“Mañana me matan o empezamos a hacer las cosas bien”.
Con esa frase, el 3 de junio de 1975 -al día siguiente de haberse hecho cargo del Ministerio de Economía- anunciaba Celestino Rodrigo su plan económico.
Ese día, el peso se devaluó algo más del 150 por ciento...
Aumentaron, en promedio, un 100 por ciento las tarifas de los servicios públicos y un 180 por ciento el precio de los combustibles.
Los pasajes de Aerolíneas Argentinas se incrementaron en un 100 por ciento, y muchos pasajeros quedaron varados en los aeropuertos porque se pretendía cobrarles la diferencia por boletos que ya habían pagado. ¿Qué había sucedido?
El “pacto social” que ya no era
La crisis revolucionaria generada por el Cordobazo (1969) obligó a los mismos intereses sociales que habían derrocado a Perón en 1955 a traerlo de regreso al país en 1972, y al gobierno en 1973...
Es decir, debieron acudir al único político burgués con suficiente autoridad sobre las masas para sacar las papas de semejante fuego.
La política del gobierno peronista que asumió, a los tumbos, en 1973, se sustentó en el llamado “pacto social”; básicamente, consistía en el congelamiento de precios y salarios durante dos años.
Fue firmado por la CGT y la mayor parte de las entidades empresarias.
En 1975, ese esquema se había derrumbado.
Muerto Perón (1º de julio de 1974), con Alfredo Gómez Morales al frente de Economía, la inflación llegaba, en mayo de ese año, al 10 por ciento mensual.
En esos días debían reunirse las paritarias, transformadas en aquellas circunstancias en otro factor de crisis. La pulseada que se avecinaba iba a medir el alcance de la derrota sufrida por la huelga metalúrgica de Villa Constitución, reprimida por los “grupos de tareas” de las patotas de la burocracia sindical, l
a Policía Federal y el Ejército.
El gobierno “popular” había militarizado el Paraná, desde Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Lorenzo, en Santa Fe.
Las paritarias, factor de crisis
Al comenzar junio, renunció Gómez Morales y asumió Rodrigo.
En esos días, el secretario de Estado de los Estados Unidos, William Rogers, había destacado “los logros alcanzados por el gobierno argentino” (Política Obrera Nº 231; 2/6/1975).
La política de Gómez Morales había encontrado obstáculos insalvables.
En primer lugar, la camarilla derechista, conducida por José López Rega, se oponía al recorte de gastos públicos, de los cuales dependía, ordenado por Gómez Morales.
También se le oponía la burocracia sindical, porque el mísero 25 por ciento de aumento salarial que se había dispuesto no le servía para contener la ebullición fabril.
Además, Gómez Morales había recortado drásticamente la participación de los burócratas en el negociado de las obras públicas.
Por último, también se oponían franjas importantes de la burguesía, como las automotrices, que todavía no dependían de la exportación.
Cuando Rodrigo asumió, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo tocaba el 210 por ciento. Esto es: el sistema monetario se había astillado al punto que la moneda nacional amenazaba con saltar en pedazos, por lo cual el dólar se transformaba en refugio natural, en referencia dineraria obligatoria.
Por tanto, la inflación galopante prometía degenerar en hiperinflación...
Es decir, en la lisa y llana desaparición de la moneda.
“Gómez Morales representó la política ‘ordenada’ de la burguesía para tiempos de crisis -señalaba PO. Rodrigo representa la política irresponsable de la camarilla derechista hambrienta, que vive de la prebenda y de los dineros públicos” (ídem).
Se trataba de una situación de equilibrio inestable:
“La burguesía no podía derrotar al proletariado, que presentaba un sinnúmero de frentes de lucha.
El proletariado no podía derrotar a la burguesía debido a su incipiente reagrupamiento sindical y político independiente” (ídem).
La respuesta obrera
El jueves 12 de junio, 80 mil huelguistas en Córdoba exigieron el 100 por ciento de aumento en las paritarias, en rechazo terminante al tope del 45 por ciento dictado por el gobierno.
El martes 17, los 10 mil obreros de la Ford abandonaron la planta y marcharon por la Panamericana hacia la Capital.
Otros 10 mil de los astilleros de Ensenada reclamaron un incremento salarial del 150 por ciento.
En Santa Fe, tomaron las rutas trabajadores de Fiat Sauce Viejo, Tool Research, Bahco, Grossi y decenas más.
