Aníbal Romero / Analítica.com
Es de esperar que la oposición democrática se
distinga claramente de Chávez y de sus ejecutorias, con un mensaje que apele a
la dignidad de la gente y no a la manipulación de sus instintos, pues también a
los venezolanos nos llegará la hora de desvelar la verdad y afrontar el
problema de la culpa.
La denuncia de Diego Arria contra el Presidente Hugo
Chávez por delitos de lesa humanidad tiene desde ya gran importancia ética, aún
cuando sus efectos políticos sólo se concretarán con el paso del tiempo.
Se trata de un documento de relevancia histórica que
será estudiado por las actuales y nuevas generaciones venezolanas con
particular interés y provecho, a medida que sus argumentos y conclusiones
maduren y queden inequívocamente demostrados por el curso de los eventos.
He percibido cierta miopía y mezquindad en algunos
de los juicios emitidos con respecto a este crucial documento, incluyendo
algunos formulados por comentaristas de oposición.
Tal miopía y mezquindad están fuera de lugar.
El hecho de que Arria sea uno de los precandidatos
opositores a la Presidencia de la República, como es su derecho, no suma ni
resta a la sustancia de su denuncia, que es desde todo punto de vista
merecedora de apoyo.
Al respecto desearía resaltar lo siguiente:
Por un lado, la cuestión central que plantea el
documento es ineludible para los venezolanos.
Toda sociedad sometida al tipo de régimen y modo de
gobernar experimentados por la nuestra estos pasados trece años, se ve en algún
momento decisivo obligada a enfrentar lo que el filósofo alemán Karl Jaspers
denominó “el problema de la culpa”, es decir, la atribución de cargos
acusatorios, morales, políticos y criminales, a individuos incursos en acciones
ilegales, que abusaron de su poder o le utilizaron de maneras inadmisibles
éticamente por una sociedad civilizada.
Toda sociedad que atraviesa por las pruebas que aún
aquejan a Venezuela ve llegada la hora, más temprano o más tarde, de debatir
colectivamente y en la conciencia de cada ciudadano el problema de la relación
entre verdad moral, conveniencia política, sanción e impunidad.
Arria ha hecho un aporte al país, más allá de sus
aspiraciones personales, al sustentar en un documento tan sólidamente
argumentado señalamientos que formarán parte fundamental del debate nacional,
cuando llegue la ocasión de evaluar a fondo esta etapa de nuestro devenir.
Por otro lado hay que toma en cuenta, como
repetidamente he venido sosteniendo, que el ejercicio de la política, en
especial en el marco de una sociedad con los rasgos de la nuestra, debería ser
también un desempeño pedagógico destinado, de parte de los políticos, a ayudar
a los ciudadanos a entender su entorno y asumir sus propias responsabilidades
frente a los retos presentes y futuros.
En tal sentido, Hugo Chávez ha comprendido ese rol
de la política, si bien, por desgracia, su prédica está basada en el delirio
destructivo y la sistemática siembra del odio.
La visión de la política como pedagogía es lo que
proporciona su potencial cívico a la denuncia de Arria contra Hugo Chávez ante
la Corte Penal Internacional, y lo que da su valor a un documento que lejos de
ser minimizado, debería ser respaldado por la oposición democrática en su
conjunto.
Nuestro pueblo no debería seguir siendo tratado,
como a veces ocurre, como si estuviese compuesto por débiles mentales o por
personas interesadas exclusivamente en ofertas de bienestar material,
presentadas además con el mismo impulso demagógico y la voluntad de engaño que
caracterizan el discurso disolvente de Chávez.
Es de esperar que la oposición democrática se
distinga claramente de Chávez y de sus ejecutorias, con un mensaje que apele a
la dignidad de la gente y no a la manipulación de sus instintos, pues también a
los venezolanos nos llegará la hora de desvelar la verdad y afrontar el
problema de la culpa.
aromeroarticulos1@yahoo.com
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