El Gobierno impulsaría jury contra los jueces.
El encargado de lanzar la advertencia fue el senador del Frente para la Victoria: Marcelo Fuentes,
quien apuntó contra los magistrados de la Cámara Civil y Comercial que extendieron la cautelar al Grupo Clarín.
Es obvio que las instrucciones sobre la verborragia provienen de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien mucho se ha equivocado en la conducción política de un asunto que, aparentemente, para ella define el rumbo de su gestión.
Intentando condicionar al Poder Judicial, el Frente para la Victoria se sigue equivocando porque el patoterismo no solo cuenta ya con un documento conjunto en contra que firmaron organizaciones de magistrados sino que esta Administración ya no asusta como antes.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El senador nacional
Marcelo Jorge Fuentes (Neuquén-Frente para la Victoria) cumple
el mandato 10/12/2007 a 09/12/2013. O sea que el año próximo tendrá que
renovar o buscarse otro cargo.
Abogado recibido en la Facultad Nacional de La Plata, a los 64 años, él
considera que tiene todavía posibilidades de mantenerse en actividad.
Con el kirchnerismo siempre tuvo trabajo.
Entre 2003 y 2007 fue subsecretario de Relaciones Institucionales,
con rango de embajador (artículo 5to.), en el Ministerio de Relaciones
Exteriores Comercio Internacional y Culto.
Luego, senador nacional.
Con orgullo, él recuerda que en 1971 fue secretario
general de la Agrupación Federación Universitaria de la Revolución
Nacional (FURN), Facultad de Derecho, Universidad Nacional de La
Plata.
Y al año siguiente fue el secretario de Prensa de la organización.
Diferente evaluación hace de su paso por la Escuela Superior de
Policía de la Provincia de Neuquén, donde él fue profesor de
Introducción al Derecho, Derecho Procesal y Penal y Derecho
Constitucional.
Sin embargo, su conocimiento relativo de una organización policial podría
explicar que sea presidente de la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (en la que su
tarea ha sido más bien nula o invisible o inexistente).
Las clases a cadetes de la institución uniformada fundamentan su
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado,
donde el tema es si puede o no impulsar la reforma
constitucional.
Su desempeño en la burocracia estatal neuquina justificaría que
represente al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación,
donde el mandato es disciplinar a los magistrados.
Fuentes alcanzó notoriedad por un exabrupto: el 18/10,
cuando se presentó en la Cámara baja el proyecto de 'per saltum',
mecanismo por el cual la Corte Suprema puede intervenir en una causa soslayando
las instancias anteriores, él dijo:
"Si esto es presionar a la Justicia,
bienvenida la presión a la Justicia"
El sábado 08/12 volvió a las andadas.
El senador Fuentes señaló que el oficialismo "podría perfectamente"
enjuiciar a los magistrados de la Sala I de la Cámara Civil y
Comercial.
En declaraciones a Radio El Mundo, el senador aclaró, para no ser tan
grosero, que no sería por la resolución tomada el jueves 06/12 por esos jueces
de extender una medida cautelar sobre aplicación de la Ley de Servicios
Audiovisuales de Comunicación respecto de Grupo Clarín,
"sino por las reglas y maneras del debido proceso que se han vulnerado, como el
no apartamiento de algunos de los magistrados cuestionados por una de las
partes".
Fuentes lanzó la advertencia mientras el Ejecutivo Nacional espera que la
Corte Suprema de Justicia resuelva si hace lugar al recurso de per
saltum que presentó el viernes 07/12 para que declare nula la resolución de
la Cámara Civil y Comercial que prolongó la cautelar a Clarín.
La cautelar exime al multimedios de la obligación de desprenderse de
licencias de radio y televisión para adecuarse a la ley hasta tanto haya
"sentencia definitiva" sobre la demanda de fondo.
"Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias
eso genera un conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación
por juicio político. Es equivalente a que la Presidenta pretenda juzgar por
decreto", reiteró.
Fuentes renovó sus críticas a los magistrados al señalar que "la
totalidad de esa Cámara ha sido denunciada penalmente por el Gobierno de la
Nación por el sistema irregular de rotaciones de jueces semanales, entonces no
hay posibilidades de imparcialidad".
Fuentes reiteró que la medida cautelar del Grupo Clarín contra el artículo
161 de la llamada 'Ley de Medios', referido al plazo de desinversión,
"está siendo paralizada por la acción corporativa, una alianza, entre
sectores conservadores de la Justicia y un grupo de poder fáctico en la
Argentina".
"Si denuncio irregularidades de un poder, que como consecuencia de mí
denuncia ese poder corrige las irregularidades, si eso es presión, bienvenida la
presión. ¿O hay vacas sagradas ahora?", planteó.
Por otra parte, el senador se refirió a los plazos para la resolución de la
causa y explicó que "cuando la Corte habla de la brevedad, estamos hablando
de los plazos de 40 días del Código de Procedimiento".
"Si la cautelar se demora en el tiempo, evidentemente estamos en la
situación que prevé la Ley de Reforma del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la gravedad institucional, que es la prolongación de la cautelar en
el tiempo con graves efectos, que justifica la aplicación del per saltum",
detalló.
A su vez, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, ex
presidente de la Cámara baja, intentó condicionar a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación: "La Corte Suprema tiene la oportunidad y obligación de
devolver credibilidad a la Justicia".
Fellner consideró que el máximo tribunal tiene "la obligación de
reparar los desaguisados de los jueces inferiores que intervinieron en las
medidas cautelares que impidieron la aplicación de una ley sancionada por el
Congreso" hace más de 3 años.
En un comunicado, Fellner afirmó: "Como presidente de la Cámara de
Diputados de la Nación, fui participe directo no sólo de la legalidad sino de la
legitimidad que tuvo el trámite de sanción de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual por voluntad de las mayorías".
"Con el fallo se pretende legislar en sentido negativo una norma
aprobada en el marco de la democracia. Si los jueces pretenden gobernar o
legislar a través de sus sentencias eso genera un conflicto de poderes",
sostuvo Fellner y recordó que "la totalidad de la Cámara ha sido denunciada
penalmente por el Gobierno por el sistema irregular de rotaciones, entonces no
hay posibilidades de imparcialidad".
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