Política de las drogas, o las drogas en política...

Un planteamiento de Rafael Rivero Muñoz

Por Rafael Rivero Muñoz / GENTIUNO


El imperio de la industria de la ilegalidad se impone sobre el territorio

“… A las dictaduras les pasa lo que a las bicicletas; si se paran, se caen…”
Maruja Torres (1943)

Frente a los derivados políticos, sociales, económicos y éticos de algunas trascendentes decisiones de gobierno, por años hemos insistido en lo difícil que viene resultando cada vez más, distinguir y separar nítidamente y con claridad, cuándo se trata de una decisión propia a los intereses particulares de los delincuentes en ejercicio de funciones de gobierno, o cuándo, en otra circunstancia – variante parecida más no igual – se trata de la inclusión de múltiples y variadas determinantes del mundo de la ilegalidad, de los delincuentes y de la impunidad, en la preparación, en la toma y en la ejecución de las decisiones de gobierno.

Dos formas de expresión o modalidades han de ser distinguidas a los efectos de la comprensión, análisis y atención de esta particular política.

Primera modalidad

Como hemos aclarado en múltiples notas anteriores, se trata de las decisiones directas de encumbrados delincuentes quienes –electos o selectos – en el ejercicio directo de altos cargos de gobierno y en función y beneficio de sus limitados y particulares intereses, disponen a su albedrío de la maquinaria y de los mecanismos regulares del Estado.

Ello, tanto para garantizar la fluidez financiera de sus “negocios” regulares y/o relancinos, como para, por una parte, sacar expeditivamente de circulación a reales o potenciales competidores, como por la otra, para neutralizar o liquidar a cualquiera fuere aquel quien, por su hacer y/o decir, comprometa la dinámica, la vigencia y la consistencia de sus “ventajas comparativas”, y en ello, como la medida más efectiva y directa, se asume el sicariato judicial o judicialización de la respuesta.

No han quedado ni quedan nunca excluidas en las respuestas de este conocido desempeño criminal desde posiciones de gobierno y en una u otra fuere la circunstancia –especialmente cuando ésta se percibe severa o de riesgo en curso o de peligro inminente– los asesinatos, los secuestros y las desapariciones. Ejemplos sobran.

Segunda modalidad

Aun cuando pudieren tener similares o parecidos desempeños en y desde el funcionariado del Estado y hasta posiblemente los mimos resultados, en este caso los delincuentes no están en el ejercicio directo de posiciones de gobierno sino que, negocian e imponen las particularidades de sus intereses por personas interpuestas y bajo su control, a ese tenor, los funcionarios electos y selectos para el ejercicio de los cargos públicos en los distintos poderes del Estado, a quienes pagan jugosos dividendos en moneda fuerte y en cuentas dentro y fuera del país, a la vez que les controlan estrechamente mediando la explotación, exaltación y adulación de sus debilidades, y en los extremos, mediante la extorsión y las amenazas directas.

Este es el caso específico de lo que en los primeros años de la década de los cincuenta fue identificado y definido en los Estados Unidos como: El Crimen Organizado. Una de sus más publicitadas y conocidas expresiones, la Mafia o la Cosa Nostra.

El sui generis caso Venezuela

Cuando desde la perspectiva adoptada tomamos como referencia ejemplarizante las actividades de Ramón Emilio Rodríguez Chacín, deberemos aceptar entonces la existencia de una tercera modalidad, cuando el delincuente en funciones públicas de mediano nivel impone la vigencia de sus particulares intereses y la de sus asociados en el negocio de las drogas, con la implementación y ejecución de un plan de trabajo de mediano y largo plazo: La construcción del Corredor Seguro de las Drogas.

