La caída del principio de autoridad

Editorial I / LA NACION

Sobran evidencias acerca de un debilitamiento de las relaciones jerárquicas que caracterizan una sociedad ordenada

La renovada costumbre de usurpar viviendas o de ocupar espacios públicos ha vuelto a poner fuertemente de manifiesto en los últimos días la incapacidad de las autoridades para garantizar el orden público. Cuando la ley no es respetada ni el Estado procura hacerla cumplir, la convivencia pacífica, valor supremo de una sociedad organizada, se encuentra en peligro.

La anomia es una de las más devastadoras enfermedades de una sociedad.
La Argentina sufre ese mal y nada indica que esté en camino de superarlo.
No basta con que la presidenta de la Nación critique ahora, después de años de tolerarla o fomentarla, la acción de quienes cortan rutas y caminos.
Es menester pasar del terreno de las palabras al de los hechos, sin escudarse en la excusa de que "no debe criminalizarse la protesta social"

El gobierno kirchnerista ha identificado el cumplimiento de la ley con la palabra "represión" y ha cargado este último término con una connotación subliminal de ilegalidad, a pesar de que el Estado está obligado a reprimir cada vez que se produce un delito.
Porque reprimir no significa transgredir las normas, sino reponerlas cuando alguien las ha transgredido.

Pese a su pésimo ejemplo, no son las autoridades nacionales las únicas responsables de este trastrocamiento de valores.
Todos, en mayor o menor medida, lo somos.

Han surgido en los últimos años suficientes evidencias de un debilitamiento en la Argentina de las relaciones jerárquicas que caracterizan una sociedad ordenada.
La autoridad de los padres ha declinado frente a los hijos.
Los cambios no deseados en las costumbres respecto del consumo prematuro de alcohol, las horas y lugares de riesgo en las salidas nocturnas no encuentran en los padres la capacidad de generar correcciones.
Los alumnos adolescentes desconocen el rol jerárquico de sus maestros y profesores, y deciden incluso hasta la toma de sus colegios o universidades.
Los maestros temen reacciones violentas de padres que frecuentemente no admiten una nota disciplinaria y a veces ni siquiera una baja calificación para su hijo.
La elección del rector de cualquiera de las universidades nacionales se suele transformar en una vergonzosa manifestación de violencia y de falta del más mínimo respeto de grupos estudiantiles hacia sus superiores.

Las relaciones laborales están infestadas por reclamos agresivos que han llegado a la ocupación violenta de los lugares de trabajo y en algunos casos al secuestro del personal directivo.
Las protestas callejeras han tomado con frecuencia la forma de piquetes que toman como rehenes a otras personas que sólo aspiran a llegar a tiempo a sus trabajos y que son presas de prolongados cortes de calles.

Un policía en la vía pública no es respetado como lo era antes.
Muchas veces cuando se reclama su intervención, expone su incapacidad para actuar, lo que contribuye a reducir aún más el respeto a su investidura.

Es posible que el mundo muestre también similares tendencias; sin embargo, hay claramente una distancia respecto de lo observado en nuestro medio.

El "prohibido prohibir" del mayo francés del 68, que ha quedado como un hito histórico de la rebelión juvenil y de la inversión del principio de autoridad, tan bien interpretado por Raymond Aron, quedó como una eclosión de la cual la sociología política derivó muy útiles conclusiones, pero no como el despertar de una tendencia irreversible.

El respeto por las jerarquías forma parte, así como el Estado de Derecho, de las condiciones básicas de convivencia en sociedades avanzadas.
Es probable que cuando se produce un debilitamiento en el primero de esos atributos, es porque también ocurre en el segundo.
La falta de respeto de la ley sin su penalización, genera el ambiente necesario para que tampoco se respeten las convenciones no escritas.

Es fácil advertir que la desjerarquización no puede continuar agravándose permanentemente.
Se deterioran instituciones principales de la sociedad junto con la calidad de su funcionamiento y sus resultados.
No puede ser ajena a esta circunstancia la caída en la puntuación de los resultados educativos de la Argentina en las pruebas PISA.
Está demostrado que no ha sido consecuencia de menores fondos destinados a la educación, ya que ha ocurrido lo contrario.

Hay que buscar las causas en el deterioro de la relación alumno-maestro y en la contribución que la politización y el gremialismo docente han hecho a este deterioro.
La corrección de estas tendencias exige desprenderse del falso prurito de que eso implica caer en prácticas autoritarias.
Esto es confundir autoridad con autoritarismo.
Es una confusión emparentada con aquella que entiende que el mantenimiento del orden público, aun con los instrumentos de la ley, es represión, y que a su vez ésta es repudiable siempre y en toda circunstancia.
Si hay en esto un trasfondo ideológico, es hora de revisarlo.

Si sólo son tendencias del conjunto social, es importante concientizar y reclamar un esfuerzo de cada uno de nosotros para corregirlas.