El socialismo ha muerto

Xavier Martínez
Fuente: La Vanguardia.es

Abro alega leatòriament la Constitución Española y empiezo a leer el artículo 37. Dice: "La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, y la fuerza vinculante de los convenios". He aquí, que hace pocos meses, el empleador más grande de este Estado, "acordó" una subida salarial de un 0,3% a los trabajadores públicos.
Ahora, pasando por el arco de triunfo este acuerdo y esta Constitución por la que tanto cuidado tienen por allí la Meseta, decide que no sólo no pagará este 0,3%, sino que reducirá los sueldos un 5%. Y no se espera a una nueva negociación para el próximo año, no; la aplica ahora. Este recorte, además de insconstitucional, representa una expropiación forzosa de los salarios, con efectos confiscatorio. Qué gran ejemplo para las empresas!

Los partidarios del liberalismo absoluto se deben estar frotando las manos.
Tantos años de luchas sindicales, tanta gente que ha dejado la vida a lo largo de la historia para defender los derechos de los trabajadores y ahora ven como el primer socialista del país dinamita impunemente los derechos fundamentales de los trabajadores. A partir de ahora, cualquier empresario puede verse autorizado a hacer lo mismo e incumplir arbitrariamente los convenios pactados.
¿Como podrá el Estado sancionar a un empresario que actúe así cuando el Estado es el primero en incumplir los convenios que firma?

Vuelvo a abrir la Constitución por otra plana y, oh! Sorpresa! Leo el artículo 31. Este dice: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo". Caramba! Otro artículo que se incumple. Si este artículo dijera: "Únicamente los trabajadores públicos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos ..." lo entendería. Pero no. Me aseguro y vuelvo a leer. Dice: "Todos contribuirán ...".

Si el Estado está en déficit y en una situación financiera extrema, por qué no actuamos como dice el señor Díaz Ferran, Presidente de la CEOE?
Este señor, a la salida de la entrevista con Zapatero dijo: "hay que sumar esfuerzos" y "debemos hacer piña".
No veo en la piña nadie más que la clase trabajadora.
El Impuesto sobre Sociedades se ha reducido.
El Impuesto sobre el Patrimonio se ha eliminado.
No se actúa contra el fraude fiscal.
Se dan millones de dinero público a las entidades financieras. Se mantienen las SICAV, que permiten que las grandes fortunas tributen al 1%. Se rebaja dos puntos el tipo máximo del IRPF. Se regalan 2.000 euros a quien se compre un 4x4.
En cambio, se elimina el "cheque bebé", sube el IVA que pagamos todos, se congelan las pensiones, se incumple el acuerdo pactado con los trabajadores públicos y se les rebaja el sueldo un 5%.
Si esta es la política de un gobierno socialista, no puedo imaginarme qué haría un gobierno de derechas.

Si el Estado no puede asumir los compromisos pactados por insolvencia, quiere esto decir que, en realidad, el Estado está haciendo un ERE. En consecuencia, si reduce salarios, debe reducir también la jornada laboral. Y es que, si observáramos una situación financiera como ésta en una empresa privada, diríamos que el Estado está en quiebra. Y si el Estado está en quiebra, no tiene que entregar los 10.000 millones de euros de ayuda a Grecia, los necesitamos.

Y lo peor de todo, no veo en la propuesta del Gobierno nada que pueda ayudar al crecimiento económico. ¿Cómo se piensa favorecer la competitividad? ¿Cuáles son los secotrs económicos por los que apuesta para salir de la crisis? ¿Dónde está la propuesta fiscal?

Mala pieza en el telar para los trabajadores públicos.
Cuando la economía crece, nadie se acuerda de ellos y nunca se aumenta el salario por encima de la inflación.
Si hay superávit, el primero de los socialistas decide repartir el dinero entre todos (sean o no empleados públicos). Pero cuando hay déficit, que lo paguen únicamente los pensionistas y los trabajadores públicos de sus nóminas.
Ya hace tiempo que está llevando a cabo una campaña de desprestigio de los funcionarios para así poder llevar a cabo políticas como éstas y, a continuación, reclamar la privatización de servicios, con la justificación de la eficiencia. Y resulta, que allí donde se ha privatizado un servicio público, además de no mejorar la prestación, nos acaba saliendo más caro a todos.

O es que alguien puede pensar que con los salarios que deja de pagar la Administración una empresa privada puede retribuir a mejores profesionales y, encima, ganar dinero? El ataque a los funcionarios es un ataque contra los servicios públicos. Y eso debería ver no sólo el trabajador público sino el resto de ciudadanos que también pagan sus impuestos.

Me gustaría ver como el "Defensor del Pueblo" lleva el Decreto Ley de la tijeretazos al Tribunal Constitucional, por incumplir los artículos 37 y 31 de la Constitución. Pero claro, me olvidaba, el señor Mújica, también es socialista.