Así, como funcionario subalterno, inicia sus actividades con las primeras pruebas de campo (Masacre de Cantaura octubre 1982; Masacre de Yumare, Mayo de 1986); las reinicia ya sobre el área geográfica de preciso interés con la Masacre de Isla de Charo (enero 1988) a la cual le siguen cinco masacres más (Los Amparitos) hasta culminar en octubre de 1988 con una séptima y la de mayor relevancia periodística, la Masacre del Amparo; escándalo político que condujo a la eliminación del creado a los efectos citados: Comando Específico José Antonio Páez (Cejap).

A pesar de la causa penal incoada en contra de Ramón Emilio Rodríguez Chacín y la medida judicial de detención dictad por el Juez Militar Ángel Edesio Zambrano Chaparro, esa decisión judicial jamás fue ejecutada, antes por el contrario, por instrucciones precisas emitidas desde Miraflores por Jaime Lusinchi, el juez fue despojado de la causa y enviada a una instancia sujeta al control, hasta que murió el interés y se cierra el caso en la jurisdicción nacional, más no así en la internacional.

En todo caso, el citado delincuente regresa a gobierno y para 2002 ya ejerce el cargo público más importante en materia de seguridad en Venezuela: Ministro de Relaciones Interiores. Desde esa posición, coordina las acciones de los grupos oficiales y para oficiales que enfrentan las manifestaciones públicas del mes de abril, y por vía telefónica giraba las instrucciones a los francotiradores ubicados en las azoteas de los edificios aledaños al Palacio de Miraflores: La voz de “… bájame otra mano de cambur…” precedió a más de uno de los disparos realizados contra civiles desarmados. Diecinueve muertos y más de 300 heridos fue el saldo de esa fecha.

Aún así, ni juicio ni investigación y regresa de nuevo al mismo cargo de ministro, hasta el día en que se entera que los norteamericanos dispusieron la congelación de los fondos financieros y de sus propiedades en los Estados Unidos por sus vínculos con las FARC y las drogas, situación que al producirle un llamado espasmo cerebral, le obliga a renunciar. Deja sin embargo en el cargo del Ministerio, la garantía de continuidad en su esfuerzo delictual iniciado en 1982 y en beneficio propio y de sus asociados de las FARC, a su leal subalterno de los últimos años y jefe de seguridad pública, Tarek El Aissami, actual Ministro del Poder Popular para Interiores y Justicia.

Con el ejemplo de Ramón Emilio Rodríguez Chacín podemos observar la vigencia de las dos modalidades distinguidas y hasta la existencia de una tercera o derivada: Una adaptada combinación de ambas modalidades.

Esa tercera variante que hace de Venezuela en el terreno del estudio, del análisis, de la comprensión y, sobre todo, de la atención del delito, de los delincuentes y de sus nexos con la política, un caso realmente sui generis.

Si queremos un caso típico de la segunda modalidad definida, ese que alguno denominan por comodidad –o por aquello de que… a nadie le gusta pensar, le gusta que le den todo pensado… (A. Hitler dixit)– Crimen Organizado, pero que nosotros denominamos Industria de la Ilegalidad, basta con recordar y observan al detalle las incidencias del reciente caso criminal donde se identifica a Ricardo Fernández Barrueco alias Ricardo X como el responsable directo; sujeto hoy supuestamente detenido y cuyas empresas y propiedades, al parecer y en medio del zafarrancho, han sido ya distribuidas entre algunos fieles al gobierno, ministros en especial.
Frente a esto qué

En dos décadas, el silencio, la tolerancia y hasta la complicidad de quienes desde el terreno y en función de la política, deberían ser los abanderados en la lucha contra la ilegalidad. Ello, si al menos tomamos como válido el criterio que aunque eventualmente pudiere ser muy estudiado y del dominio de los políticos venezolanos en gobierno y oposición, y hasta muy citado por algunos, poca o ninguna expresión material ha tenido y tiene en la práctica diaria de estos políticos.

