Francisco
Olivera
Fuente:
LA NACION
Tal
vez porque la metáfora se convirtió en inevitable, Matías Kulfas, ministro de
Desarrollo Productivo y siempre prudente en las palabras, tampoco la esquivó
delante del auditorio de LIDE Argentina, una agrupación que reúne a representantes
de empresas como Nestlé, Johnson & Johnson, La Caja, Rolex, Bimbo,
MasterCard, Maxiconsumo, Los Grobo, Fiat, Pepsico, Puente, Nokia o Galeno:
"Que
nadie crea que tenemos algo que ver con Venezuela”, dijo
anteayer.
Para
cualquier funcionario del mundo cuya área se propone atraer inversiones, tener que aclararlo representa en sí
mismo una catástrofe.
Pero
la Argentina siempre necesita ser explicada.
La tormenta
perfecta de Alberto Fernández
El
caso Vicentin sorprendió a todos.
Trastocó,
por lo pronto, la idea del modelo "pos pandemia" con que los diez
empresarios invitados la semana pasada a Olivos habían regresado de la reunión
con Alberto Fernández.
"No
tengo problemas con ninguna compañía" fue aquel día la definición
presidencial, pero varios de ellos ven ahora un mensaje contradictorio con el
proyecto de intervención.
Es
cierto que Kulfas venía pensando desde hacía semanas en una solución para los
acreedores y que las dificultades de la cerealera no empezaron con este
gobierno.
Aparecieron
en realidad en diciembre, al cabo de un año explosivo que incluyó no solo
recesión, sino aumentos en las retenciones a las exportaciones y tres devaluaciones.
Una
de ellas, la peor, la tercera más abrupta de la historia:
La de la semana
del 12 de agosto pasado, cuando el mercado entró en pánico por el resultado de
las primarias y el dólar saltó a 60 pesos.
El
deterioro de la empresa quedó expuesto por primera vez el 4 de diciembre, una
semana antes de que asumiera Alberto Fernández.
Eran
alrededor de las 21 y, en uno de los rincones del cóctel de fin de año de la
agencia corredora de granos J. J. Hinrichsen, un productor le preguntó a otro
si había podido cobrar de Vicentin porque, dijo, le estaban informando de
tesorería de su propia firma que el pago no había entrado.
"Vamos
a preguntarles a ellos mismos, que están ahí", resolvieron, y
se acercaron entonces a ejecutivos de la cerealera, también invitados.
Lo
que pasó después es una anécdota conocida entre los asistentes:
El
rumor se expandió, los de Vicentin se retiraron de la fiesta y, diez horas
después, a la mañana siguiente, ya se
había generado la corrida.
Una
situación propia de tiempos de crisis en esta industria, que trabaja con lo que
la jerga conoce como "sistema de mercadería a fijar":
Los
chacareros entregan la producción a grupos con capacidad para exportar y,
cuando ven que el precio internacional es atractivo o lo consideran oportuno,
deciden cobrar la operación.
Algo
que, como en los bancos, es imposible hacer todos al mismo tiempo.
Con
todo, el rumbo tomado esta semana por el Gobierno representa para el
establishment económico el menos aconsejable.
No
tanto por la medida en sí misma como por el lugar desde donde sospechan que
surgió:
El Instituto
Patria.
Es
lo que todos interpretaron al ver en la conferencia a la senadora camporista
Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto de expropiación.
"Muchas
gracias por haber escuchado la idea", le dijo ella al
Presidente.
La
puesta en escena no solo molestó a empresarios, sino a dirigentes del PJ que
sueñan con una menor gravitación del kirchnerismo en la gestión y en las listas
del año próximo y vienen notificándose gradualmente del desengaño.
La
verdad parece ya indisimulable:
Alberto
Fernández es menos albertista que ellos.
Al
día siguiente del anuncio, como Kulfas, el Presidente se dedicó a aclarar.
"No
es que Cristina me esté mandando o que estoy calmando al espacio de nuestro
sector político que reclama este tipo de cosas -le dijo a
Ernesto Tenembaum en Radio con Vos-.
En
este mismo tema, hago memoria, Cristina cenó conmigo el jueves, si no me
equivoco, y le dije:
'Che, mirá, este
fin de semana voy a hacer esto, qué sé yo', y me dijo:
'Ah, mirá qué
bien, lo entiendo', y ahí coincidimos en la mirada.
Pero
no es que yo le estuve preguntando a Cristina:
'¿Qué te parece que hago?'. No fue así".
La
Argentina es difícil de entender.
La
consultora Eurasia, con sede en Washington, que le venía manteniendo al país la
calificación para el largo plazo en "neutral", la bajó esta semana al
rango de "negativa".
Y
en su informe incluye este párrafo:
"Las
personas cercanas a Cristina han ido ganando influencia en la administración, y
ahora ella está claramente más centrada en la política, algo que también
determinará los tipos de decisiones que se tomarán.
Fernández
no solo no se opone a políticas más intervencionistas, sino que tampoco
tiene capacidad política para resistir los impulsos más radicalizados de la
vicepresidenta".
El
proyecto aglutina en el rechazo a sectores de la oposición y a productores
agropecuarios.
Pero
provocó hasta ahora disidencias en las entidades empresariales, algunas de las
cuales tienen como miembros a acreedores de Vicentin y, por lo tanto,
sensaciones encontradas:
El miedo a
nuevas expropiaciones convive ahí con anhelos de rescate estatal.
Pasó
el martes, al día siguiente del anuncio, durante la junta directiva de la Unión
Industrial Argentina, donde hubo objeciones generalizadas a la medida, en
especial de dirigentes del interior, pero también cuatro voces que, con
distintos argumentos, intentaban entender la situación:
José
Ignacio de Mendiguren, el salteño José Urtubey y los santafesinos Guillermo
Moretti y Walter Andreozzi.
Al
terminar, las autoridades confeccionaron un comunicado que suponían
equilibrado, pero que los más irritados con la expropiación calificaron de
"tibio".
Por
eso algunas entidades fueron más críticas después.
Por
ejemplo, la alimenticia Copal, donde consideran absurda la noción de
"soberanía alimentaria" empleada por el Presidente.
¿Hay
algún ámbito en que ese principio corra menos riesgo que en ese sector, que
exporta 25.000 millones de dólares por año e importa apenas 1500 millones?
La
Argentina abastece con esos productos al mundo, al que solo le compra un
puñado: cacao, café, bananas y pasta de tomates.
El concepto
utilizado por el Gobierno en la conferencia remite más bien a países no
productores.
Y
cayó mal incluso entre partidarios de la expropiación, algunos de ellos,
líderes peronistas, que ven ahora a Alberto Fernández desgastarse en explicaciones
elementales como la que asegura que es él, el presidente de la Nación,
quien toma verdaderamente las decisiones.
O
la promesa de que no habrá otra Vicentin.
"Ya
tendrán tiempo de compararnos con Venezuela", se defendió él con ironía.
Quienes
llegaron a ilusionarse en diciembre con su despegue pensaban que había lugares
y asuntos sobre los que no valdría la pena detenerse ni en broma.
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