El fiscal Jorge Di Lello se opuso a que el Estado les pague a los nuevos dueños de la ex Ciccone hasta que no se identifique quiénes son los accionistas que recibirán la indemnización.
La idea es que no se oculten detrás de una cadena de sociedades, como hasta ahora.
La ex-Ciccone Calcográfica, devenida en la Compañía de Valores Sudamericana
(CVS) tras la llegada del misterioso fondo The Old Fund ya pasó a manos del
Estado, pero en la Justicia aún intentan determinar quiénes son los
accionistas.
Es por ello que ayer, Jorge Di Lello, el fiscal de la causa en la que se
investiga al vicepresidente, Amado Boudou, por presunto tráfico de influencias,
le pidió al juez Ariel Lijo que libre un oficio a la Casa Rosada y otro al juez
comercial del caso, Javier Cosentino, para evitar que los sospechosos anónimos
cobren tras la estatización de la compañía sin que antes den a conocer sus
nombres reales, según publica 'Clarín'.
El fiscal quiere que Cosentino no autorice “ningún pago” a los acreedores
que tenía la ex-Ciccone hasta que no se identifique a “las diferentes personas
físicas que finalmente sean titulares de las acreencias, independientemente de
las cadenas de personas jurídicas que sucesivamente pudieran aparecer en la
sociedad beneficiaria”.
También pidió a la Casa Rosada que le ordene al organismo que se encargará
de la expropiación de la calcográfica que tome “los mismos recaudos” que le
solicitó a Cosentino.
El director de The Old Fund es Alejandro Paul Vandenbroele, exfamiliar
político de José María Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou: consta en la
Justicia que además pagó las expensas, el servicio de cable y el teléfono fijo
de un departamento que el Vicepresidente tiene en Puerto Madero.
Boudou, siendo ministro de Economía, le pidió a la AFIP que le diera a The
Old Fund una moratoria excepcional para que la ex-Ciccone pueda pagar su
multimillonaria deuda con el fisco.
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