"... El hombre perfeccionado es el mejor de los animales, pero si se separa de la ley y de la justicia es el peor de todos; ya que la injusticia poderosa es la más peligrosa, y el hombre está equipado con armas desde su nacimiento, que deben ser utilizadas con inteligencia y virtud, pero pueden utilizarse para los peores fines... Si no tiene virtud es el más salvaje de los animales, el más lleno de lujuria y gula…" (Aristóteles, Política, 1253 AC)

¿Y el ciudadano qué?

Quizás una de las más determinantes y consistentes improntas; esas heredadas habituaciones individuales y colectivas derivadas de aquel tan nombrado Pacto de Punto Fijo, citado éste con precisión quirúrgica por Juan Carlos Rey como el Sistema de Conciliación de Élites, y que imperó durante cuatro décadas en Venezuela (1958/1998), haya sido lo que ayer y hoy hemos podido y podemos presenciar y evidenciar sin mucho esfuerzo: La domesticación del ciudadano.

Y un ciudadano domesticado, domeñado, desde nuestra particular óptica y salvo criterio o prueba en contrario en la voz y pluma de los conocidos expertos y estudiosos del tema, no existe; más aún, no puede existir.

Un morador, no es un ciudadano

En el caso del ciudadano sometido, reducido, rendido, avasallado o sujetado definitivamente por su propia voluntad, a lo sumo, la existencia del ser humano se resume a ser un simple morador de un territorio; no tiene otra forma de ser definido y de ser reconocido por los otros, dentro y fuera de su territorio.

Allí, en esa ya habitual entrega, en esa sumisión, abandono, comodidad y hasta cobardía en algunos casos de quienes pretendiendo ser reconocidos como ciudadanos pero no se atreven al ejercicio pleno y cabal de esa condición; allí, precisamente, radica el asiento, la consolidación y la solidificación de los lodos revolucionarios derivados de aquellas aguas puntofijistas.

Es propio de moradores de un territorio, la reacción de sumisión ante no importa cual fuere el tipo de violación a sus derechos como ser humano y por parte de los funcionarios del Estado.

Esa sumisión obliga entonces a hacer pública la entrega, hacer en silencio el paquete o la maleta con lo que necesitará en el calabozo, sin resistencia ni comentario alguno en contrario. Luego, a someterse una y otra vez a los vejámenes derivados de una y otra suspensión de audiencias; a ser esposado y trasladado en jaulas a los tribunales, y más aún, por vía directa e indirecta, a reconocer públicamente el buen trato del cual fuere o es objeto en una y otra instancia u oficina de gobierno.

Y esa sumisión en definitiva, siendo la más denigrante de la condición humana, es también la más aberrante de las conductas. Es también, valga la acotación, la más ejemplarizante tanto en beneficio del gobierno que con ello incrementa sus capacidades para el ejercicio del terror sobre la población, como para el resto de los moradores del territorio a quienes en vivo se les hace ver la realidad en la que viven. Existe sin embargo un pero, como todo en Venezuela.

También la buscada, programada, aceptada y sostenida pública sumisión, pudiere en algunos casos ser un arma en un amplio y versátil arsenal; la búsqueda de una actualización de imagen por una vía expresa hacia la victimización y derivado de ello, algunos beneficios políticos de algún tipo. En algunos casos y en la política venezolana, nunca se sabe.

Conclusión

Consecuencialmente, hoy en Venezuela, luego ya de más de dos décadas de implantación y consolidación de las “ventajas comparativas” del más rentable de los negocios de la Industria de la Ilegalidad y ante la política de las drogas o su variante, las drogas en la política, y puestos unos u otros ciudadanos frente a la acción y el ataque directo de los propulsores, promotores y beneficiarios del negocio de las drogas, sea cual fuere su materialidad, y más si fuere ésta en su expresión del ámbito de una pretendida justicia, no queda sino una excluyente alternativa para quien pretenda asumir, ser asumido y reconocido como ciudadano: La rebeldía.

Comisario Rafael Rivero Muñoz
rriveromuoz@gmail.com