Estafa moral...

Por Gretel Ledo

El fenómeno de las candidaturas testimoniales, que está presente en varios partidos políticos, se asemeja a lo que sucede en un pleito judicial donde se toman testigos falsos y se les paga a los fines que declaren de tal o cual manera. De forma detallada narran los hechos y son adiestrados minuciosamente en torno a qué deben decir. Así están muchos funcionarios y dirigentes políticos hoy día, rehenes de los aparatos partidarios. Se presentan a elecciones cuando aún no han finalizado sus mandatos burlando al pueblo en su conjunto. Esta suerte de estafa moral corrompe las instituciones y desdibuja los límites de lo correcto e incorrecto. En esta democracia del “vale todo”, las elecciones son una lotería y los electores simples mercancías.

La cosificación del sujeto votante se asocia a la noción de mercantilización de la política que Joseph Schumpeter retoma de Max Weber donde se compara el funcionamiento del mercado económico con el mercado político. La conducta del votante tiene las mismas características que las del consumidor: la elección de plataformas políticas es irracional. La opinión y preferencia en tanto manipuladas por el mercado, se originan en necesidades ficticias que escapan del mundo real. Así claro está, resulta más sencillo el desarrollo de la alienación política. Aquel proceso que se inicia en la no participación y se corona en las urnas con la separación del discernimiento y la acción.

Encontrar las causas de esta suerte de estafa moral lleva a indagar en torno a la indiferencia del votante y, al mismo tiempo, al desapego de las normas tanto de la clase dirigida como de la clase dirigente. El peor ejemplo en la historia es el que está dando actualmente la dirigencia. Se organizan los comicios con candidatos que jamás asumirán una banca. Se hiere la credibilidad de la elección. Aquí es preciso diferenciar legalidad de legitimidad. El principio según el cual todo lo que no está prohibido está permitido sin duda ha sido tomado por los políticos. Enarbolan la bandera de la legalidad en el afán de demostrar la inexistencia de sanciones a la ley electoral. Pero por encima de ello la legitimidad que otorga la creencia y motivo de validez brilla por su ausencia. Así, el discurso de lo legal cae por su propio peso frente a lo ilegítimo. No existe sustento alguno para llevar adelante tal artilugio político inmoral.

El Código Electoral Nacional estipula una serie de penas frente a su violación:

Art. 125. - No emisión del voto. Se impondrá multa de cincuenta ($a 50) a quinientos ($a 500) pesos argentinos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante cualquier juez electoral de distrito dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección... El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección.

Art. 132. - No concurrencia o abandono de funciones electorales. Se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas.

Ahora bien, ¿qué pena le corresponde al político que en desempeño de sus funciones por mandato popular hace abandono del cargo para formar parte de una lista de candidatos al sólo efecto de arrastrar votos para un cargo que jamás ocupará? ¿De qué se trata sino de una burla a la ley?

En nuestro sistema normativo electoral existe un vacío legal al respecto. Se pena al simple ciudadano que no concurre al acto del sufragio y a la autoridad de mesa que incumple sus funciones y, paradójicamente, no se regula el abandono de cargos elegidos por el voto popular. Pese a ello el principio constitucional de la igualdad estipulado en el Art. 16 pareciera que encuentra una excepción para los políticos que surcan nuevos horizontes y se refugian en la total impunidad de la imprevisión legal.

Es hora de implementar una reforma electoral profunda para que el ciudadano no deba esperar al fin del mandato de cada servidor público para aprobar o reprobar su gestión sino que pueda hacerlo antes.

El fenómeno de las candidaturas testimoniales muestra la vanidad de vanidades, donde todo es vanidad (Eclesiastés 1:2). La palabra vanidad (del latín vanĭtas, -ātis) presenta entre sus acepciones -según la Real Academia Española- aquella que atiende a la vana representación, ilusión o ficción de la fantasía. El proceso que rodea las elecciones de Junio donde se exalta una representación ilusoria encuentra su explicación en la pérdida de imagen positiva del Gobierno sumada al desgaste institucional y la ausencia de dirigentes que logren arrastrar votos para la lista sábana. En este escenario de desesperación e irracionalidad política total, la ciudadanía debe percatarse y no dejarse engañar por una estafa moral de magnitudes nunca antes vistas durante nuestra historia en democracia.

Vivimos en una sociedad anárquica sin apego a la Constitución que se ha tornado en un mero deseo de buenas intenciones. Hay que terminar con el fetichismo constitucional que, como decía Lasalle, considera a la Carta Magna una simple tira de papel. La ciudadanía puede en su conjunto resignificar la política haciendo uso de su mejor herramienta: el VOTO.
Es tiempo de no eludir obligaciones y ejercitar los derechos.
Mañana ya será tarde.