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Por José Marcelino García Rozado www.notiar.com.ar
La desigualdad en la Argentina, es el verdadero eje sobre el que pivoteará la realidad del 2010; mientras se discursea con verdadera incontinencia la misma sigue creciendo, convirtiéndose nuevamente en la más profunda falencia democrática heredada por el siglo XX y no corregida ni siquiera por los gobiernos del crecimiento y la opulencia de éste quinquenio.
La ola de conflictos, reclamos y cortes de calles, ocupación de fábricas tiende a extenderse en estas últimas semanas, comenzando a ser no ya un fenómeno coyuntural sino una grave consecuencia directa de la política “populista mediocre” y clientelística que implementó desde el mismo comienzo de su gestión la administración
K.
Una práctica, que además de imponer una verdadera distribución discriminatoria de la ayuda social como contrapartida de beneficios políticos para su régimen, ha ido incrementando la generación de conflictos que terminan por afectar al conjunto mismo de la sociedad argentina.
El cuadro crítico encontrado por la administración Duhalde tras la crisis de 2001, la desmesura del corralito cavallo-delaruista y el default consecuente blanqueado por el interregno de Adolfo Rodríguez Sáa; fue atemperado con los planes coyunturales aplicados –Plan Jefes y Jefas- que socorrieron a los verdaderamente desamparados y excluidos producidos por la crisis.
A medida que la crisis fue cediendo al aumentar el empleo y disminuir la pobreza, la administración Duhalde hereda al Gobierno de Néstor un cuadro social que si bien era aún crítico, distaba en mucho de ser todo lo dramático que suele indicar tanto él como la actual mandataria.
Aquel cuadro social, amparado en el envión de crecimiento económico y estabilidad financiera, fue perdiendo dramaticidad a la par que se incrementaba el trabajo registrado, aunque no lograba disminuir el trabajo no formal que colaboraba, desde la informalidad, a mantener la desigualdad.
Bien entrado el período del primer gobierno K, a medida que el empleo aumentaba y la pobreza disminuía, el alcance de los planes heredados se redujeron, diagramándose una política social consistente en la distribución de fondos a través de organizaciones sociales y políticas, distinguiendo entre las afines y las contrarias al oficialismo. Esta política discriminatoria atentó contra la igualdad de oportunidades terminando por convertirse en absolutamente clientelística, en la peor de sus acepciones.
El Gobierno Nacional y los jefes políticos locales –gobernadores e intendentes- mantuvieron en sus manos el direccionamiento de la ayuda social y los subsidios(cada vez más indiscriminados, y pasibles de corruptelas varias) creando al fin un verdadero mercado de favores políticos y económicos.
Transferencias de fondos multimillonarios a funcionarios, piqueteros amigos, organizaciones de derechos humanos, grupos empresarios favorecidos por los subsidios y tantos otros despropósitos que orientaron los dineros del Estado y del pueblo a fomentar el clientelismo, cuando no la corrupción y el favoritismo.
En el mismo sentido de “populismo mediocre”, se orientan otras medidas como el programa de construcción a través de cooperativas, con fondos distribuidos por los intendentes, de organizaciones sociales –madres de desaparecidos, FTV de D’Elía, o los grupos piqueteros duros estilo los jujeños- que terminan por feudalizar la política, terminando por sortear los dispositivos estatales formales del sistema de seguridad social, eludiendo los controles constitucionales.
Mucho de lo expuesto por este accionar encubre las falencias de los planes oficiales de construcción de viviendas populares, que ambas administraciones K anunciaron, una y otra vez, y nunca se cumplieron, o se cumplieron deficientemente o terminaron quedando en simples y reiterados anuncios nunca concretados.
Sin embargo, estos planes de construcción por parte de cooperativas u organizaciones sociales, no sólo no terminaron cumpliendo con las obras prometidas sino que terminaron engrosando los patrimonios de muchos de sus dirigentes, situaciones que deberán ser investigadas por la justicia en el futuro inmediato.
Como estaba previsto, este sistema corrupto y clientelar, terminó favoreciendo a grupos afines al Gobierno y postergando, cuando no simplemente discriminando, a aquellos otros que no eran obsecuentemente afines.
Son los representantes de éstos últimos quienes reclaman y marchan por ésta discriminación dando testimonio de numerosísimos casos de manipulaciones espurias en la política de ayuda social y reparto de beneficios.
CFK responde a las iniciativas opositoras, y de las Iglesias, que exigían la universalización de aquella ayuda con un plan asistencial que afecta muy parcialmente el clientelismo y cuyo cumplimiento está en discusión, generando en los últimos días situaciones realmente vergonzantes de madres e infantes mendigando ante las puertas de las sedes de la ANSES lugares en las que se realizan las inscripciones exigidas.
Humillaciones reiteradas permanentemente contra los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, prácticas deleznables propias de seres totalmente desclasados y muy alejados del sentir peronista.
Esto se suma a que el “nuevo plan”, determinado por Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU-, no se encuentra incluido en el Presupuesto que se acaba de aprobar de apuro por las Cámaras legislativas.
Un Presupuesto mentiroso y amañado que adolece de múltiples falencias y que obvia las partidas para financiar la última “ayuda universal” determinada por la administración de CFK y que utiliza los fondos de la ANSES, debilitando nuevamente el sistema jubilatorio ya casi desfinanciado por los reiterados manotazos gubernamentales.
La ANSES no sólo administra las jubilaciones y pensiones, sino que desde su re estatización –que ideológicamente acompañamos- se terminó por transformar en el mayor “banco de inversión” y el primer financista del Gobierno y el principal acreedor de la deuda pública.
