Buenos Aires, 30 Set. 08 (AICA)
El doctor Alberto Solanet, presidente de la Corporación de Abogados Católicos, declaró a la prensa que “ante el proceder arbitrario del Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Consejo de la Magistratura, avanza inexorablemente hacia el vaciamiento de la Justicia”, la entidad que preside se ve obligada a emitir una declaración denunciando “tan sombrío institucional”.
“La independencia del Poder Judicial -comienza diciendo la declaración- constituye un presupuesto indispensable para la genuina vigencia del sistema republicano establecido por la Constitución Nacional”, porque -añade- “cuando comienza a flaquear tal independencia y a observarse un avance del Poder Ejecutivo sobre el ámbito judicial, declina la imparcialidad de los jueces y se produce un verdadero vaciamiento institucional que guarda las formas y fachadas exteriores pero encubre la creciente consolidación de un régimen hegemónico que lesiona el bien común y afecta gravemente la convivencia en paz, justicia y libertad.
“La incorporación del Consejo de la Magistratura al texto de la Constitución Nacional -explica el texto- se fundó en la necesidad de preservar y garantizar a los magistrados judiciales un régimen de total transparencia en sus designaciones y un sistema de enjuiciamiento que no pudiera ser utilizado como una amenaza para los jueces de conducta irreprochable ni como una vía que facilitara la sanción o destitución de los magistrados por motivos ideológicos o políticos.
“Lamentablemente -agrega-, a partir de la reforma de 2006 que otorgó clara primacía a los sectores oficialistas, quedó en evidencia un objetivo alzamiento contra la letra y el espíritu del artículo 113 de la Constitución Nacional que impone una equilibrada integración del Consejo de la Magistratura en el que debían tener un rol decisivo los representantes de los jueces, los letrados y personas calificadas de los ámbitos académico y científico.
“Tras esa ruptura del equilibrio fijado por la Ley Fundamental, los pasos siguientes, encaminados a completar la manipulación del Consejo, quedaron rápidamente en evidencia a través de la imposición de una mayoría oficialista en la Comisión de Selección, en la no incorporación de vacantes a los concursos encabezados por aspirantes no vinculados al Poder Ejecutivo y en la proyectada modificación del anonimato de los exámenes, llegándose últimamente al extremo de anular un concurso con un orden de mérito que no resultó grato al sector oficial. Había sido convocado para cubrir vacantes en el fuero federal y, para anularlo, se prescindió del dictamen de “notables” convocados por el propio Consejo, quienes le advirtieron sobre las consecuencias funestas de tamaña arbitrariedad. Se anularon así los exámenes y se designó como miembro del nuevo jurado a un aspirante que había resultado aplazado en la prueba escrita dejada sin efecto. Esta insólita resolución generó la consecuente protesta de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados y magistrados, y medios de prensa.
La declaración, firmada por el presidente, doctor Alberto E. Solanet, y la secretaria, doctora Guillermina M.C. de Fuschini Mejía, concluye diciendo que “ante tan sombrío panorama institucional, la Corporación de Abogados Católicos exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y al Consejo de la Magistratura a volver al cauce de la Constitución vigente, renunciando a la arbitrariedad y a toda discriminación a fin de que, como lo recomendaba el inolvidable papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris: “El Poder Judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno”
AICA - Toda la información puede ser reproducida parcial o totalmente, citando la fuente
El doctor Alberto Solanet, presidente de la Corporación de Abogados Católicos, declaró a la prensa que “ante el proceder arbitrario del Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Consejo de la Magistratura, avanza inexorablemente hacia el vaciamiento de la Justicia”, la entidad que preside se ve obligada a emitir una declaración denunciando “tan sombrío institucional”.
“La independencia del Poder Judicial -comienza diciendo la declaración- constituye un presupuesto indispensable para la genuina vigencia del sistema republicano establecido por la Constitución Nacional”, porque -añade- “cuando comienza a flaquear tal independencia y a observarse un avance del Poder Ejecutivo sobre el ámbito judicial, declina la imparcialidad de los jueces y se produce un verdadero vaciamiento institucional que guarda las formas y fachadas exteriores pero encubre la creciente consolidación de un régimen hegemónico que lesiona el bien común y afecta gravemente la convivencia en paz, justicia y libertad.
“La incorporación del Consejo de la Magistratura al texto de la Constitución Nacional -explica el texto- se fundó en la necesidad de preservar y garantizar a los magistrados judiciales un régimen de total transparencia en sus designaciones y un sistema de enjuiciamiento que no pudiera ser utilizado como una amenaza para los jueces de conducta irreprochable ni como una vía que facilitara la sanción o destitución de los magistrados por motivos ideológicos o políticos.
“Lamentablemente -agrega-, a partir de la reforma de 2006 que otorgó clara primacía a los sectores oficialistas, quedó en evidencia un objetivo alzamiento contra la letra y el espíritu del artículo 113 de la Constitución Nacional que impone una equilibrada integración del Consejo de la Magistratura en el que debían tener un rol decisivo los representantes de los jueces, los letrados y personas calificadas de los ámbitos académico y científico.
“Tras esa ruptura del equilibrio fijado por la Ley Fundamental, los pasos siguientes, encaminados a completar la manipulación del Consejo, quedaron rápidamente en evidencia a través de la imposición de una mayoría oficialista en la Comisión de Selección, en la no incorporación de vacantes a los concursos encabezados por aspirantes no vinculados al Poder Ejecutivo y en la proyectada modificación del anonimato de los exámenes, llegándose últimamente al extremo de anular un concurso con un orden de mérito que no resultó grato al sector oficial. Había sido convocado para cubrir vacantes en el fuero federal y, para anularlo, se prescindió del dictamen de “notables” convocados por el propio Consejo, quienes le advirtieron sobre las consecuencias funestas de tamaña arbitrariedad. Se anularon así los exámenes y se designó como miembro del nuevo jurado a un aspirante que había resultado aplazado en la prueba escrita dejada sin efecto. Esta insólita resolución generó la consecuente protesta de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados y magistrados, y medios de prensa.
La declaración, firmada por el presidente, doctor Alberto E. Solanet, y la secretaria, doctora Guillermina M.C. de Fuschini Mejía, concluye diciendo que “ante tan sombrío panorama institucional, la Corporación de Abogados Católicos exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y al Consejo de la Magistratura a volver al cauce de la Constitución vigente, renunciando a la arbitrariedad y a toda discriminación a fin de que, como lo recomendaba el inolvidable papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris: “El Poder Judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno”
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