Misericordia y Justicia

Por el Dr. Jorge B. Lobo Aragón (*) 

Antiguamente los reyes eran la cumbre de la administración, la última instancia de todos los poderes. También, por supuesto, del Judicial.

De modo que ellos podían revocar los fallos, modificando lo dispuesto por los jueces naturales.

Una reminiscencia de ese antiguo poder las constituciones republicanas otorgan a los jefes de los ejecutivos:

El gobernador tiene atribuciones para conmutar e indultar las penas impuestas por los tribunales (artículo 87/10 de la Constitución provincial), y el presidente lo mismo (artículo 99/5 de la nacional).

Nos viene a la memoria el caso de Sancho, cuando estaba a punto de partir a gobernar su ínsula.

Don Quijote, entre sus consejos, le dice que “si alguna vez se dobla la vara de tu justicia, no sea bajo el peso de la dádiva, sino de la misericordia”.

Está muy bien, y a través de los siglos esto ha impregnado nuestra cultura.

El gobernante tiene derecho a no cumplir los dictados de la justicia, cuando lo hace impulsado por el peso de su misericordia.

El juez no puede ser misericordioso.

El juez debe ser justo, y nada más.

Puede, sí, aplicar su criterio propio dentro del marco que la legislación taxativamente le fija.

Y la sociedad, en ciertos casos, necesita que alguien aplique esa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las miserias ajenas, como lo hacían los antiguos reyes.

Entonces, a falta de reyes, las más altas autoridades ejecutivas han heredado esa facultad, facultad que está fuera de discusión pues sólo responde a una benevolencia del ánimo del gobernante.

Pero, en las circunstancias actuales, esa benignidad del ánimo puede contrariar a los anhelos de una población agobiada por la proliferación de la delincuencia, por la impunidad, por la evidente falta de castigos a los muchos delitos e inmoralidades que se cometen.

Los delincuentes, en su enorme mayoría, no son castigados por falta de pruebas o por exceso de requisitos; y, si se los llega a castigar, son beneficiados por la forma de computar los años, por buena conducta o por algún otro motivo que no ha de faltar.

Y encima, si la condena judicial manda que siga preso un cierto período, el gobernante puede interponer su generosa clemencia en favor del convicto.

Es cierto.

Queremos una justicia rígida, que no conceda prebendas ni favores, una justicia que desaliente a los delincuentes a continuar delinquiendo.

Pero también participamos, como Don Quijote, del anhelo de que  la misericordia pueda, a veces, doblar la vara de la justicia.

Queremos una justicia implacable, inexorable, intransigente, que se aplique contra las mafias que afecten las actividades privadas o públicas, y coincidimos en que se aplique la benevolencia al tratarse de casos excepcionales previstos en la Ley.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo del Dr. Jorge B. Lobo Aragón (Abogado, ex Juez y Fiscal en lo Penal y ex Legislador) por gentileza de su autor.