La ANSES maneja un presupuesto anual de $ 120 mil millones debido a los ingresos que recibe por las contribuciones patronales y los aportes personales de más de 8 millones de trabajadores, monotributistas y autónomos activos y de la importante parte de los impuestos nacionales y provinciales que van a la seguridad social.
Los activos, en bonos públicos, acciones de empresas y obligaciones negociables, a valor de mercado superan los $ 134 mil millones, que le aportan en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) intereses por más de $ 8 mil millones anuales; siendo el 60% de aquellos activos inversiones en papeles del Estado Nacional, pagando con sus ingresos genuinos más de 6 millones de jubilaciones y pensiones, incluyen las asistenciales, más 4 millones de asignaciones familiares, 140 mil seguros de desempleo y otros beneficios diversos.
Ahora y gracias a la novedad implementada por CFK y Néstor, desde las sombras, el Estado transferirá a la ANSES las nuevas pensiones a la niñez, una factura que a $ 180 mensuales por niño, suma $ 9,9 mil millones anuales, que producirán un “ahorro” al Gobierno de más de $ 5 mil millones anuales en planes sociales reemplazados por este nuevo “plan de asignaciones universal”.
Este nuevo manotazo, que podría ser justificado de mediar situaciones y acuerdos varios, implica derivar los intereses del FGS de la capitalización al pago del nuevo plan en su totalidad a lo que deberá sumarse el endeudamiento con los Organismos internacionales –BM- que prevé el mismo DNU presidencial.
Descapitalización y endeudamiento, dos medidas peligrosas y poco recomendables para un país que viene dando continuos signos de falta de política y modelo, que aleja las inversiones productivas mientras genera confrontaciones de todo tipo y pelaje.
Debemos recordar que el FGS se creó como un “fondo de reserva”, separado del Presupuesto corriente de la ANSES para “contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de sus recursos… atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales…y atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”.
Hoy la ANSES es la mayor acreedora del Tesoro Nacional –Estado- con bonos por casi U$S 30 mil millones, siendo además su principal financista al haber comprado o canjeado títulos a futuro por más de $ 13 mil millones, financiando también los déficit de las cajas provinciales no transferidas a la Nación por más de $ 2 mil millones anuales, mientras observamos como contratara que los haberes jubilatorios y los beneficios sociales son absolutamente inequitativos y excesivamente bajos.
El sistema previsional además de no pagar prestaciones acordes a la canasta básica argentina, carga con importantes mochilas a las que ahora sumamos esta “prestación universal por hijo” y abultadas litigiosidades producto de pasados y presentes incumplimientos previsionales para con sus beneficiarios naturales. Con un haber medio de $ 972,50 y un haber mínimo que cobran más del 75% de sus beneficiarios de $ 827 mensuales, la jubilación pagada por la ANSES está muy lejos de los $1.500 de sueldo mínimo y abismalmente separado del salario promedio de la economía de empleados registrados que supera los $ 3 mil mensuales.
El seguro de desempleo, actualizado una sola vez desde 1991, tiene un tope de menos del 15% del sueldo medio, o sea $ 400 mensuales y además no es universal ni permanente. Todas cifras que demuestran lo desactualizado del sistema previsional al que ahora se lo desfinancia con este nuevo manotazo K, que aunque legítimo y necesario para paliar la indigencia y el hambre se lo recarga sobre un sistema –ANSES- con un pasivo muy importante por la litigiosidad permanente.
Más de 80 mil demandas de jubilados se entablaron sólo en los primeros 11 meses del 2009, calculándose que superarán los 100 mil, casi el doble de los ingresados en 2008; además existen más de 140 mil expedientes en los 10 juzgados de Primera Instancia, otros 10 mil en las tres Salas de la Cámara Nacional y 53 mil en ejecución.
Este incesante incremento se debe al fallo BADARO de la Corte Suprema que reconoció una pérdida de ingresos de entre el 30 y el 40% a más de 1 millón de jubilados; si sumamos a los docentes e investigadores científicos llegamos a cifras escandalosas.
Este año la ANSES pagará sentencias por $ 2,3 mil millones y prevé pagar $ 2,4 mil millones en 2010, toda una sangría que se suma a los miles de juicios y sentencias, a lo que debemos sumar los que se producirán en base al fallo de la Sala II de la CSS que ordena extender el fallo BADARO por vía cautelar de forma inmediata mientras avanza el juicio a todos los demandantes -1 millón de jubilados que recibieron ingresos inferiores al ajuste entre 2002 y 2006.
Todo este despropósito está acompañado por una “política social” que utiliza y tolera la violencia de grupos sindicales o de organizaciones sociales oficialistas, tanto sobre las empresas como sobre los mismos trabajadores. Este continuo accionar es llevada a cabo en medio de un contexto de una verdadera “política de agresión” a todo aquel que disienta o no acompañe el pensamiento impuesto desde la cima del poder K.
La política clientelar, que tiene como único fin intentar revertir –infructuosamente-la desprestigiada figura de Néstor intentando catapultar su figura con vistas al 2011, está encontrando límites precisos pues el rechazo popular trasciende las presiones que se ejercen sobre la dirigencia intermedia, frustrando estos procederes. Sin embargo este proceder K provoca problemas al pueblo que se encuentra involucrado en contra de su propio interés, y terminando por generar enfrentamientos posibles con las fuerzas de seguridad o entre los diferentes grupos políticos. Esta perspectiva inquietante surge de la misma lógica confrontativa impuesta y que termina generando un efecto contraproducente en la sociedad toda.
(*) Arquitecto
Movimiento José Ignacio Rucci – IPPE.
jmgrcasa@gmail.com
Gentileza en exclusiva para NOTIAR
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Hace 4 semanas
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