Venezuela

Se cierne la tormenta final

Emilio J. Cárdenas    

           

Nicolás Maduro ha deformado perversamente la Constitución de su país de modo de privar a la Asamblea Nacional de todo poder efectivo.               

En un libro sobre los “golpes de estado” escrito en la década de los 80, Steven R. David presagiaba que ellos “existirán en el tercer mundo, mientras el poder se concentre en manos de pequeñas elites, capaces de negar una participación significativa de su pueblo en la política”.

En ese entonces David seguramente no pensaba en los “bolivarianos” de Venezuela, ni en Nicolás Maduro.

La definición, no obstante, se ajusta perfectamente bien a lo que acaba de suceder en Venezuela, donde el gobierno actual acaba de negar definitivamente a su pueblo un importante derecho constitucional que intentaba denodadamente poner en marcha:

El de convocar a un referendo constitucional para así revocar pacíficamente (esto es, a través de las urnas) el mandato presidencial de un cada vez más abiertamente autoritario Nicolás Maduro, que ha destruido la democracia venezolana (y dinamitado su alguna vez rica economía) sumiendo a todo su pueblo en un mar de privaciones constantes.

Maduro encabeza una pequeña minoría marxista hoy claramente rechazada por nada menos que el 76% del pueblo venezolano que, en la última elección nacional, propinara a los “bolivarianos” una formidable paliza electoral a través de la cual obtuviera una amplia mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela.

Nicolás Maduro ha deformado perversamente la Constitución de su país de modo de privar a la Asamblea Nacional de todo poder efectivo.

Para ello manipula constantemente a la justicia y a las autoridades electorales, que no son instituciones independientes como debieran, sino que están sumisas a la voluntad de Maduro y empeñadas en transformar a la Asamblea Nacional en un ente vacío y sin poderes.

La decisión anunciada de suspender sin plazo el referendo revocatorio -después de intentar frenarlo a través de toda suerte de argucias que la oposición unificada ha venido hasta ahora sorteando, una a una, con paciencia democrática ejemplar- es realmente gravísima.

Para lo poco que quizás queda de la democracia venezolana, terminal.

Está además acompañada de la perversa prohibición de salida del país de los ocho dirigentes opositores más reconocidos, como forma de seguir intimidándolos, mientras se los investiga por falsas acusaciones, con riesgo concreto de cárcel.

Aunque lo cierto sea que ese final -atento a las características patológicas de los actores encaramados en el gobierno- estaba quizás escrito, se especulaba con que Nicolás Maduro podía, quizás, ceder ante lo inevitable.

Y no provocar una reacción adversa enérgica, como la que ahora seguramente se avecina.

No fue así.

Asediado, el gobierno de Maduro cruzó peligrosamente el último límite.

Ahora la oposición venezolana, desafiada sin tapujos, se ha quedado ya sin opciones.

Con su dignidad herida con una medida que supone una prácticamente irreparable falta de respeto.

En el momento de la verdad.

La Mesa de la Unidad Democrática por ello convocó ayer a una masiva protesta nacional para el miércoles que viene.

A “Tomar Venezuela” desde la calle.

De punta a punta.

Pacíficamente.

Con los enormes riesgos de incidentes y provocaciones de todo tipo que esa medida, desesperada ante las circunstancias, naturalmente supone.

La situación, como era previsible, se ha tornado tensa.

Y muy frágil.

La opresión ha reemplazado y encadenado a la democracia.

Por ello ha llegado la hora de tomar “medidas concretas”, como lo ha señalado inmediatamente Luis Almagro, desde la OEA.

Internas y externas.

Frente a la actitud despótica de Nicolás Maduro no hay más espacios para los silencios cómplices en nuestra región.

Ni para la cobardía.

O la hipocresía.

Lo grave es que Venezuela ya es Cuba.

No hay posibilidad real de tener elecciones libres para la selección de las autoridades regionales, que han sido también arbitrariamente postergadas sin plazo.

Ni tampoco habrá referendo revocatorio.

No hay ya respeto a la Constitución, el pacto social básico de los venezolanos.

Ni apego a la ley.

Ni derecho a elegir autoridades libremente, a través de las urnas.

No hay, está bien claro, libertad.

Hay dictadura, entonces.

Abierta, frontal, y caprichosa.

Con una conducta gubernamental perversa que provoca y desafía y que obviamente será responsable de la violencia que, Dios no quiera, se pueda desatar.

Llegó un momento límite.

Nadie habla de diálogo.

Porque está claro que en el dictador Nicolás Maduro no hay una sola pizca de sinceridad.

Pero, sin embargo, esa es la vía que cabe intentar transitar.

Después de que el pueblo masivamente instalado en la calle, en esfuerzo que debiera ser apoyado por la región toda, obligue a Maduro a sentarse civilizadamente en una mesa para hablar seriamente del futuro de su país.