Por
Christian Sanz
Este
domingo, el Post reveló que finalmente va a juicio oral parte del expediente
que investiga posible lavado de dinero en la campaña Cristina-Cobos en el año
2007.
Es
una trama que cobró impulso en el año 2016, cuando este mismo diario adelantó
algo que luego ocurrió:
"Entre los
responsables que pueden terminar procesados por lavado de dinero, aparecen ex
funcionarios a cargo de la recaudación de campaña para el FpV: Entre otros,
el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli , el funcionario de la Anses
Sebastián Gramajo y el ex director de la Lotería Nacional Hernán Diez",
dijo este diario entonces.
Capaccioli,
hombre de Alberto Fernández
Los
nombres se cruzan y son los mismos en uno y otro escándalo:
Mafia
de los remedios, tráfico de efedrina y triple crimen.
Allí
aparecen los Lanatta, Schillaci, Pérez Corradi y otros tantos de una larga
lista que recala en otro escándalo, que complica a la ex presidenta: los ya
referidos aportes de campaña del Frente para la Victoria del año 2007.
En
esos comicios, que coronaron a Cristina Kirchner como presidenta junto a Julio
Cobos, se comprobó que al menos una
parte de la financiación de esa campaña tuvo un origen irregular.
No
es especulación periodística:
Según
un peritaje contable realizado en septiembre de 2014 por expertos de la Corte
Suprema de Justicia, sumado a puntuales reportes de operaciones sospechosas y
otras evidencias, la Justicia determinó
que tres laboratorios que aportaron fondos para la postulación de Cristina no
pueden justificar de dónde proviene ese dinero.
Uno
de los laboratorios es Sanford Salud, de Solange Bellone, la viuda de Sebastián
Forza.
La
empresa aportó $ 200.000 a la campaña.
Otro
es Multipharma, de Carlos Torres, que fue procesado por la mafia de los
medicamentos y aportó $ 376.000.
Y
el tercero es Global Pharmacy, de Gabriel Brito, también procesado por ese
caso, que aparece con 310.000 pesos.
A ellos se suman
los ex funcionarios a cargo de la recaudación de campaña para el FpV:
Entre
otros, el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli , el funcionario de la
Anses Sebastián Gramajo y el ex director de la Lotería Nacional Hernán Diez,
hoy procesados por Lijo.
La
misma investigación judicial es la que en 2014 puso a su entonces colega
Norberto Oyarbide al borde de una nueva acusación en el Consejo de la
Magistratura.
Es
que Oyarbide, cuando ya no tenía el caso en sus manos, les dictó la falta de mérito y luego los sobreseyó.
Cuando
el asunto llegó a la Cámara Federal, los jueces de la Sala II denunciaron a
Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura.
Entretanto,
Lijo siguió avanzando: entre otras cosas, cuenta con el relato clave de Gabriel
Brito, el empresario farmacéutico que confesó cómo fue la maniobra.
Mientras
que el Frente para la Victoria declaró a la justicia electoral que su empresa,
Global Pharmacy SA, aportó 310.000 pesos en cuatro cheques, Brito negó haber aportado ese dinero.
El juez Lijo los
procesó a todos
Sostuvo
que en realidad el partido usó cheques que él le había entregado al empresario
Néstor Lorenzo para justificar el ingreso de fondos a la campaña.
Después,
según Brito, Lorenzo lo llevó personalmente a las oficinas del recaudador de
campaña Capaccioli, donde también estaba Gramajo, y allí lo forzaron a firmar -ante una escribana- que el aporte había
sido voluntario.
Debe
mencionarse que el recibo del aporte adjudicado a la empresa de Brito fue
encontrado en el domicilio de Lorenzo, durante un allanamiento dispuesto por
Oyarbide en 2012, en los inicios de la investigación.
Entre
la gran cantidad de evidencia que se acopió a lo largo de los años, aparecen
decenas de escuchas de conversaciones telefónicas entre Lorenzo, Capaccioli y
Gramajo.
Y
allí aparecen las conclusiones del referido peritaje, realizado por el
prestigioso Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema:
Se
trata de un trabajo de 28 páginas que complican a firmas como Sanford Salud,
continuadora de Seacamp, de Forza y luego de su mujer Bellone.
La resolución de
la Cámara Federal elogia la investigación de Christian Sanz
De
esa firma señala que "los aportes efectuados han sido cubiertos con
depósitos en efectivo, desconociendo el origen de los mismos".
Y
como los peritos no tenían otros elementos, no les fue posible sacar
conclusiones sobre los negocios que generaba el laboratorio para determinar si
se justificaban sus aportes.
Para
más detalles, Seacamp financió la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos
con cuatro cheques de 50.000 pesos cada uno, números 05371377, 05371378,
05371379 y 05371380 recibidos el 29 de octubre de 2007.
Los
que secuestró la Justicia están firmados en el dorso por el responsable
político del Frente para la Victoria y tienen el sello de cobro del Banco
Nación.
En
el caso de la empresa Multipharma, el peritaje registra dos aportes, uno por
310.000 pesos, del 19 de octubre de 2007, efectuado mediante un cheque N° 720
del Banco Santander Río, y otro por 66.000 pesos del 28 de diciembre de ese año.
En
dicho marco, los peritos concluyeron que no puede saber si esa plata está
justificada.
"No
se han tenido a la vista constancias que nos permitan verificar los ingresos
societarios a fin de establecer una relación con el valor de los aportes",
dijeron los peritos sobre Multipharma.
Es
dable mencionar que Multipharma es accionista de la droguería San Javier, de
Néstor Lorenzo, procesado como organizador de la mafia de los medicamentos y
socio de Torres, el presidente del laboratorio.
Como
puede verse, todo tiene que ver con todo…
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