de venganza y odio,
gobiernos corruptos, dirigencia política en parte también ideologizada y en
parte temerosa, jueces prevaricadores y protervos y un largo etcétera.
Las principales
víctimas de esta tenebrosa realidad y de esta justicia asimétrica son los más
de 2000 presos acusados de delitos llamados de lesa humanidad por hechos
ocurridos hace más de 40 años, ancianos y enfermos, de los que ya han muerto
560 en cautiverio.
A
ellos, fiscales y jueces, aplicando una odiosa discriminación, les niegan
sistemáticamente el derecho a la prisión domiciliaria, contrariando expresas
normas legales y los dictados de la prudencia más elemental, ya que se los
retiene cautivos y en plena epidemia expuestos al riesgo de contagio.
No existe
ninguna razón valedera para privarlos de ese derecho.
Sin
hacerlos pasar por tamiz alguno, sino dentro del marco de corrupción que impera
entre los jueces, centenares de delincuentes - desde violadores seriales hasta
narcotraficantes - fueron liberados o enviados a sus domicilios.
Pero
a aquellos otros, falsa y fraudulentamente calificados como
"genocidas" y, con toda propiedad, reales y verdaderos presos
políticos, se les hace saber que para ellos no hubo, ni hay, ni habrá
justicia.
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