Un Poder Judicial inestable
Miguel Angel Caminos
Para LA NACION
La demora en la designación de jueces fue una de las cuestiones más preocupantes desde la puesta en funcionamiento de los mecanismos de selección del Consejo de la Magistratura. Ya en mayo de 2000, frente a un número de vacantes que rondaba las sesenta, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley de cobertura transitoria, para hacer frente a lo que, en su mensaje, catalogaba como seria situación de emergencia.
Aquellos números, que en su momento suscitaron alarma hasta el punto de motivar la sanción de la ley 25.876, que regló la designación de jueces subrogantes, hoy se añoran como normales ante una situación que ya cabe definir como endémica por lo prolongada y porque se ha profundizado a niveles tan críticos que no permiten avizorar soluciones en tiempos razonables. Más cuando se advierte ausencia de compromiso o preocupación en las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Basta señalar que de las 209 vacantes existentes en la actualidad se remitieron al Poder Ejecutivo las ternas para cubrir más de cien y buena parte de ellas superan el año sin recibir tratamiento.
Días atrás, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, al hablar en la Conferencia Nacional de Jueces, advirtió sobre la inestabilidad que significaba que más del 20 por ciento de los tribunales inferiores, nacionales y federales de todo el país estuvieran a cargo de jueces subrogantes, muchos de los cuales, por su forma de designación, carecían de los atributos que resguardan la independencia.
Idéntico reclamo realizó, de manera reiterada, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, a los que se sumaron distintas cámaras de apelaciones cuyos fueros se encuentran sensiblemente afectados, tal como sucede, por ejemplo, con la justicia del trabajo, en la que se registran diecisiete vacantes sobre un total de 80 juzgados de primera instancia y 13 en la Cámara de Apelaciones, sobre un total de 30 vocalías.
Es claro que un Poder Judicial con tan alto y permanente nivel de vacancias carece de la necesaria estabilidad para asegurar a toda la ciudadanía, en definitiva la única perjudicada, que sus derechos habrán de ser protegidos de manera esperable y en tiempos adecuados.
El autor es juez de un tribunal oral penal y presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados
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Hace 1 mes
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