El riesgo de coquetear con un nuevo default

Editorial I - La Nación

Es probable que para el gobierno kirchnerista la única solución aceptable pase por la rendición incondicional de los llamados "fondos buitre"
 
La Argentina podría acercarse a un nuevo default en su deuda soberana.
No sería la primera vez que ello ocurriría: nuestro país ya pasó por esa situación en los años 1828, 1890, 1982, 1989 y 2001.
También en la era kirchnerista, en 2007, cuando impuso un default selectivo a los tenedores de deuda indexada por el aumento del costo de vida, a partir de la falsificación de las estadísticas del Indec.
De verificarse un nuevo incumplimiento soberano en 2013, la Argentina ostentaría el extrañísimo récord de generar por tercera vez una situación de impago en tan sólo 12 años, sin haber sufrido una guerra o una catástrofe natural.

Los países utilizan la reestructuración o moratoria de sus deudas como último recurso de la política económica.
Lo hacen cuando los costos que produce continuar sirviendo sus obligaciones en los términos contractuales acordados es inviable.
Ello puede ocurrir porque han perdido el acceso al financiamiento o bien porque el costo social de generar los recursos fiscales suficientes para mantener la deuda al corriente provoca un impacto negativo de corto plazo de tal magnitud que supera a los beneficios de largo plazo de mantener un historial crediticio sano.

En este caso, un probable default de la Argentina se podría generar si nuestro país recibiera un fallo adverso de la justicia norteamericana en relación con la causa que llevan adelante los bonistas que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Si la Argentina no aceptara el cumplimiento de dicha sentencia, podría verse entonces impedida de hacer llegar los fondos correspondientes a los pagos de los bonos emitidos bajo ley de Nueva York en los canjes mencionados más arriba.

Al analizar las soluciones posibles a este conflicto, debe tenerse en cuenta que los bonos en situación de default no incluyen cláusulas que permitan a nuestro país modificar el monto adeudado a los tenedores de dichos activos.
Eso dificulta encontrar un punto de acuerdo entre nuestras autoridades, que pretenden imponer la misma quita que al resto de los bonistas, y quienes litigan, que consideran que nuestro país debería reconocerles el capital original adeudado más los intereses contractuales devengados desde la fecha de emisión de dichos bonos.
Ese punto de vista de los acreedores ha sido respaldado hasta ahora por los fallos de primera y segunda instancia de la justicia de los Estados Unidos, aunque se ha abierto ahora la posibilidad de que nuestro país pueda presentar un plan de pagos, con fecha límite el 29 de marzo, para diferir en el tiempo el monto a ser pagado a dichos tenedores de bonos.

Sin embargo, ese intento de acercar a las partes por parte de la justicia norteamericana podría caer en el vacío si nuestras autoridades deciden limitar únicamente el menú de opciones a la reapertura del canje de 2010, que ya fuera rechazado por los holdouts y que, además, viola la interpretación de la igualdad en el trato a los acreedores (pari passu) que hasta ahora ha adoptado la justicia neoyorquina. Suponer que la Argentina puede revertir los sucesivos fallos de primera y segunda instancia presentando una reapertura del canje en las condiciones de 2010 es de una inocencia difícil de comprender.

Todo parece indicar, no obstante, que las autoridades han elegido ese camino.
Así al menos lo dio a entender la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Explicó allí que en las quiebras de empresas la aceptación de las condiciones de pagos por parte de los dos tercios de los acreedores es suficiente para imponer ese trato al resto de los tenedores de deuda. Esto es absolutamente cierto en la legislación argentina.
Pero no es aplicable a una reestructuración soberana en la que el país se sometió a la legislación de Nueva York.
También en este caso, como en tantos otros, la Presidenta volvió a confundir el concepto de legalidad con el de legitimidad, definida esta última por los deseos únicos y cambiantes del caudillo de turno, en este caso ella.

El menú que se le abre a la Argentina para presentar el 29 de marzo es infinito.
Y esa propuesta, trabajada con inteligencia e imaginación, podría resolver la cuadratura del círculo: atender la capacidad de pago de la Nación, ofrecer una propuesta que les permita a los holdouts finalizar este juicio interminable, y permitirle a la justicia norteamericana homologar un trato consistente con la legislación vigente en los Estados Unidos.

Pero es probable que dicha salida pragmática no sea aprovechada.
Si aquélla fuera la forma de funcionar del Gobierno, la inflación sería inferior al 10%, el Indec no falsificaría las cifras, los marcos regulatorios de los servicios públicos mostrarían cierta racionalidad, la política exterior no sería un desquicio y los trenes no serían peores que los de algunos de los países más pobres de África.

Es probable que para el Gobierno, la única solución aceptable pase por la rendición incondicional de los llamados "fondos buitre", en una reedición contemporánea del "..si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla", del general Galtieri.
Comprender que los bonistas no se rendirán simplemente porque el gobierno argentino lo desee, y admitir que los costos de un default sobre el crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso serían enormes, ayudaría tal vez a que el enfoque del Gobierno adquiriese cierto profesionalismo.

El principal impedimento para zanjar el conflicto con los holdouts es que el Gobierno prioriza la batalla mediática con los acreedores en lugar de canalizar su energía hacia la búsqueda de una solución técnica.

Es altísimamente improbable que el gobierno kirchnerista vuelva a emitir bonos bajo legislación extranjera, ya sea de Nueva York o Londres.
Significaría ello recaer en la misma trampa legal que crea hoy una disociación, en la visión del Gobierno, del punto de encuentro entre una solución legal y una legítima a la cuestión de la deuda. Y para los acreedores, aceptar someterse a la ley argentina presentaría riesgos incalculables, dado el elevado nivel de politización de la cuestión de la deuda en nuestro país.

Más allá de esos tecnicismos, los costos económicos de un default serían enormes.
Lo que no está claro es que ese costo supere la tentación populista por el conflicto.
Especialmente cuando un gobierno populista se encuentra enfrente con dos estereotipos muy fáciles de clasificar para la simpleza de sus mentes: financistas y extranjeros.

Una combinación muy tentadora para tener enfrente y, eventualmente, hacer responsable de una nueva crisis y una renovada frustración para la Argentina.