Las penurias de nuestros jubilados

Editorial I

LA NACION

El maltrato al que se somete desde el Estado a los abuelos pareció superar cualquier límite en los últimos días

Al acostumbrado maltrato al que las autoridades nacionales los someten desde hace mucho tiempo, nuestros jubilados han sumado en los últimos días más penurias, de las que nadie se ha hecho debidamente responsable.

Nos referimos a las interminables colas que muchos de ellos han debido soportar para cobrar sus de por sí ridículos haberes, ante la falta de dinero en efectivo en algunas entidades bancarias.

Más de una vez hemos señalado que la paciencia de los jubilados debe ser uno de los materiales más resistentes que puedan encontrarse en nuestro país.

En reiteradas ocasiones, los gobernantes han prometido ocuparse de sus padecimientos, pero la realidad demuestra que esas anunciadas intenciones son mero alarde proselitista.

Que los integrantes de la mal llamada clase pasiva estén acostumbrados a las permanentes burlas desde el poder político no habilita a nadie a hacerles sufrir las humillaciones de que fueron objeto en los últimos días, en entidades financieras oficiales donde debieron esperar durante horas para cobrar sus haberes, en un momento tan especial del año y con casi 40 grados de sensación térmica.

Claro que tal vez se trate de la gota que desborda el vaso, porque los jubilados vienen sufriendo distintas faltas de respeto desde el Estado, empezando por las numerosas sentencias de reajustes de haberes incumplidas. (1)

La Anses se halla colapsada por un cúmulo de juicios irresueltos, cuyo número se ha estimado días atrás en 421.000.

Esa cifra tan asombrosa de expedientes se fue amontonando por doquier y su peso puso en riesgo el edificio donde se aloja la Cámara de Seguridad Social, que debió suspender la atención al público durante tres semanas para que los empleados redistribuyeran esa carga de una manera que la tornara menos peligrosa.

Por otra parte, el número citado no marca un límite, sino un momento relativamente actual de un proceso que no cesa de proveer nuevas demandas, a razón de 8000 a 10.000 por mes, en tanto se resuelven sólo 2000 en el mismo lapso.

Este dato permite calcular que resolver la totalidad de las causas, con el promedio mensual de hoy y sin que se sumasen otras, llevaría más de 17 años, como lo admitió el titular de la Anses, Diego Bossio, ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.

Esa somera descripción de la situación, que por las dimensiones señaladas parece nacida de una imaginación inclinada por lo fantástico, muestra claramente la metódica incapacidad de la Anses para liquidar correctamente beneficios y ejecutar sentencias de la Corte Suprema.

En oposición, el mismo organismo posee una agotadora habilidad para dilatar el curso de los litigios mediante reiteradas apelaciones que le permiten demorar los pagos de manera indefinida, como si su misión fuese poner a prueba hasta dónde alcanza la aptitud de supervivencia de los demandantes.

Abona esta afirmación el hecho de que el promedio de duración de los juicios es de seis años, aunque son numerosos los que se iniciaron hace dos décadas y aún esperan la sentencia final.

Se puede agregar algo más, en este cuadro ingrato e injusto.

Si se calcula lo que debe pagar la Anses, de acuerdo con los valores reclamados y lo que corresponda como retroactividad, se tendría un promedio de 100.000 pesos por juicio.

Pero el organismo tiene un cupo limitado a 24.000 sentencias para resolver cada año, de modo que posee así una norma administrativa que obra como reaseguro para alejarlo cada vez más del cumplimiento de sus obligaciones impagas.

Como puede apreciarse -y la mayoría de los jubilados lo sabe muy bien- el grado de falta de confiabilidad demostrado por la Anses merecería figurar en el libro de los récords.

Muchos funcionarios prometieron lo que no cumplieron y faltaron a la verdad en cuanto a la cancelación de los litigios acumulados.

Palabras han sobrado de parte de los gobiernos; ha faltado, en cambio, la voluntad de saldar la deuda moral y material con los jubilados, mientras sigue creciendo el descrédito de una gestión administrativa utilizada para solucionar problemas de caja del gobierno nacional en vez de atender a las obligaciones para las cuales fue creado.

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(1) Ayer aportamos, en el 2011 votamos (Lema de los jubilados)

Debemos BOTAR...