Pelea por reservas en Argentina reabre debate sobre legitimidad de la deuda

Fuente: ABC.es

Sectores de izquierda impulsan la apertura del debate en el Parlamento, una discusión que están dispuestos a dar otros opositores de centro y hasta de la derecha pero al que se niega el oficialismo.

La discusión se reavivó luego de que la presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenara crear un fondo con 6.569 millones de dólares provenientes de reservas monetarias para el pago de deudas soberanas este año en contra del criterio del titular del Banco Central, Martín Redrado, desatando una tormenta política que se dirime en la Justicia y en el Congreso.

Pero legisladores izquierdistas del denominado interbloque Proyecto Sur proponen que, antes de discutir sobre la iniciativa presidencial, el Legislativo revise la legitimidad de la deuda argentina.

"Aquí hay un monstruo que se devora los ahorros y los esfuerzos de los argentinos y que ha nacido de una forma fraudulenta en muchos casos. Se quiere seguir pagando una deuda que es un fraude.

Argentina ha pagado demás decenas de millones de dólares", dijo el diputado de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas.

Según el parlamentario, no debe salir ni un dólar más del Banco Central argentino hasta tanto el Congreso audite seriamente el origen de la deuda.

La propuesta de Proyecto Sur tuvo eco positivo en las fuerzas opositoras de centro, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y el peronismo disidente e incluso Propuesta Republicana (Pro, centroderecha), que se mostró dispuesta a habilitar el debate en el Legislativo.

"He escuchado a algunos hablar de deuda legítima o ilegítima. El momento de analizar si la deuda dejada por la dictadura era legítima o ilegítima era durante el primer Gobierno democrático", dijo Fernández hace una semana en un acto público.

Según la mandataria, "una vez que el primer Gobierno democrático y los posteriores reconocieron la deuda, no hay manera de hablar de deuda ilegítima, por más que suene lindo y algunos lo agiten como un eslogan electoral"

Este debate no es nuevo: en julio de 2000, tras varios años de investigación, el juez federal Jorge Ballesteros cerró el expediente tras dictaminar que la deuda contraída por la dictadura militar era "contraria a los intereses" del país y puso su fallo a consideración del Parlamento, que nunca se ha pronunciado sobre este asunto.

Sobre esa causa judicial se han montado otras tres, que están en investigación y los sectores de izquierda piden al Gobierno que congele cualquier negociación con los acreedores mientras no concluyan estas pesquisas judiciales y la auditoría parlamentaria que impulsan.

La deuda externa de Argentina, que en 1976 era de unos 8.000 millones de dólares y al cabo de siete años de régimen militar había llegado a 46.000 millones, asciende actualmente a más de 124.000 millones, según la última información oficial.

Desde el retorno a la democracia, en 1983, Argentina ha realizado sucesivas reestructuraciones de deuda, dando paso a emisiones de nuevos bonos, y se apresta a lanzar un nuevo canje (Vencimiento al '2034) destinado a acreedores privados con títulos por 20.000 millones de dólares que no ingresaron a una millonaria refinanciación en 2005.

Según Solanas, desde el fin del régimen de facto Argentina ha cancelado deudas por más de 140.000 millones de dólares sin que se verificara la legitimidad de su origen.

"La deuda de hoy, salvo algunos pocos fondos frescos que vinieron, es la misma deuda de la dictadura permanentemente reciclada", dijo a Efe el historiador argentino Alejandro Olmos, quien tomó parte en 2007 y 2008 de la investigación sobre las deudas ilegítimas de Ecuador, encargada por el presidente Rafael Correa.

Según el experto, las deudas de la dictadura no son ilegales por haber sido contraídas por un régimen de facto sino "porque no tienen justificación económica y se desconoce el destino de los fondos", entre otras razones.

Olmos rechazó el argumento de que esa deuda haya sido legitimada por sucesivos hechos del Ejecutivo y del Parlamento en democracia pues "los actos ilícitos no generan en ningún caso consecuencias lícitas".

"Las acciones fraudulentas no pueden significar obligaciones lícitas y ningún Congreso, a través de leyes que convaliden el pago de deudas, puede convalidar lo que es un fraude", señaló.

EFE