La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, no autorizó al fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, para viajar a Estados Unidos y exponer ante el Congreso el dictamen en el que acusó a Irán de perpetrar ese atentado en Argentina.
Nisman sostiene que Irán se infiltró en distintos países de la región mediante la instalación de centros de inteligencia.
La legisladora republicana de Estados Unidos, Ileana Ross Lehtinen, quien fue una de las impulsoras de la invitación a Nisman, había destacado el dictamen de 500 páginas que contiene el análisis del caso.
La explosión de la mutual de la comunidad judía el 18 de julio de 1994 causó la muerte de 85 personas y alrededor de 300 heridos.
En la investigación, el 25 de octubre de 2006, los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos formalmente acusaron el gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo.
Para los fiscales, Argentina fue elegida como blanco del ataque, tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.
Posteriormente, el juez Canicoba Corral ordenó la captura de los siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah acusados por la fiscalía, pero sin embargo la causa ha estado detenida desde hace siete años.
“Felicitamos y alentamos al fiscal Nisman a que siga valientemente con su tarea”,
dijo Ross Lehtinen.
La investigación motivó que Nisman fuera invitado a una audiencia especial que se celebrará el próximo martes, a las 14, ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
En tanto, la prohibición de Gils Carbó fue confirmada por la Agencia Judía de Noticias, pero sin que se conocieran los argumentos por los cuales Nisman no podrá exponer ante el Comité presidido por Jeff Duncan e integrado por legisladores demócratas y republicanos.
Según las pruebas que recogió Nisman, Irán infiltró agentes de inteligencia en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam, denominadas en los legajos judiciales “estaciones de espionaje” que operarían en esos países bajo órdenes del gobierno iraní, destacó la agencia.
Fuente:http://www.cadena3.com/
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