Fernández a las órdenes

Carlos Mira  

Fernández acaba de proponer establecer un tiempo fijo para la duración de los jueces.

En un seminario virtual en la Facultad de Derecho de la UBA (de la cual es docente interino y no “profesor”) se preguntó si no ha llegado el momento de proponer un debate sobre el término de duración de los jueces en sus puestos, en otra vuelta kirchnerista sobre la estabilidad e independencia de la Justicia.

Y conste que decimos esto aun cuando gran parte del Poder Judicial ha sido infiltrado por la agrupación política partidaria “Justicia Legítima” que responde a las órdenes de Cristina Fernández y que, como tal, constituye un oxímoron en sí misma, toda vez que la Justicia se supone que debe ser, justamente, apartidaria e imparcial.

Pero entendemos que, aun así, el mecanismo constitucional es el que debería funcionar para identificar a esos magistrados parciales y a las órdenes de un color político, para apartarlos de sus lugares en tanto contradicen los principios de independencia de la magistratura.

Es decir, ni en el caso de flagrancia contra los más elementales palotes de la Justicia, se podría apartar a un juez de su juzgado proponiendo atajos que destruyan el procedimiento establecido en la Constitución.

Sin embargo este sujeto que, para desgracia del país, ocupa el lugar de presidente y respecto de quien las formas nos obligan a seguir llamándolo así, tiene el tupé de proponer que se imponga un tiempo acotado de duración a los jueces para, seguramente, seguir llenando las vacantes con tropa propia y especulando con que ellos han llegado al poder para quedarse para siempre.

La sabia Constitución original de la Argentina, siguiendo el modelo inventado por la Constitución norteamericana, había establecido la duración vitalicia de los jueces como una garantía más a su independencia e imparcialidad.

El único límite para sus funciones era la práctica de la buena conducta (en otra muestra, dicho sea de paso, de que en esas épocas no era necesario aclarar qué se entendía por “buena conducta” porque todo el mundo lo daba por sabido).

La Convención Constituyente de 1994, extralimitándose en el alcance de su labor, estableció un límite etario de 75 años para ejercer la función judicial.

La Corte, luego, en el fallo Fayt, correctamente identificó la extralimitación y dejó de lado esa modificación porque entendió que la Convención Constituyente había actuado, en ese punto, por fuera de los ítems habilitados a discusión por la Asamblea Constituyente.

Más tarde, en 2017, la Corte presidida por el colectivista Ricardo Lorenzetti, anuló el fallo Fayt y, con la disidencia de Carlos Rozenkrantz, restableció ese límite con la aclaración que dicha disposición “modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad de los jueces”.

Como sea, la respuesta a la retórica pregunta de Fernández (¿Por qué no podemos plantear la limitación en el tiempo de los jueces?) sería, sencillamente: “pues porque la Constitución ya decidió ese punto”.

El señor Fernández, que engañosamente se presentó ante el electorado en 2019 como “profesor de UBA”, debería volver a la facultad, pero no como docente ¡por favor! sino como alumno y dedicarle varias horas al estudio del derecho constitucional, de la filosofía del derecho y a la historia constitucional argentina, para descubrir allí porque no podemos plantear la limitación en el tiempo de los jueces.

El diputado de JxC, Jorge Enríquez ha dicho acertadamente: “Poner un término a la duración de los jueces en sus funciones es limitar su independencia. Ya se discutió en la Convención Constituyente de 1994 y se fijó un límite a los 75 años de edad. 

¿Qué propone el presidente? 

Si hay un plazo de duración, se afecta la independencia. El intento de controlar a la Justicia es permanente.

¿Es una idea surgida en las reuniones nocturnas de Olivos?

Porque tiene el mismo aire de frivolidad.

En lugar de pensar en soluciones para los graves problemas sanitarios, económicos y sociales de la Argentina, el presidente «que no fue», solo se imagina formas de subordinar a los jueces, como sucede en Cuba, Venezuela, Nicaragua y los demás países con los que la Argentina está tristemente alineada”.

Pero, bueno, ¿qué puede esperarse de un hombre a sueldo, de un sicario de la política, que, por encargo, puede decir lo que le manden (o incluso más, en su afán por sobreactuar su papel)?.

Hay que tener en cuenta que Fernández es el mismo que cuatro años antes (el 5 de agosto de 2017) de que su gobierno recordara a Santiago Maldonado como “desaparecido”, afirmaba en Twitter: “Dejen de mentir y crear una incertidumbre inexistente. Santiago Maldonado se ahogó. En democracia no podemos jugar con la desaparición forzada de personas. Hijos de puta”.

Esta es la misma persona que pontifica sobre la Justicia y sobre los jueces para cumplir el único contrato que defiende: el que firmó en secreto con Cristina Fernández de Kirchner.

Un triste monigote...