Astarsa, General Motors, Peugeot, Chrysler, Editorial Abril, Hidrófila, Ferrania, Del Carlo, Santini, Deca-Deutz, Scholnik, Indiel y otras grandes plantas fabriles se declararon en asamblea permanente.
Propulsora, en La Plata, exigió en asamblea un 150 por ciento de aumento.
En Mendoza, se manifestaron masivamente metalúrgicos y empleados de comercio.
Entretanto, las usinas de rumores hablaban de la posibilidad de que el gobierno suspendiera las paritarias y dispusiera por decreto el aumento del 45 por ciento.
En esos días hubo aumentos del 130 por ciento en los precios del acero, del 100 por ciento en el del ganado en pie, casi del 200 por ciento en el trigo y del 100 por ciento en los pasajes ferroviarios.
López Rega, como si se burlara, anunciaba en medio de ese caos un aumento en las jubilaciones y los salarios familiares… del 18 por ciento.
La CGT anunció que firmaría los convenios antes del 19.
Rogelio Papagno, secretario general de la UOCRA, declaró que “sería utópico pedir lo que el país no puede dar”.
Enseguida, firmó por el 45 por ciento.
José Rodríguez, del Smata, se negó a recibir a los obreros movilizados de la Ford, la UOM de Pompeya hizo lo propio con una movilización de Tamet y la intervención del Smata Córdoba no pudo parar la huelga del 12, aunque había hecho lo posible en ese sentido.
El estallido
A todo esto, las coordinadoras inter fabriles, anteriores al Rodrigazo, se multiplicaron en junio de 1975 para responder a ese ataque a fondo del gobierno peronista.
El 26 de junio no había transportes en la Capital Federal ni en Rosario.
También paró Subterráneos de Buenos Aires.
En el conurbano bonaerense, la huelga general era un hecho.
En esa situación, la CGT echó mano a un recurso riesgoso:
Convocó a un paro con movilización entre las 10 y las 14 horas del 27 de junio.
Los trabajadores tomaron la convocatoria y la volvieron contra el gobierno, aunque ya se verían los límites de esa tendencia.
Al día siguiente, 28 de junio, el gobierno dictó el decreto 1783/75 que declaraba nulas las paritarias.
Lo firmaron todos los ministros salvo el de Trabajo, Ricardo Otero -hombre de Lorenzo Miguel- quien de inmediato renunció.
Terminaba una fase y empezaba otra, de proporciones históricas.
Estalló entonces, en los hechos, una huelga general organizada y convocada por los organismos de base del movimiento obrero.
El cordón industrial del Gran Buenos Aires, La Plata y sus alrededores, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, estaban en paro y con los trabajadores movilizados, con las grandes fábricas a la cabeza.
El 30 de junio, los manifestantes rodearon el edificio de la CGT, en la calle Azopardo.
La central obrera y las 62 Organizaciones convocaron a “mantener la calma”, a no “prestarse a maniobras confusionistas” y a “no perturbar las negociaciones”.
Nadie les hizo caso y la huelga prosiguió.
Sólo el 7 y el 8 de julio la CGT convocó a una huelga general por 48 horas, la primera contra un gobierno peronista, cuando en verdad la huelga ya era un hecho desde hacía por lo menos una semana.
El 8 de julio, el gobierno cedió, aparentemente, en toda la línea.
Se homologaron los convenios con aumentos superiores al 100 por ciento.
La huelga se levantó, aunque el conflicto ya había superado con largueza sus objetivos iniciales y proclamaba consignas abiertamente políticas.
Los ministros más derechistas renunciaron el 11 de julio, y López Rega marchó al exilio.
Esa huelga y sus resultados indican hasta qué punto las direcciones burocráticas estaban sobrepasadas.
Las coordinadoras interfabriles impulsaron la lucha en contra de las direcciones tradicionales.
Después de aquella huelga, sin embargo, la organización de las coordinadoras retrocedió.
Esto es:
Las organizaciones obreras de base no lograron dar un salto político.
Tanto la izquierda peronista como la socialista descartaron que fuera posible un golpe militar, luego del fracaso del Rodrigazo, ignorando que se ha había creado una fenomenal desorganización económica y que el aparato militar se había reorganizado en la crisis.
Política Obrera sacó una conclusión ácida: dijo entonces que “sólo un reformista redomado puede decir que estamos ante una victoria”.
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