El fondo social anunciado por Cristina aún no tiene un peso
Por: Ismael Bermúdez /Clarín
Hasta ahora no ingresó ni un peso con destino al Fondo de Redistribución Social ni van a ingresar este año los US$ 800 millones previstos en el decreto que lo constituyó", aseguró a Clarín una alta fuente del Gobierno. El decreto que constituyó ese fondo dice que debe destinarse a hospitales, viviendas populares y caminos rurales. Y se nutre con las retenciones que superen el 35% sobre la soja y sus subproductos, como empezó a regir el 11 de marzo, con las retenciones móviles, menos las compensaciones a los pequeños productores. Ese decreto fue incorporado al proyecto que ahora discute el Congreso.
El funcionario explicó a Clarín que los exportadores pueden liquidar las retenciones de acuerdo con estos parámetros:
Los que embarquen en base a declaraciones registradas antes del 11 de marzo sólo pagarán las retenciones móviles cuando no puedan acreditar que tenían la mercadería comprada. Pero lo harán sobre el precio FOB del día en que presentaron las declaraciones. Así, si la alícuota hoy trepa al 46%, se lo calcula no sobre el precio actual de exportación, de US$ 550, sino al de antes de noviembre, que fue de US$ 340 la tonelada. El 46% de US$ 550 es US$ 253, mientras sobre US$ 340 da US$ 156. La diferencia de US$ 97 por tonelada no va al Tesoro sino al exportador. El resto paga entre un 23, un 27 o un 35%, que son los porcentajes vigentes antes de esa fecha sobre los precios FOB del día del registro en esos períodos. De esto, al fondo no va ni un peso porque se liquidan a menos del 35%.
Tampoco va al fondo la diferencia que el viernes pasado ordenó cobrar la ONCCA a un grupo de exportadores que liquidaron las retenciones al 27,5%, en lugar del 35%. Es porque al fondo va sólo el excedente del 35%.
Las declaraciones registradas después del 11 de marzo se liquidarán a la alícuota de ese día, pero no sobre el precio FOB del momento del embarque sino sobre vigente el día del registro. Esto es una transferencia de impuestos del Estado a los privados porque la Ley 26.351, de fines de diciembre de 2007, así lo establece, aseguró el funcionario. El ex titular de la Junta de Granos Alberto Ferrari Etcheberry dijo a este diario que la ley quedó así porque de lo aprobado por Diputados (ley Martínez Raymonda) el senador Roberto Urquía eliminó el texto que lo impedía.
De tal modo, hoy los legisladores "están discutiendo el destino de fondos que no existen y que posiblemente no existan o sean muy inferiores a los US$ 800 millones estimados para este año".
Por: Ismael Bermúdez /Clarín
Hasta ahora no ingresó ni un peso con destino al Fondo de Redistribución Social ni van a ingresar este año los US$ 800 millones previstos en el decreto que lo constituyó", aseguró a Clarín una alta fuente del Gobierno. El decreto que constituyó ese fondo dice que debe destinarse a hospitales, viviendas populares y caminos rurales. Y se nutre con las retenciones que superen el 35% sobre la soja y sus subproductos, como empezó a regir el 11 de marzo, con las retenciones móviles, menos las compensaciones a los pequeños productores. Ese decreto fue incorporado al proyecto que ahora discute el Congreso.
El funcionario explicó a Clarín que los exportadores pueden liquidar las retenciones de acuerdo con estos parámetros:
Los que embarquen en base a declaraciones registradas antes del 11 de marzo sólo pagarán las retenciones móviles cuando no puedan acreditar que tenían la mercadería comprada. Pero lo harán sobre el precio FOB del día en que presentaron las declaraciones. Así, si la alícuota hoy trepa al 46%, se lo calcula no sobre el precio actual de exportación, de US$ 550, sino al de antes de noviembre, que fue de US$ 340 la tonelada. El 46% de US$ 550 es US$ 253, mientras sobre US$ 340 da US$ 156. La diferencia de US$ 97 por tonelada no va al Tesoro sino al exportador. El resto paga entre un 23, un 27 o un 35%, que son los porcentajes vigentes antes de esa fecha sobre los precios FOB del día del registro en esos períodos. De esto, al fondo no va ni un peso porque se liquidan a menos del 35%.
Tampoco va al fondo la diferencia que el viernes pasado ordenó cobrar la ONCCA a un grupo de exportadores que liquidaron las retenciones al 27,5%, en lugar del 35%. Es porque al fondo va sólo el excedente del 35%.
Las declaraciones registradas después del 11 de marzo se liquidarán a la alícuota de ese día, pero no sobre el precio FOB del momento del embarque sino sobre vigente el día del registro. Esto es una transferencia de impuestos del Estado a los privados porque la Ley 26.351, de fines de diciembre de 2007, así lo establece, aseguró el funcionario. El ex titular de la Junta de Granos Alberto Ferrari Etcheberry dijo a este diario que la ley quedó así porque de lo aprobado por Diputados (ley Martínez Raymonda) el senador Roberto Urquía eliminó el texto que lo impedía.
De tal modo, hoy los legisladores "están discutiendo el destino de fondos que no existen y que posiblemente no existan o sean muy inferiores a los US$ 800 millones estimados para este año".
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