Esa manía estatal por destruir

Por Carlos Mira (*)

La terca decisión de seguir atrasando al país, manteniéndolo a la cola de la evolución tecnológica y despegado del auge de la innovación mundial acaba de cristalizarse en el decreto 12/2013 sobre telefonía celular.

La nueva disposición establece una serie de regulaciones para la industria incluso en lo referido a los precios del sector, al manejo de las inversiones y de las importaciones.
Gran parte de sus cláusulas no hacen más que receptar las distintas modalidades que por resoluciones menores de la secretaría de comunicaciones se venían aplicando a las empresas del sector y que ahora forman parte de este nuevo reglamento.

Después de verificar un crecimiento geométrico en la Argentina, con una inversión multimillonaria, empleando a miles de argentinos y haciendo llegar un teléfono a las manos de las personas de menos recursos (un caso típico del capitalismo en donde la inversión de capital, la innovación tecnológica y la producción masiva de bienes abarata de tal modo los productos y los servicios que los ponen al alcance de todos) es evidente como, en los últimos años, la industria empezó a dar muestras de un ostensible quedo.

A la sombra de regulaciones cada vez más asfixiantes, los teléfonos en la Argentina pasaron a cotizarse entre los más caros del mundo.
Tecnológicamente la evolución se detuvo porque el gobierno cerró la importación para favorecer la inverosímil idea de producir esos aparatos en el sur del país, en la provincia de Tierra del Fuego.
Lo peor del caso es que lo que hay allí no es ninguna "producción" sino un ensamblado de componentes importados que sí se dejan ingresar porque pertenecen a las compañías que "arreglaron" con el gobierno, encareciendo los productos y poniendo una valla a la evolución de la tecnología.

Así el país es de los pocos en donde no existen productos Apple porque la compañía norteamericana no tranzó con instalarse en el sur para parodiar una producción.

El gobierno también frenó las inversiones de las empresas del sector en lo que hace a la tecnología 4G bajo el argumento de que sería el propio Estado el que monopolizaría dicha prestación a través de la nueva empresa estatal ARSAT.
Finalmente esas inversiones no se hicieron y hoy el país, de ser uno de los más avanzados del mundo en la materia, pasó a estar al margen de los nuevos adelantos.
Las redes instaladas hace casi 20 años no se modernizaron porque las inversiones de las empresas en antenas y células no se permitieron lo que, combinado con el uso de teléfonos más sofisticados, hace que las conversaciones y trasmisiones de datos se haga muy dificultosa.
Las llamadas se cortan o se escuchan mal, los datos llegan con un enorme atraso y todo aquellos que nos asombra por su funcionamiento cuando viajamos aquí no anda.

Lo peor del caso es que el ejemplo constituye una síntesis en pequeño de lo que en otros momentos ha ocurrido con el país entero.
En efecto, la Argentina, como consecuencia de abrazar los experimentos del colectivismo, pasó de ser un país desarrollado y con un alto ingreso per cápita para los cánones del mundo de principios de siglo XX a un país subdesarrollado con notables carencias sociales y privaciones de todo tipo hoy, después de 60 años ininterrumpidos de populismo socialista.

Resulta francamente llamativo cómo después de tener a la mano tantos casos que entregan ejemplos de fracasos estrepitosos del intervencionismo estatal, el país sigue obcecadamente tratando de demostrar su eficacia al precio de una enorme pérdida de oportunidades, trabajo, riqueza y confort.

Las nuevas regulaciones para la telefonía celular profundizarán los problemas crecientes que el sector viene demostrando últimamente en la prestación del servicio.
La antigüedad tecnológica se acentuará, la competencia disminuirá, con lo que los clientes se perjudicarán con precios más altos por equipos y tecnología proporcionablemente más atrasada, y un nuevo campo de negocios quedará cerrado para que la inventiva individual pueda desarrollar en él su capacidad de innovación y de superación.

Es tan simple verificar las consecuencias de estas decisiones desastrosas cómo recordar hasta cuando los teléfonos celulares anduvieron más o menos bien en la Argentina.
Esa memoria nos lleva hasta el año 2009 en donde al mismo tiempo se congelaron los planes de inversión en redes 4G por disposición gubernamental, cuando se aprobaron los nuevos impuestos para el sector y se armó la inexplicable estructura "productiva" del sur.
Ese fue el comienzo del fin que hoy comienza a formalizarse definitivamente en el nuevo decreto.

La Argentina está a punto de probar por enésima vez cómo el berretín socialista es tan poderoso como para arruinar una industria que funcionaba y que puso más de 40 millones de teléfonos, prácticamente en las manos de todos, en menos de dos décadas.

Como antes destruyó la energía, la carne, el trigo, el gas, los teléfonos fijos, los ferrocarriles, el comercio exterior, el dólar, el pan, ahora va por los teléfonos celulares, en otro intento para terminar de demostrar definitivamente que nada que invente el ingenio humano es tan poderoso como para resistirse a la impronta destructiva del estatismo.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de Carlos Mira 
(Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre) por gentileza de la Fundación Atlas 1853.